El Parlamento Europeo ataca los planes del BCE de obligar a provisionar créditos morosos

El Parlamento Europeo ha propinado un serio varapalo a los planes del Banco Central Europeo para hacer que los bancos se deshagan de sus créditos morosos. El servicio legal de la cámara comunitaria sostiene en una opinión no vinculante que el supervisor bancario está sobrepasando su mandato al obligar a todas las entidades a provisionar o vender estas carteras de créditos impagados. A juicio del legislador, esta exigencia representa de facto una subida de los niveles de capital requeridos, una competencia que en realidad solo corresponde a los legisladores y no a una entidad supervisora como el eurobanco.

Esta opinión cuestiona que la iniciativa se pueda poner en marcha el año que viene, tal y como el BCE tenía planeado. El pasado 4 de octubre, el banco central publicó un borrador en el que a partir de enero del año que viene se daba a las entidades un plazo de siete años para provisionar los créditos morosos respaldados por activos y un periodo de dos años para dotar aquellos préstamos en mora que no disponen de una garantía real. Al final de esos plazos, estos créditos improductivos debían estar provisionados por completo. Para no consumir capital al provisionar, las entidades tienen que vender esos créditos a un precio al menos igual al que tenían ya provisionado. La idea de ese calendario consiste en evitar una acumulación de créditos impagados que limite la capacidad de los bancos para dar crédito y, por tanto, impulsar el crecimiento económico.

Según se manifiesta en la opinión, el BCE puede imponer provisiones a los bancos siempre que lo haga a entidades concretas y de manera no automática. Sin embargo, en esta guía se exige indiscriminadamente a todos los bancos. Y esa aplicación general es lo que supone un problema para el Parlamento Europeo. Hasta el punto de que socava su competencia como legislador. Su presidente, Antonio Tajani, ya remitió una carta al BCE expresando esta preocupación. En ella decía que el supervisor bancario iba "más allá del marco regulatorio existente".

En octubre de este año, la Comisión Europea también tomó cartas en el asunto. El Ejecutivo comunitario anunció que pretende atajar el problema de los créditos dudosos con un nuevo paquete de medidas que presentará dentro de sus planes para completar la unión bancaria.

Este asunto representa un problema especialmente acuciante en Italia, donde las entidades todavía arrastran en sus libros importantes cantidades de créditos tóxicos. Una colocación demasiado rápida de esas carteras podría hacer que se malvendiesen, ocasionando un agujero considerable en las cuentas de la banca transalpina. De hecho, las autoridades italianas se han manifestado en público en contra de esta imposición del BCE. 

Según fuentes financieras consultadas, España ya cuenta con una regulación que obliga a provisionar según el llamado anejo 9 del Banco de España. De ahí que las entidades españolas estén más preparadas que las de otros países. "Habrá que adaptarla, pero el impacto será limitado a nivel agregado, aunque siempre puede entrañar algún problema para alguna concreta", explican.

El BCE tiene esta guía sometida todavía a un periodo de consultas que se cierra el 8 de diciembre. En este contexto, el Parlamento Europeo trata de delimitar el terreno al banco central justo el día antes de que la jefa de mecanismo único de supervisión, Danièle Nouy, comparezca ante el comité de asuntos económicos de la Eurocámara.