Un futuro a expensas del desafío soberanista

La economía española ya había entrado en fase de ralentización antes del choque de confianza provocado por el desafío soberanista. Así lo confirman los datos de comercio exterior y de demanda interna para el periodo inmediatamente anterior al estallido del conflicto.

Durante el tercer trimestre, las exportaciones de bienes siguieron creciendo a un ritmo intenso, impulsadas por la recuperación de la zona euro. Sin embargo, el turismo mostró síntomas de agotamiento. Por otra parte, las importaciones se aceleraron, tanto en euros como en volumen. El encarecimiento del petróleo explica solo en parte este resultado. También contribuye la recuperación tendencial de las compras al exterior, sobre todo de bienes de equipo. Con todo, se espera una menor aportación del sector exterior al crecimiento.

Asimismo, la demanda nacional ha dado nuevas señales de debilitamiento. Durante el tercer trimestre, las ventas de grandes empresas realizadas en el mercado español se incrementaron medio punto menos que en el trimestre anterior. La tendencia es algo más acusada para los bienes de equipo que para el consumo. Pero destaca el frenazo en las ventas de vehículos de turismo.

Lo que pase de ahora en adelante depende en buena medida de la persistencia del choque de confianza generado por el conflicto en Cataluña. Los mercados empiezan a mostrar su preocupación. La última colocación de títulos del Tesoro se ha realizado a tipos de interés más elevados, lo que conlleva un encarecimiento del coste de la deuda. La prima de riesgo, que durante la semana pasada había recuperado los niveles anteriores al 1-O, ha vuelto a repuntar. Poco a poco se acorta la distancia con Italia, país sin embargo más endeudado, con unos bancos plagados de créditos irrecuperables y un crecimiento anémico. Mientras que a principios de año el Tesoro español se endeudaba a tipos de interés inferiores en siete décimas a los de Italia, el diferencial se ha reducido en la mitad.

Las tensiones en los mercados financieros empiezan a pasar factura en la economía catalana, más allá del impacto que pueda causar la fuga de sedes empresariales. Importantes proyectos de inversión en esa comunidad se han paralizado, y las empresas han endurecido las facilidades de pago.

Lo más urgente es alejar el riesgo de doble legalidad. Las entidades financieras lo han conseguido, gracias al desplazamiento de su sede. Pero las iniciativas empresariales no son suficientes. Para invertir, crear empleo y financiar la actividad, los actores de la economía necesitan un horizonte de previsión despejado de dudas sobre el marco jurídico en el que operan.

Una acción en este sentido también ayudaría a mantener las condiciones favorables para la financiación de los dese­quilibrios en las cuentas públicas. Estos últimos años, el Estado ha colocado títulos de deuda por cuenta de las administraciones autonómicas —mediante el Fondo de Liquidez Autonómica—. Así pues, el FLA ha asumido cerca del 70% del total de la deuda de Cataluña, a un coste reducido que se incrementaría significativamente en caso de doble legalidad.

Si se restableciera la seguridad jurídica, el crecimiento solo sufriría una desaceleración, teniendo en cuenta que los pilares de la expansión se mantienen. Las empresas disfrutan de condiciones financieras favorables y sus balances están saneados. El aumento del empleo, aunque en senda descendente, sustenta la renta de los hogares y el consumo, lo que genera más actividad. Esto es posible porque las empresas españolas han diversificado su producción de bienes y servicios, en línea con las preferencias de los consumidores. Un aumento razonable de los salarios, así como un acuerdo en torno a una nueva estrategia de Presupuestos Generales del Estado, apuntalarían ese círculo virtuoso.

El crecimiento se enfrenta al abismo de un conflicto prolongado de soberanía. Pero, de encauzarse el conflicto, la economía podría sorprender.

Raymond Torres es director de Coyuntura de Funcas. En Twitter: @RaymondTorres_