La rebelión de la empresa catalana

Empezó Oryzon. Continuaron los bancos (CaixaBank y Sabadell), lo que abrió del todo la espita del desagüe por el que siguieron las empresas de la órbita de La Caixa (Gas Natural, Agbar, Abertis, Cellnex, SegurCaixa Adeslas y el holding Criteria) y la propia Fundación La Caixa. Luego Catalana de Occidente, Colonial, Planeta, Idilia Foods (antes Nutrexpa, fabricante de Coca-cao), San Miguel, Bimbo, AXA, Applus, Torraspapel... Otras han anunciado que lo estudian: Freixenet, Codorniu, Grifols... La lista llega a la cincuentena, a las que hay que añadir muchas pymes que ya han pasado por la notaría y el registro.

El éxodo, facilitado por el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros, tiene una explicación lógica: la inseguridad jurídica que supone la independencia. Pero, en el caso de los bancos se añade la retirada masiva de sus depositantes dentro y fuera de Cataluña y la privación del paraguas BCE. Para el resto de empresas, la preocupación radica en quedarse en un terreno desregulado y en la pérdida de clientes.

Una parte de las firmas exiliadas ha anunciado que el traslado es temporal; pero la experiencia de otras latitudes indica que el viaje no suele ser de ida y vuelta. Otra parte está expectante de la respuesta al ultimátum de Rajoy que dé Puigdemont, que, al igual que sus correligionarios, quedó descolocado porque nunca pensó que se iba a producir una desbandada de este calibre y menos que la iba a encabezar La Caixa, que en Cataluña es algo más que un banco. Creían que las advertencias previas al referéndum no pasaban de eso. Pero se encontraron con que eran de verdad. Es posible que, por ello, el molt honorable president se escurriera en un discurso ambiguo y vacilante para aliviar algo las tensiones, pero lo que hizo fue enredar más la madeja y que la CUP, a la que el impacto económico parece traerla sin ciudado, le acuse ahora de romper pactos.

Este éxodo de empresas ha obligado a la patronal CEOE a mojarse sin equidistancias

El caso es que la huida de empresas ha supuesto un mazazo inesperado en el proceso separatista. Ahora también está en la picota el multimillonario Congreso Mundial del Móvil que tanto dinero deja en Barcelona. Y cuando se toca la cartera son palabras mayores. Al tiempo, arreciaba el temporal desde el mundo económico y los organismos internacionales, como el FMI, alertaban del efecto que puede tener la crisis en Europa.

La diáspora ha obligado a la patronal CEOE a salir a la palestra y mojarse sin equidistancias, alarmada por el deterioro que puede sufrir Cataluña. Porque al cambio de sede se unen la caída de inversiones, la reducción de reservas turísticas y, lo que sería más peliagudo, la posible deslocalización de plantas productivas. Un panorama de incertidumbre que genera “la máxima preocupación” para la organización que preside el catalán Juan Rosell, que ha subrayado su respaldo a las medidas “que pueda adoptar” el Gobierno para la vuelta a la legalidad de la Generalitat. La patronal, que antes del referéndum ilegal reclamó diálogo sin éxito, hace un llamamiento directo a “la responsabilidad de los que se han apartado de la legalidad para que trabajen en una solución desde el respeto al marco constitucional”. Ahora las cosas tienen difícil predicción.

A la CEOE se le adelantó Cámaras de Comercio Europeas en España, una entidad que representa a 16 países y que dejó muy claro que las empresas que se instalaron en España no vinieron para vender solo en un territorio. Es decir, las que eligieron Cataluña lo hicieron por razones que suponían ventajas competitivas, pero con el periscopio puesto para todo el país y, en muchos casos, para toda la península, incluyendo Portugal, donde por cierto podría recalar más de una si la cosa va a peor. Los datos que manejan son contundentes: las empresas de estos países generan cerca de 800.000 empleos directos en España; las cerca de 7.900 filiales de empresas matrices alcanzaron en 2014 más de 296.000 millones de euros de cifra de negocios en España.

Las Cámaras europeas y de EE UU en España añaden más presión sobre Puigdemont

La presión de las cámaras europeas se suma a la de la Cámara de Comercio de EE UU en España, dirigida por el catalán Jaime Malet y que ya incidió en la intranquilidad de las multinacionales que representa, y al de la Cámara de España, desde la que su presidente, el también catalán José Luis Bonet, abandera a las empresas contra la secesión desde los primeros embates y, particularmente, como presidente de Freixenet, anunciado su intención de proponer a su consejo el abandono de domicilio. Bonet, muy vinculado a Cantabria por motivos familiares, podría plantear el traslado a esa comunidad.

Para rematar, el Colegio de Registradores, que por su función se encuentra muy involucrado, ratificó “su firme e irrenunciable compromiso de defensa de la legalidad vigente” para salir en defensa de los registradores y sus empleados.