Facilidades empresariales

La eurozona sigue convaleciente. Fortalecimiento institucional y políticas económicas adecuadas son las conclusiones que la Comisión Europea ha deducido como necesarias y simultáneas para que la Unión Monetaria (UME) siga funcionando. Las primeras tienen en la creación de un Fondo Monetario Europeo (FME) y un presupuesto específico de la eurozona, su principal referencia. En las segundas se hace hincapié en las reformas de los mercados de trabajo y de productos, con el fin de aumentar la capacidad de resistencia frente a futuras crisis y aumentar el crecimiento potencial de las economías. A este último respecto la Comisión destaca la conveniencia de no llevar a cabo de forma aislada reformas en el mercado laboral. Se aporta evidencia econométrica de los efectos favorables cuando las reformas de los mercados de trabajo y de bienes y servicios se abordan a la vez. Las consecuencias adversas a corto plazo derivadas de reformas aisladas y prioritarias en el mercado de trabajo se atenúan si coexisten con otras reformas, así como con el apoyo en actuaciones macroeconómicas que compensen sus efectos depresivos sobre la demanda.

No se ha hecho así en algunos casos. En realidad, cuando se hace referencia a reformas estructurales destinadas a mejorar la eficiencia de las economías, desde luego de la española, se piensa en el mercado de trabajo. Es un error. Y así lo viene a certificar ese informe. Son tan necesarias o más las que se concretan en los mercados de bienes y servicios, en las instituciones, etcétera. Además, cabría añadir, es necesario que los impulsos reformistas no sean discontinuos, sino que formen parte de una tensión permanente en todos los ámbitos que condicionan la actividad económica, que puedan llegar a obstaculizar el funcionamiento de las empresas, incluido su nacimiento.

Las reformas en los mercados de bienes y servicios e instituciones son tan o más necesarias que las laborales

En esta ocasión, la Comisión se incorpora a los numerosos analistas que utilizan los indicadores que aporta el informe Doing Business del Banco Mundial como base para facilitar la generación de ganancias de productividad. Es una de las áreas más importantes de reforma estructural, la que recae sobre las regulaciones y calidad de las Administraciones públicas, como determinantes del entorno empresarial. La evidencia de su influencia en la calidad del crecimiento existe desde hace años: un mejor entorno empresarial genera efectos favorables sobre la inversión privada, así como una mayor movilidad empresarial y eficiencia asignativa. Y ahora es considerado con razón un área de prioridad en la segunda fase hacia la profundización de la UEM.

Merece la pena, por tanto, detenerse en ese análisis de las facilidades empresariales aprovechando la reciente publicación del correspondiente a 2017-2018, en lugar del precedente que es el que maneja el informe de la Comisión y, además, el específico sobre España. No es la primera vez que se hace referencia en esta columna a la significación creciente que han cobrado esos informes en el análisis académico y profesional del potencial de las 190 economías escrutadas cada año, de su capacidad para regenerar el tejido empresarial y para atraer inversiones extranjeras directas. Evalúa la facilidad o dificultad para la gestión de una empresa pequeña o mediana, incluida su creación, cumpliendo todas las regulaciones de un país. Son 10 aspectos los considerados a ese respecto, desde las facilidades para la constitución de una empresa hasta la obtención de los permisos necesarios para obtener los suministros básicos, o para acometer proyectos de construcción, pasando por regulaciones de solvencia, fiscales, o la obtención de crédito.

El informe ha ido enriqueciéndose con más indicadores. Como la propia institución admite, tiene algunas limitaciones metodológicas, como son las derivadas de dejar fuera de su alcance aspectos relevantes como la proximidad a grandes mercados, la calidad de las infraestructuras de algunos servicios, la seguridad, la transparencia de las contrataciones públicas o las condiciones macroeconómicas, que otros informes como el del World Economic Forum incluyen. Los indicadores están referidos a empresas medianas, normalmente de propietarios individuales, de responsabilidad limitada, que operan en grandes ciudades.

Los progresos realizados en los últimos años por la mayoría de las economías no pueden ocultar las marcadas diferencias entre países dentro de la UE. Los mejores resultados siguen siendo los obtenidos por economías no pertenecientes a la moneda única: Dinamarca es el mejor calificado, tercero en la lista global, pero también destacan favorablemente Suecia o Reino Unido. Estonia, Finlandia, Letonia, Alemania e Irlanda son los mejores de la eurozona. España no queda muy bien, un año más. Y es difícil entenderlo porque las reformas consecuentes con los indicadores de ese registro son baratas, no incorporan grandes esfuerzos presupuestarios.

Adoptar la mayoría de las políticas que hacen más eficientes a otros países no supone un gran desembolso

En el de 2017, España está en la posición 32ª, desde la 33ª del año anterior, por debajo del promedio de la OCDE. La mejor ciudad que sale en la clasificación general es Logroño, seguida de Madrid; Barcelona es la 6ª. En el indicador correspondiente a la apertura de una empresa la posición de nuestro país es la 85º (requiere 7 procedimientos, se tarda de media 13 días, el coste es equivalente al 5% de la renta per capita y el capital mínimo necesario del 12,9%), un empeoramiento de seis posiciones respecto al año anterior. Madrid vuelve a aparecer en este indicador en segundo lugar, detrás de Sevilla, y Barcelona en la 9ª posición. Entre las diferentes categorías de indicadores, España lidera la clasificación global en materia de comercio transfronterizo y ocupa una posición aceptable en la resolución de insolvencias (18). Más bajas son las relativas al cumplimiento de contratos (29), protección de los inversores minoritarios (32) y pago de impuestos (37).

Complementario del anterior es el Global Competitiveness Índex (GCI), elaborado por el Word Economic Forum, al que también se refiere el FMI en su último informe sobre España. Se trata de una síntesis de 12 indicadores considerados expresivos de la capacidad competitiva de una economía: instituciones, infraestructuras, educación y formación profesional, eficiencia de los mercados de bienes y de trabajo, desarrollo financiero, adaptación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación empresarial e innovación. En su última edición, la de 2017, aparecemos en la posición 34ª, dos lugares por debajo de la del año pasado. Los mejores pilares son infraestructuras (12) y tamaño de mercado (17). En el listado de factores más problemáticos para la actividad empresarial, el indicador más comparable con el DB del BM, los resultados no son buenos. Burocracia, fiscalidad, ineficiencias en el mercado de trabajo, dificultades para innovar, nos diferencian adversamente. Los mejores resultados en esos 12 pilares los obtenemos en infraestructuras y en salud y educación primaria, tamaño de mercado y adaptación tecnológica. Este último contrasta con la posición que ocupa España en el DESI (Digital Economy and Society Index), que sintetiza los indicadores relevantes de adaptación y competitividad digital de los países de la UE. Con una puntuación de 50,5, frente a la media de la UE, de 49,4, pero por debajo de las economías nórdicas que también aquí lideran la clasificación.

La conclusión es obvia. Observar las buenas prácticas de las economías más eficientes y competitivas debería marcar la pauta para su adopción. En mayor medida, como es el caso en casi todas ellas, adaptarlas a nuestra economía apenas comporta esfuerzos presupuestarios significativos.