Bruselas lanza un plan para reducir el multimillonario fraude del IVA transfronterizo

La Comisión Europea tira de ambición para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. En el documento que hará público este miércoles, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Bruselas plantea, casi un cuarto de siglo después de la última reforma, un cambio de normas para combatir el fraude en el principal impuesto sobre el consumo (IVA) y taponar así el agujero por el que se escapan miles de millones de euros al año.

El gran cambio consiste en limitar la competencia fiscal desleal en el seno de la UE: “Actualmente el sistema de IVA está demasiado fragmentado en Europa y es demasiado propenso al fraude”. Bruselas quiere que cuando una empresa venda a otra dentro del continente, en las llamadas operaciones transfronterizas, el gravamen de IVA que se aplique sea el del país donde se encuentre el comprador, en lugar del tipo establecido en el del vendedor, como venía sucediendo hasta ahora. Eso quiere decir que si una sociedad exporta a una decena de países de la UE, puede darse el caso de que sus productos se graven con diez tipos de IVA diferentes.

La primera consecuencia de esta medida es que las compañías exportadoras perderán uno de los incentivos para establecer su sede en países con tipos de IVA reducidos, una práctica de la que se han beneficiado las principales plataformas de comercio electrónico. La reforma dificultará así la planificación tributaria de las grandes empresas y amenaza con aumentar la factura fiscal de multinacionales como Amazon, que opera desde Luxemburgo, uno de los países, junto a Malta, con una política tributaria más favorable.

Si la propuesta recibe el visto bueno de los socios europeos, el IVA seguirá pagándose a los países donde las empresas tienen su sede, pero los estados de destino de esos bienes y servicios deberán devolverle lo cobrado —el IVA soportado— en un continuo ir y venir de flujos de ingresos fiscales entre los Veintiocho. Ante la complejidad del nuevo sistema, Bruselas quiere que su implantación se realice de forma gradual, primero con el comercio de bienes, luego, si funciona, se aplicaría a los servicios.

Puesto que las exportaciones de un estado a otro de la Unión están exentas de IVA en las operaciones entre empresas, ahora es posible montar estructuras de ingeniería fiscal para evadir impuestos, lo que supone una importante merma de ingresos que Europa quiere detener en seco. “Los Estados miembros no deben aceptar estas escandalosas pérdidas”, clamó la semana pasada el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Uno de los principales fraudes, conocido como carrusel, se produce cuando una trama criminal vende desde una compañía ficticia de un estado a otra sociedad intermediaria situada en otro país. Esta operación está exenta de IVA. Así que esta última sociedad no solo no paga el impuesto, sino que reclama a la autoridad tributaria nacional la devolución, después de vender a otra empresa pantalla del grupo en el mismo país. Esta operación se puede repetir varias veces con los mismos productos en diferentes Estados.

Numerosas voces han exigido a la Comisión una mayor contundencia contra este tipo de fraude. El Parlamento Europeo ya reclamó meses atrás un nuevo sistema de IVA como el que ahora pone sobre la mesa Bruselas, basado en el principio de imposición en el país de destino final de los bienes y servicios. Y el pasado año el Tribunal de Cuentas de la UE alertó sobre el enorme agujero del IVA en un informe en el que reclamaba a Bruselas renovar unas normas que datan de 1993 y son consideradas obsoletas.

Tramas criminales

La reforma tendrá que ser aprobada de forma unánime por los Veintiocho, pero la Comisión confía en que sus previsiones sobre la mejora de la recaudación basten para vencer resistencias.

Las cifras que hablan de la importancia del impuesto para la sostenibilidad del Estado del Bienestar en Europa son abrumadoras. Los ingresos por IVA en la UE suponen en torno a un billón de euros al año, el 7% del PIB comunitario. También son llamativas las cantidades que dejaron de ingresar las arcas públicas por fraude en el IVA, un total de 151.000 millones en 2015. Según un estudio publicado la semana pasada por la Comisión Europea, España perdió ese año más de 2.500 millones por fraudes y errores en la recaudación de este impuesto.

En los últimos años, bandas criminales ligadas al narcotráfico o el terrorismo han utilizado este tipo de fraudes como un medio para financiar sus actividades. En España han utilizado el fraude carrusel para operar con combustibles o componentes informáticos.