El asunto catalán irrumpe en la renovación de la CNMC

El martes, la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados avaló la idoneidad de Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea para incorporarse a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como vocales. Se presupone que Ormaetxea ocupará el puesto de su compañera del PNV Idoia Zenarrutzabeitia, y Lorenzo a Fernando Torremocha, leal escudero del PP que se ha caracterizado durante los cuatro años que ha estado de consejero por emitir votos particulares en la mayor parte de las decisiones que tomaba la sala de Competencia de la que forma parte y que también acaba mandato.

El tercero que ha acabaco mandato en septiembre, al igual que los dos citados, es José María Guinart, que entró propuesto por CiU. Es muy posible, no obstante, que el sentido común, al que tanto ha apelado Mariano Rajoyal expresarse sobre el proceso catalán, haya imperado sobre otra consideración y que, por ese motivo, el relevo de Guinart se aplace sine die, e, incluso, si las aguas se calman que pueda extenderse su mandado dos años más. Mejor no tentar más la sensibilidad catalana en estos tiempos en los que se está jugando una partida de tanta transcendencia como la independencia de la comunidad, aunque a Guinart, cuyo papel ha sido muy bien valorado en la institución, se le considera próximo a la antigua Uniò y, por tanto, alejado de las tendencias secesionistas.

De hecho, el Consejo de Ministros del 15 de septiembre que aprobó el nombramiento de Lorenzo y Ormaetxea dejó fuera el tercer relevo, precisamente por eso. Por eso y porque el nombre del sustituto que se barajó, Ángel Chamorro (director de Transportes de la CNMC, responsabilidad que ya tenía al frente del regulador de Transportes que se integró en la CNMC), no convencía a ningún grupo e, incluso, a los propios del PP, que recalcan que los procedimientos de infracción que tiene abiertos España por no liberalizar Correos y el ferrocarril pesan sobre él. “Sería la antítesis de lo que tendría que ser”, en expresión de los responsables de Ciudadanos en la sesión en la que se aprobó la reincorporación de los dos despedidos.

Guinart entró en la comisión por la cuota de CiU y se le considera próximo a Uniò

Con esa decisión se saldaba un proceso que ha durado cuatro años y que comenzó cuando el Gobierno del PP decidió abolir la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), y destituir a Lorenzo y Ormaetxea, que eran presidente y vocal, para integrarla en la CNMC. Los dos recurrieron ante el Tribunal Supremo, que obligó al Ejecutivo a reincorporarlos y a proponer al Congreso que analizase su capacidad y solvencia. Un trámite que ya habían pasado en mayo de 2011, cuando entraron en la CMT, pero que, en esta nueva edición, se convirtió en “una comparecencia histórica que cierra un ciclo de cuatro años con un acto de justicia”, como lo calificó el diputado socialista Pedro Saura.

La sentencia del Supremo sirvió para que la incorporación de los dos readmitidos se haya contabilziado como parte del acuerdo alcanzado entre Gobierno, PSOE y Ciudadanos para equilibrar el consejo de la institución, que se formó solo con gente propuesta por el PP, CiU y PNV ante la negativa del PSOE al modelo elegido (entonces no contaba Ciudadanos y Podemos no existía). De hecho, las incorporaciones que ha habido en los últimos meses ya recogen ese pacto. Pilar Canedo y Mariano Bacigalupo, que se incorporaron en abril, enraron por Ciudadanos y PSOE en lugar de dos del PP. Lorenzo también se adscribe a los socialistas, aunque subrayara en el Congreso que no es militante de ningún partido, y Ormaetxea, al PNV.

Así las cosas, la composición actual cuenta con cinco elegidos por el PP (el presidente, José María Marín; la vicepresidenta, María Fernández, y los vocales Benigno Valdés, Clotilde de la Higuera y María Ortiz, que fue reelegida para otro mandato); dos del PSOE, uno de Ciudadanos, uno del PNV y el citado Guinart.

Muy probablemente el nuevo cambio del organismo se retrase hasta 2019

En todo caso, los cambios van en paralelo al previsto cambio de modelo de la institución, en el que se pasaría a contar con dos Autoridades Independientes Administrativas (Competencia y Regulación) con servicios comunes y un Pleno en el que el presidente de Competencia tendría voto de calidad. La modificación fue pactada por los dos partidos citados con el ministro de Economía, Luis de Guindos, sin la participación de Podemos. Este grupo no ha querido entrar en negociaciones hasta ahora, aunque podría cambiar de parecer y reclamar su lugar. Su representante en la Comisión de Economía, Rosa Rodríguez, se ha mostrado muy activa. El pasado martes, por ejemplo, votó a favor de los nombramientos y no se abstuvo como venía haciendo su formación hasta la fecha. No obstante, según fuentes solventes, el cambio va para largo. Muy probablemente se alargue incluso hasta que los actuales presidente y vicepresidenta acaben el mandato, en octubre de 2019.