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Empleo prorroga las ayudas a parados sin ingresos del Prepara tras el pacto con las autonomías

Esta edición se prolongará durante ocho meses, dos más de lo habitual

Manuel V. Gómez

La ayuda a parados sin ingresos del plan Prepara se prolongará por decimotercera y última vez tras el pacto al que han llegado el Ministerio de Empleo y todas las comunidades autónomas. Estas, las 17, aceptaron ceder la gestión al Gobierno central a través de una encomienda administrativa que sortee la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba ilegal la gestión centralizada sin más. Esta edición se prolongará desde el 15 de agosto pasado, ya que tiene carácter retroactivo, hasta el próximo 30 de abril.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en un acto la semana pasada.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en un acto la semana pasada.MARISCAL (EFE)

El plan Prepara había finalizado el pasado 15 de agosto y no pudo renovarse automáticamente como en las últimas ediciones. La tasa de paro bajó en primavera del 18%, umbral que marcaba la renovación inmediata; y el Tribunal Constitucional había declarado ilegal la forma en que se gestionaba hasta ahora, directamente por los servicios públicos de empleo. Ahora seguirá siendo así, pero mediará una encomienda por parte de las comunidades autónomas que sorteará el veto jurídico.

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La decisión de ceder la gestión fue unánime por parte de las 17 comunidades autónomas. También lo hizo el País Vasco, la administración que había recurrido al Constitucional. Su exigencia es que la ayuda del Prepara —entre 400 y 450 euros mensuales— fuera compatible o complementaria con el salario social que paga el Gobierno vasco. No estaba sola en este punto.

Para lograr el consenso, el Ministerio de Empleo se comprometió a negociarlo con agentes sociales y comunidades autónomas. El departamento que dirige Fátima Báñez tiene planeado reordenar las ayudas asistenciales a parados para unificar este y otros programas extraordinarios (PAE, Prodi, Renta Activa de Inserción).

“Vamos a dar un paso más en protección social renovando por acuerdo con todas las comunidades autónomas el programa Prepara para que no haya ningún desempleado que se quede sin ninguna cobertura”, anunció Báñez en un acto de la Seguridad Social, mientras se celebraba la reunión.

Una diferencia entre esta edición y las anteriores será su duración: ocho meses frente a seis. Esto es así porque el Ejecutivo se ha dado de plazo hasta abril para pactar esa reordenación de ayudas. No obstante, esto no quiere decir que los beneficiarios vayan a cobrar la ayuda durante ocho meses. Ese tiempo hace referencia al periodo en que los parados que cumplan con los requisitos pueden acogerse al Prepara. Una vez concedida, la percibirán durante medio año. Es decir, un desempleado que solicite el 30 de abril del próximo año cobrar el Plan Prepara podría percibirlo hasta octubre de 2018.

La prórroga de la ayuda era el primer punto del orden del día de la reunión de empleo con las comunidades, la llamada conferencia sectorial. No obstante, finalmente se ampliaron los temas a tratar, como reclamaban la mayor parte de estas. Así se desbloqueó el reparto de fondos para el desarrollo de políticas activas que habían quedado parados en julio en la anterior conferencia. En concreto, se dio luz verde a la distribución de 166,7 millones correspondientes a este año.

También se abordaron la modificación de criterios de cumplimiento del plan anual de política de empleo, que sirve para distribuir los fondos entre las comunidades autónomas. Entre los cambios está la desaparición de la colaboración con agencias privadas de colocación, como demandaban autonomías como Asturias, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha.

Hubo otros elementos en los que también se dio cierto acercamiento entre Empleo y las comunidades más opuestas a sus políticas. Uno es el compromiso de ir aumentando la inversión en políticas activas, “con el objetivo de superar en 2020 los niveles de gasto por desempleados existentes 2011”. Según cálculos de varias consejerías, esto supone un incremento de gasto de 1.000 millones.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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