Bruselas presiona para que Energía ceda las tarifas eléctricas a la CNMC

El Gobierno fusionó en 2012 los reguladores (competencia, energía, telecomunicaciones, postal y ferrocarriles) con el argumento de ahorrar costes y evitar la llamada captura del regulador: que una agencia creada para defender el interés general actúe a favor de intereses políticos o de las empresas. Dos años después, el Ejecutivo vació de competencias la CNMC. Se arrogó, entre otras cosas, la potestad de fijar tarifas eléctricas y de gas, pese al veto de la UE.

Bruselas reaccionó con un procedimiento de infracción por parte del comisario Miguel Arias Cañete, que obliga al Ministerio de Energía a devolver la fijación de tarifas a la CNMC. Nadal pareció aceptarlo en enero, pero en abril envió a Bruselas un escrito en el que rechaza tajantemente deshacerse de esa potestad. Esa es a día de hoy la postura del ministerio, que incluso sugiere que España “está preocupada por la progresiva transferencia de competencias a instituciones no democráticas”, en línea con lo que defienden partidos como Podemos.

Desde entonces se han sucedido las reuniones en Bruselas entre el equipo de Arias Cañete, el ministerio y la CNMC: la última, a finales de junio. No hay fumata blanca. Las fuentes consultadas aseguran que tanto la secretaría de Estado de Energía como la CNMC han mostrado voluntad de llegar a un acuerdo, pero recuerdan que el procedimiento de infracción daba a España un plazo de dos meses, que expiraba en noviembre de 2016. Si al final el Gobierno se sigue resistiendo, Bruselas podría acudir al Tribunal europeo e incluso imponer multas, como hizo con la estiba. “Lo mejor sería una solución negociada que no afecte el desarrollo de los proyectos de interconexión con Francia —como el cable submarino por el Golfo de Vizcaya—, esenciales para terminar con el aislamiento energético de la península”, según fuentes comunitarias.

El Ejecutivo argumenta que la futura separación de los reguladores facilitaría devolver la fijación de las tarifas al organismo encargado de velar por el sector energético. La CNMC ha dejado claro al comisario Arias Cañete que esa es únicamente una maniobra para ganar tiempo. Ha habido algún avance —menor— en el sector del gas, y el Ejecutivo sugiere que estudia implantar un sistema de doble llave, que ya se aplica en países como Francia. El Ejecutivo establecería así las directrices energéticas, y el regulador fijaría los precios en función de esas directrices. Las fuentes consultadas destacan, sin embargo, que Francia acude a un arbitraje en caso de conflicto entre Gobierno y regulador, extremo que el Ejecutivo español no contempla: España quiere poder hacer política energética con las tarifas de la luz.

“El Gobierno ha dado sobradas muestras de no creer en los reguladores independientes”, explica Francesc Trillas, de la Universidad Autónoma de Barcelona. “Lo mejor que ha hecho la Comisión por España es ser una especie de policía en telecomunicaciones, energía y competencia; cabe esperar que en este contencioso se ponga de nuevo de parte del regulador”, añade.

Con excelentes relaciones con Cañete, Nadal resiste de momento las presiones con un único argumento técnico —España reclama una excepción “por los insuficientes niveles de interconexión”— y con un segundo argumento más filosófico: “Gobierno y Parlamento deben poder dictar los objetivos de política energética” y la fijación de tarifas. El problema es que, en Europa, eso solo ocurre en Bulgaria y en España.