Ocho de cada diez convenios no garantizan el poder adquisitivo

La cláusula de garantía sobre el poder adquisitivo de los sueldos dinamitó a finales de julio las negociaciones entre sindicatos y patronales para alcanzar un pacto que sirviera de guía en las negociaciones de los próximos convenios colectivos. Los primeros, UGT y CC OO, la exigían. Los segundos, CEOE y Cepyme, no estaban dispuestos a transigir y aceptar la vuelta de un mecanismo que quisieron arrinconar durante años, algo que no lograron hasta 2012, durante la segunda recesión de esta larga crisis.

Desde entonces esa salvaguarda, que, como norma general, compensa a los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo si los precios suben más de lo que se pactó para los salarios, ha sobrevivido en menos del 15% de los convenios. En lo que va de año, ha subido algo su uso, hasta el 16,4%. Pero estos porcentajes están muy lejos de los alcanzados cuando los acuerdos estatales de negociación colectiva recomendaban su inclusión y de los alcanzados antes de la crisis.

La cobertura de las cláusulas de salvaguarda aumenta hasta casi el 25% si se toma como referencia el número de trabajadores cubiertos: 1,25 millones de los poco más de cinco millones de asalariados que contaban hasta julio con la protección de un convenio colectivo.

Una demanda internacional

La erradicación de las cláusulas de garantía salarial fue también una reclamación de varios organismos internacionales y otras instituciones como el Banco de España. Y era, además, una medida impulsada indirectamente desde el Gobierno para ganar competitividad. El argumento es que su existencia provoca que los efectos negativos de la inflación tardan más en desaparecer. El ejemplo que suele utilizarse es el del petróleo, un producto de precio muy volátil.

Cuando el crudo sube, es habitual, y más en España, que la inflación responda también al alza. Esto, a su vez, puede provocar que se activen las garantías salariales. La espiral no acaba aquí, ya que los empresarios —como los empleados— tampoco absorben el impacto de la subida de los costes laborales y lo trasladan a los precios. Los defensores de esta teoría añaden otra consecuencia: la persistencia de la inflación lleva a que se mantengan medidas para combatirlas que enfrían la economía y el crecimiento, como los tipos de interés altos.

Atendiendo a la evolución de la inflación en España este año, parece difícil que el mecanismo se active en los convenios que cuentan con él. En los siete primeros meses del año, el incremento medio es del 1,33% y casi todas las previsiones sitúan en diciembre el índice de precios al consumo por debajo (Funcas pronostica un incremento del 0,8%). Y este dato, el de final de año, es el que toman la mayoría de convenios, pese a que sería más apropiado el promedio anual.

Lígero incremento

El incremento pactado visto el mes pasado mantiene la tendencia de incrementos bajísimos seguida en los últimos años. El 1,33% de julio es apenas tres centésimas superior al de junio y supera en poco más de una décima el alza observada en enero.

Este ha sido el principal argumento expuesto por la patronal para ofrecer en las negociaciones fallidas un incremento que se situaba entre el 1% y el 2%, más medio punto porcentual por productividad. Si “aguas abajo”, expresión muy utilizada por el presidente de CEOE, Juan Rosell, las subidas pactadas eran bajas, es evidente que no había necesidad de ir más allá.

Los sindicatos, en cambio, pedían a la patronal que asumiera su papel de agente social y firmara un pacto con un incremento de salarios mayor (entre el 1,8% y el 3%). Su razonamiento era que, con la recuperación consolidad y creándose empleo a un ritmo alto, ha llegado el momento de que los sueldos ganen poder adquisitivo. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se situaba más cerca de esta tesis, pero el acuerdo no fue posible.