Beneficios y subida salarial

Muchos son los signos de que la economía española, en términos macroeconómicos, ha recuperado una senda de crecimiento sostenido (ya veremos si sostenible) a partir de 2015. Uno de esos signos, quizá el más significativo, es el beneficio de las empresas. Así lo demuestra la estadística: en el primer semestre de este año las ganancias de las compañías cotizadas han aumentado más del 19%. Como ese aumento está basado en un crecimiento de las ventas, vale decir metafóricamente que es más sano y que, por lo tanto, puede sostenerse más en el tiempo en función de la demanda. Se supone también que ese crecimiento de los beneficios permite reducir el endeudamiento (algo que empezó a estar claro a partir de 2015) y que quizá se concrete en más aumento del empleo. Esto último no es evidente. No sería la primera vez en la evolución económica reciente (de 1976 hacia acá) que un aumento de los beneficios no va asociado a más inversión y mejor empleo.

Vamos a suponer que, con audacia febril, imputáramos al Gobierno que salió de las elecciones de 2011 la ambiciosa elaboración de un plan estratégico para salvar a España de la crisis, conducirla hábilmente durante la recesión y pilotar una etapa de prosperidad general. Vamos a suponer también que ese plan implicara imponer un ajuste inicial de rentas salariales y control indiscriminado del gasto público con el fin de salvar primero a las empresas (“evitar la destrucción del tejido productivo”, en la jerga de los economistas de la ortodoxia neoliberal), en espera de que la consolidación de los beneficios permitiese un margen a la reinversión. Y pasemos por alto que la política económica procíclica aplicada desde 2012 fue errónea y contraproducente (para los asalariados). Como estas suposiciones se aproximan a la ciencia ficción (la capacidad estratégica de la administración actual no rebasa las próximas 24 horas), tampoco hará daño inferir que los pilotos de la economía calcularon políticas económicas distintas para condiciones macroeconómicas diferentes.

Pues bien, si ese mapa estratégico hubiera existido, resultaría que la economía española ha superado la recesión y se encuentra en una fase de crecimiento sostenido con beneficios empresariales crecientes, pero con una característica anómala: la política económica es todavía la que correspondería a la fase anterior, es decir, política restrictiva de rentas y ajuste fiscal, más o menos disimulado. La política presupuestaria ha sido un misterio desde 2012, porque siempre se consiguen supuestamente recortes de gastos al tiempo que se anuncian grandes aumentos en gasto social. Llegados a este punto, racionalizado como si el Gobierno hubiera sabido lo que hacía, hay que proponer y, en lo posible, responder, a dos preguntas. Primera ¿tiene este gobierno disposición o capacidad para cambiar su política económica? Entendida la política económica no en general, porque ya sabemos que sigue sometida a un requerimiento de déficit excesivo en cuanto a los objetivos financieros, sino como la aplicación de instrumentos que pueden mejorar la estructura productiva (planes de inversión pública en tecnología, por ejemplo). Lo más probable es que no.

A una fase de reactivación le correspondería el fin de la política de ajuste de rentas. Los resultados empresariales sugieren (pero no confirman) que las compañías pueden asumir subidas salariales (selectivas) compatibles con el mantenimiento del poder adquisitivo de sus trabajadores. El hundimiento de la participación de los salarios en la renta nacional tiene que corregirse, so pena que empiecen a aparecer burbujas de inestabilidad social y aumente el grado de pauperización. ¿Tiene el estado capacidad política, influencia y disposición para modificar la política de rentas? Desde luego, dispone de medios de presión para instar un acuerdo salarial. Pero ¿quiere o puede? Por ahora, la respuesta sigue siendo no.