Coordinación, cooperación y cambio climático

Los días 7 y 8 de julio tuvo lugar la Cumbre Anual del G20 presidida por Alemania. No hubo mensajes inesperados, aunque es destacable la vehemencia puesta en que la coordinación y la cooperación internacional son claves para mejorar el crecimiento económico y el bienestar social. Coordinación y cooperación que son imprescindibles en la lucha contra el cambio climático, fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible en el que la participación del sistema financiero es esencial.

Los líderes, excepto EE UU, subrayaron la irreversibilidad del Acuerdo de París, y reafirmaron su compromiso para lograr sus objetivos junto con los de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Por una parte, esto es positivo porque se continúa avanzando según los propósitos establecidos para 2020, 2030 y 2050, y porque 19 de los 20 miembros mantienen su palabra. Por otra, la salida de EE UU del Acuerdo de París (efectiva en 2020) no parece buena noticia porque: es el segundo emisor mundial de gases con efecto invernadero (sobre el 16%) después de China; es el mayor contribuidor al Fondo Contra el Cambio Climático, que en junio contaba con aproximadamente 10.000 millones de dólares comprometidos (3.000 de EE UU, de los cuales ya ha desembolsado 1.000); y porque el abandono de EEUU puede hacer que otros países contemplen la posibilidad de imitarle.

El Fondo, además, cuenta con el compromiso por parte de los cuarenta y tres países miembros (España, incluido) de movilizar 100.000 millones de dólares al año en 2020. Para alcanzarlos, es necesaria la iniciativa privada. Para el sector público, las proyecciones de la OECD a 2020 estarían en torno a 67.000 millones. Así, es necesario que los sectores público y privado estén alineados. Este último también puede desempeñar un rol clave en la movilización de fondos. Por ejemplo, los bancos cuentan con la experiencia, conocimientos necesarios, y tienen capacidad para crear nuevos productos financieros sostenibles adaptados a las necesidades de los prestatarios.

Para aumentar la movilización de fondos, la divulgación de la información financiera relacionada con el cambio climático y la transparencia, resultan esenciales: contribuyen a una mejor formación de precios (el precio de las emisiones de CO2 es muy volátil) al ayudar a que los riesgos derivados del cambio climático se valoren y gestionen mejor, y favorecer que los inversores tomen mejores decisiones.

En España, organismos públicos y entidades privadas son conscientes de la relevancia del impacto del cambio climático y están trabajando activamente. La próxima semana se lanzará un proceso de consultas público sobre la base de las Jornadas de España, Juntos por el Clima, que organizó el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente con vista a proponer la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Arturo Fraile es analista de BBVA Research.