La banca prevé que aumentará las comisiones por la nueva regulación de gestión de fondos

Hasta ahora, lo habitual cuando se invierte en un fondo a través del banco es que el cliente solo pague al gestor del fondo por el producto financiero. Es decir, la sucursal bancaria simplemente traslada la comisión del gestor. ¿Y cómo gana dinero entonces la entidad por el servicio prestado? Pues cobrando al gestor una tarifa, lo que en la jerga se conoce como retrocesión de comisiones, una práctica que se lleva a cabo sin que el cliente lo sepa. Es decir, el banco obtiene el beneficio cedido de forma indirecta.

Se trata de una suerte de pago oculto y los reguladores de la Mifid quieren que se haga explícito y se especifique aparte de la comisión. Así que el banco tendría que cobrar directamente del cliente la colocación del producto y los servicios prestados. Fuentes financieras sostienen, no obstante, que esto dificultaría y encarecería la comercialización de los productos financieros.

Sin embargo, la directiva ofrece una vía de escape para seguir usando la retrocesión. A grandes rasgos, permite que se siga cobrando si el banco brinda asesoramiento o si incluye en su oferta una variedad suficiente de productos financieros de terceros, dejando muy claro cuáles son los precios y qué condiciones tienen todos. Eso daría vía libre a la banca para poder imputar retrocesiones. Pero el problema reside en que el asesoramiento encarecería el servicio. Y podría restar negocio a la banca, cuyas sucursales comercializan básicamente productos propios: “Para los patrimonios de cero a 100.000 euros los bancos suelen vender en la red productos propios. Esto les obligaría a reducir lo que facturan porque tendrían que incluir fondos de la competencia, algo que no les conviene”, explica un gestor de fondos.

De modo que las entidades intentan que la transposición de la directiva recoja un nuevo supuesto que relaje los requisitos y permita que sigan ingresando la retrocesión sin tener que comercializar ofertas de terceros. Tan solo se comunicaría al ahorrador el importe que recibe el comercializador. Las entidades creen que, de no hacerse así, el cliente menos pudiente perdería el asesoramiento que brinda ahora la red.

Sin embargo, el abogado Fernando Zunzunegui discrepa: “La Mifid solo pretende ganar en transparencia, evitar los conflictos de interés y mejorar el servicio”. El Ministerio de Economía publicará en los próximos días el borrador de audiencia pública, al que las distintas partes podrán hacer alegaciones.