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Italia prepara de urgencia un decreto para liquidar dos bancos

El Consejo de Ministros se reúne para decidir si aprueba las condiciones de Intesa Sanpaolo para hacerse con los activos sanos de ambas entidades

Sede central de la Banca Popolare di Vinceza
Sede central de la Banca Popolare di Vinceza REUTERS

Italia busca a la desesperada una voladura controlada para frenar una gran explosión en el sistema bancario. Tras el encuentro de esta tarde entre el ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, y el primer ministro, Paolo Gentiloni, el consejo de ministros de Italia tiene previsto reunirse este domingo de urgencia para tratar la quiebra y el rescate de los bancos Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca. La idea es hacerlo a través de una inyección de unos 10.000 millones de euros y la compra al precio simbólico de un euro de parte de sus actividades por parte del grupo bancario Intesa Sanpaolo. Una medida polémica que ya ha levantado las críticas en distintos sectores.

La operación, autorizada a última hora del viernes por el BCE, busca poner a salvo los ahorros de los clientes de ambas instituciones y evitar un efecto contagio sobre otros bancos en riesgo. Con el decreto –que se prevé para el domingo por la mañana- y la inyección pública, las oficinas podrán abrir el lunes. Según Il Corriere della sera, el Estado no solo se haría cargo de los créditos dudosos, sino también de la salida de entre 3.500 y 4.000 empleados, ya sea mediante despidos o prejubliaciones, de los dos bancos venecianos, pero también de Intesa Sanpaolo. Esa, justamente, es una de las condiciones que pone la entidad bancaria para cerrar el acuerdo.

La operación necesita también la autorización del BCE y de la Junta de Resolución Única, el organismo europeo que vela por evitar el impacto de una quiebra bancaria en el sistema. Sin embargo, no está claro qué sucedería con los tenedores de bonos senior y los depositantes de más de 100.000 euros. Pero, en cualquier caso, el procedimiento se aleja del sistema usado para el Popular que, entre otras cosas, que fue vendido al Santander por un euro y que anunció que ampliaría capital por 7.000 millones para digerir la absorción. En este caso, Intesa Sanpaolo no solo no piensa hacerlo, sino que exigirá dinero al Estado para llevar a cabo la operación. "Es que Intesa quiere hacer lo mismo que el Santander, pero sin poner ni un duro", critica el economista Mario Seminerio.

El banco español, siguiendo las normas europeas, sí fue liquidado por la Junta de Resolución Única. De esta forma no quedó en manos del Gobierno español, sino que fue esta institución europea la que procedió ante sus problemas de liquidez a cerrar el banco y poner el precio de sus acciones a cero, con la pérdida total de la inversión para 300.000 accionistas y miles de bonistas. El banco fue, esa misma noche, vendido a un competidor, el Santander, por un euro.

A media tarde, un portavoz del ministerio de Economía ha explicado a EL PAÍS que se está trabajando para hacer el decreto de la liquidación de los dos bancos y la separación entre banco malo y los activos sanos. “Tendría que llegar esta noche, pero es muy complejo porque va ligado a un contrato todavía más complejo. En cualquier caso, una vez adoptado se procederá al nombramiento de los comisarios que gestionarán las liquidaciones. De este modo, el lunes podrán abrir las oficinas de forma normal bajo la tutela de los comisarios que liquidarán las entidades.

Lo que se sabe hasta ahora es que Intesa Sanpaolo, que se quedaría con unos unos 20.000 millones en créditos, ha exigido unas condiciones muy rígidas. La entidad pide que se refinancie el fondo para prejubilaciones con unos 2.000 millones de euros –el Estado ya ha puesto 800 millones en 3 años en el el fondo de pensiones, el instrumento privado de los bancos. De este modo, la edad de las jubilaciones anticipadas –afecta a unos 8.000 empleados, incluyendo los de Intesa Sanpaolo- bajaría de los 60 años a los 57.

Los principales afectados serán los accionistas de la banca, los poseedores de obligaciones subordinadas y los ahorradores con depósitos de más de 100.000 euros -esa es la cifra máxima que cubre el fondo interbancario-, aunque, tras la alarma generada, sería extraño que queden demasiados clientes particulares con esas cantidades.

Esta operación es, de algún modo, un nuevo paso en el largamente aplazado proceso de saneamiento de la banca italiana, que ya ha costado alrededor de 31.000 millones de euros pagados a medias entre el fondo del sistema bancario y el Estado, pese que durante años la autoridades del país definieron el sector como “sólido”. Primero fue Monte dei Paschi, que ya costó 8.800 millones de euros y cuya nacionalización está pendiente de la aprobación europea. Luego vinieron Banca Marche, Etruria, CariFerrara y Carichieti, que costaron otros 5.300 millones de euros.

El presidente del patronato italiano Cofindustria, Vincenzo Boccia, calificó este sábado de "oferta razonable" la propuesta de Intesa Sanpaolo, y dijo que evitará "la ansiedad en el sistema económico". Pero la medida, como era de esperar, ha levantado ya una ola de críticas en distintos sectores del país, que observan con recelo el enorme desembolso público que costará la operación.