¿Qué acciones legales puedes ejercitar si eres accionista de Banco Popular?

El anuncio de la compra de Banco Popular por parte de Banco Santander ha generado todo un revuelo en el sector financiero. Una de las grandes preguntas que se plantean es qué pasará ahora con los inversores y si podrán reclamar lo perdido en medio de la tormenta que ha vivido la entidad financiera en los últimos meses y ahora que ha sido adquirida por Santander.

Por decisión de las autoridades de resolución (Junta Única de Resolución o Single Resolution Board -SRB- y FROB) las acciones de la entidad han sido amortizadas a valor cero, por lo que los accionistas no tienen nada, según explica el abogado Fernando Zunzunegui.

En este sentido, Juan Fernández Baños, abogado en DJV Abogados, apunta que la adquisición de Banco Popular por el Santander, por un euro, tras la declaración como “entidad inviable” de la Junta Única de Resolución, supone que los accionistas del Popular pierden todo el dinero invertido. “Esto se explica teniendo en cuenta que la operación ha consistido en una reducción del capital social a cero euros, mediante la amortización de todas las acciones del Banco Popular, así como la conversión de los bonos convertibles y la deuda subordinada en acciones, adquiridas a su vez al indicado precio simbólico por el Santander”, apunta este experto.

¿Qué medidas legales se pueden tomar?

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Con este panorama sobre la mesa, cabe preguntarse qué acciones legales pueden adoptar los accionistas afectados. Para Zunzunegui, “quienes acudieron a la adquisición de acciones con folleto falso pueden reclamar la pérdida. Por ejemplo, quienes acudieron a la ampliación de capital de Banco Popular de junio de 2016, si acreditan que el folleto no reflejaba la imagen fiel del banco pueden reclamar la pérdida sufrida”. Según explica este experto, la demanda se presentaría contra Banco Popular y, en caso de estimarse, sería el Popular, filial de Banco Santander, el obligado al pago. En caso de fusión por absorción de Banco Popular, Santander sería el responsable directo, por sucesión universal.

Por su parte, Fernández Baños señala que “los accionistas cuentan con varias acciones legales en la vía civil para defender su posición, dirigidas frente al Banco Popular, y sin perjuicio de las acciones penales que podrían interponerse también, en su caso, frente a la propia entidad así como contra sus antiguos gestores”.

Y continúa explicando que “los afectados cuentan con las acciones previstas en el Código Civil, de anulabilidad por vicio en el consentimiento prestado por error, o bien por dolo, derivado de las falsedades, omisiones de información relevante, o manifestaciones engañosas ofrecidas por la propia entidad”. Este experto de DJV Abogados afirma que “el objetivo de dichas acciones judiciales es la declaración de la nulidad de la adquisición de los títulos y el consiguiente reembolso de las cantidades satisfechas. En estos casos, la acción caduca a los cuatro años desde que se tiene conocimiento del error o dolo”.

Asimismo, este abogado apunta que, para “los accionistas que hayan adquirido sus títulos con ocasión de la última ampliación de capital, de junio de 2016, el artículo 38 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, establece la responsabilidad sobre el emisor, el oferente y los administradores, así como del garante y de la entidad directora de la emisión, por la información que figura en el folleto, en caso de que se ocasionen daños y perjuicios a los titulares de los valores adquiridos como consecuencia de informaciones falsas u omisiones de datos relevantes en el folleto”. Eso sí, puntualiza que “esta acción tiene un plazo de prescripción de tres años, que se contarán desde que el reclamante hubiera podido tener conocimiento de la falsedad o de las omisiones en el contenido del folleto”.

Difícil reclamar si la compra ha sido voluntaria

En opinión de Pepe Giménez Alcover, responsable del departamento bancario de Grupo Gispert, "en los casos en los que la compra de acciones haya sido voluntaria parece difícil reclamar a menos que pueda demostrarse una mala gestión de los antiguos administradores o un engaño en la salida a bolsa como ocurrió en el caso de Bankia". Si se hubiera producido ese engaño, por ejemplo mediante falsificación de las cuentas, la acción debería dirigirse contra la propia entidad Banco de Popular o contra su sucesora si ésta desapareciera por fusión por absorción.

Continúa señalando que "en otros casos, si la compra de acciones se realizó por asesoramiento de la propia entidad, podría atacarse dicha compra por un deficiente asesoramiento por parte de la entidad bancaria, debiendo probarse que fue la propia entidad o sus empleados quienes recomendaron la compra de acciones".

Pero en todos los casos, insiste, "cualquier reclamación deberá realizarse contra la propia entidad que, según la información existente hasta este momento no va a perder su personalidad jurídica".

Según Giménez Alcover, "se ha puesto a los inversores en una difícil posición y la recuperación de los capitales invertidos en acciones requerirá complejas demandas en las que deberá probarse o bien una negligente administración o bien un engaño en la suscripción, las únicas dos vías que, en principio, podrían dar lugar al resarcimiento de los hasta ahora accionistas de Banco Popular"

Acciones judiciales

En todo caso, ya hay acciones legales en marcha contra Banco Popular y sus antiguos gestores.

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) ha anunciado que estudia demandar al consejo de administración, presidido por Emilio Saracho, a través de una acción de responsabilidad social. Entre las líneas de acción que barajan los más de 200 accionistas del Popular a los que representa Aemec destaca además recurrir esta "expropiación" ante el BCE y analizar "quién ha manipulado la acción durante estos meses jugando a corto de una manera indebida". Por su parte, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) también está trabajando en la presentación de una querella contra los administradores de la entidad.

Los despachos que, como consecuencia de los grandes escándalos financieros, se han especializado en los últimos años en la presentación de demandas masivas contra la banca también calientan motores con los últimos acontecimientos en torno a Banco Popular. Desde el bufete Arriaga Asociados inciden en el hecho de que si se demuestra que se falsearon las cuentas, los accionistas podrían recuperar su inversión como ocurrió con la OPV de Bankia. Consideran que estos accionistas tendrían muchas opciones legales en la defensa de su posición, si bien ahora mismo están trabajando en un informe jurídico económico que les oriente sobre qué camino tomar. "Sería un Bankia 2, otro frente muy importante de reclamaciones", explican desde el despacho.

Los accionistas sufren las lecciones aprendidas entre 2008 y 2012

Por otro lado, Manuel López, socio de Derecho regulatorio financiero del despacho Ashurst, hace balance de lo que supondrá todo lo sucedido de cara al futuro. Señala que "el mercado esperaba que algún acontecimiento relevante ocurriera, pero esta intervención supone un hito histórico en la regulación bancaria europea". Según explica, "este hecho indica que la nueva autoridad europea (Junta Única de Resolución) adoptará en el futuro las medidas necesarias para garantizar que los contribuyentes no tengan que asumir el coste de las quiebras bancarias y que no dejará pasar mucho tiempo sin intervenir hasta que la situación se haya deteriorado demasiado". Añade que "los accionistas de Banco Popular han sufrido hoy las consecuencias de las lecciones aprendidas por las autoridades europeas en los rescates a entidades de crédito entre 2008 y 2012". Y concluye que "desafortunadamente éste no será el último caso de crisis bancaria y los inversores ciertamente analizarán el resultado y las consecuencias financieras de esta trascendental decisión".