Hacienda amonesta a cinco comunidades por subir el gasto pese a cumplir el déficit

La salud de las cuentas de las comunidades autónomas ha sido fuente de gran preocupación durante todos los años de crisis. Los Gobiernos autónomos eran incapaces de embridar el déficit público y año tras año iban engordando su deuda hasta llevarla, en algunos casos, a niveles casi inasumibles.

El relato de la recesión ya es conocido: el Gobierno aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf) en 2012, puso en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) —los créditos blandos para facilitar la financiación regional-— y, sobre todo, llegó la recuperación. Las cuentas regionales comenzaron a mostrar síntomas de mejora. La deuda autonómica comenzó a ser controlada y el déficit autonómico se acercó en 2016 al objetivo acordado con Bruselas por primera vez en la crisis. En definitiva, la salud presupuestaria de las comunidades autónomas salió de la UVI.

Pero la Ley de Estabilidad (Loepsf) contiene varios corsés que impiden a las autonomías manejar sus presupuestos a su antojo. Una vez que cumplen los objetivos de déficit y de deuda pública entra en funcionamiento otro exigente límite: la regla de gasto, un tope que impide a los Gobiernos autonómicos aumentar el gasto por encima del crecimiento potencial de la economía. Este mecanismo sirve para que en época de bonanza las autonomías no suban sus compromisos sin control y cuando lleguen las crisis tengan más dificultades en recortarlos.

En este contexto, el Ministerio de Hacienda publicó el pasado 12 de mayo un informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de déficit, deuda pública y regla de gasto de las Administraciones públicas españolas.

El Departamento que dirige Cristóbal Montoro constata que cinco comunidades —Andalucía, Galicia, País Vasco, Canarias, y Murcia— incumplieron la regla de gasto. Y la semana pasada envió cartas a los consejeros de finanzas de estos territorios reprochándoles ese incumplimiento y reclamándoles que envíen un plan económico financiero con los cambios necesarios para ajustar su gasto presupuestario a la senda marcada.

El año pasado el Ministerio de Hacienda resolvió que el gasto de las Administraciones públicas no podía aumentar más de un 1,8%, el crecimiento potencial de la economía. A pesar de ello, Andalucía, Galicia, País Vasco y Canarias cumplieron el objetivo de déficit, la meta más relevante para la estabilidad presupuestaria. Estas comunidades tienen sus cuentas más saneadas que el resto y la mejora de la financiación autonómica les ha pemitido aumentar sus compromisos y reducir a la vez sus números rojos al nivel marcado por Bruselas. Pero la regla de gasto les impide aumentar sus presupuestos para recuperar algunos de los servicios mermados por la crisis.

A pesar del reproche lanzado a estas comunidades, Hacienda está aún más preocupada por el resto de autonomías, que ni siquiera logran encauzar el déficit público al objetivo marcado. El año pasado seis territorios incumplieron la meta acordada con Bruselas para reducir sus números rojos a una cantidad equivalente al 0,7% del PIB. Cataluña, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura fueron las menos austeras el año pasado. Aunque Hacienda reconoce en el informe del 12 de mayo que la Administración del Estado, que gestiona, tampoco cumplió.