Reflexiones sobre la viabilidad del ingreso ciudadano universal en México

La idea del Ingreso Ciudadano Universal (ICU) consiste en otorgarles a todas las personas residentes en cierto espacio geográfico, el derecho a recibir, de parte del Estado, durante toda la vida, una transferencia monetaria periódica personal, que debe ser incondicional y suficiente para una vida humana digna. Por eso le llamo ICUSI (Ingreso Ciudadano Universal Suficiente e Incondicional).

Hay dos puntos de partida (complementarios) para proponer y defender este derecho: En primer lugar, el desarrollo mismo de la lógica de los derechos humanos: el Derecho a una Vida Digna sólo se puede ser plenamente vigente mediante el ICUSI. Y en segundo, la necesidad macrosocial –que surge ante la indetenible tendencia a la automatización en todos los sectores económicos– de superar el límite objetivo del capitalismo que se presenta cuando la automatización rebasa cierto umbral que hace imposible la venta de la gigantesca producción potencial, dada la implosión de la capacidad de compra de la población derivada del desempleo tecnológico. El capitalismo, la sociedad del trabajo pagado, que funciona por la liga trabajo-salario, no puede existir más como forma casi única de distribuir ingreso para adquirir el derecho a consumir. Es necesaria la ruptura entre el ingreso y el trabajo. Esto es lo que hace el ICUSI: el ingreso deja de depender del trabajo. En ambos puntos de partida se resalta también la consecuencia liberadora del ICUSI, que se sintetiza en la frase de Van Parijs “libertad real para todos”.

Las iniciativas legislativas para implantar el ICU que se han presentado en México recientemente, y el debate sostenido al respecto en la Constituyente de la Ciudad de México, plantean dos preguntas: ¿es viable implantar el ICUSI en un país pobre como México? Y, ¿ser el país pionero del ICUSI conlleva beneficios netos? La iniciativa de las diputadas Damián y Hernández (Morena) muestra que el ICUSI es viable en México si se implanta gradualmente (ellas proponen hacerlo en un periodo de 40 años).

Para contestar la pregunta sobre los beneficios netos, una vía posible es indagar sobre la interacción entre automatización e ingresos garantizados. Un distinguido grupo de científicos liderado por Robert Oppenheimer, constituido como el Comité Ad Hoc sobre la Triple Revolución apuntaba, en 1963, cuando publicaron una carta abierta al presidente de los Estados Unidos en el New York Times que argumentaba que las ciber-tecnologías estaban forzando un cambio en la relación entre ingreso y trabajo e instaron al presidente y al Congreso a "considerar garantizar a todos los ciudadanos, como cuestión de derecho, un ingreso adecuado". Su texto dice: "La continuidad del vínculo entre ingresos y empleo como el único sistema de distribución importante de demanda efectiva -para otorgar el derecho a consumir- actúa ahora como freno principal de la capacidad casi ilimitada del sistema cibernético de producción".

Radovan Richta et al, en La Civilización en la Encrucijada, previeron desde 1968 que el capitalismo tenía que frenar la automatización para no enfrentar su límite objetivo. Aunque no es fácil de probar, puede argumentarse que la automatización ha sido reprimida en el mundo: la sobreproducción (presente incluso durante el auge de los años noventa) lleva a las corporaciones a frenar la introducción de equipo más automatizado; la crisis actual, ya crónica, lo hace de manera crónica. La globalización y el off-shoring frenan también la automatización al hacer su rentabilidad relativa más difícil al tener que competir con mano de obra más barata y más dócil.

El ICUSI le proporcionaría al país pionero algo de lo que los demás carecen: un nivel de demanda garantizado que estimularía la inversión y la automatización. El país pionero, por tanto, podría producir bienes más baratos, tendría un nivel interno de demanda garantizado y el costo marginal de sus exportaciones sería casi cero. Sería un capitalismo con incertidumbre disminuida y crisis atenuadas. Tendría ventajas competitivas enormes en el mercado internacional.

Aunque ésta idea habría que trabajarla mucho más, permite sostener, como hipótesis, que el ICUSI sería un gran negocio para los países pioneros.

Julio Boltvinik es profesor-investigador del Colegio de México. Fue diputado del PRD entre 2003 y 2006.