9.300 millones en compras aplazadas

En Reino Unido este método, que establece en muchos casos un periodo de cadencia sin intereses, está empezando a causar inquietud. El Financial Times alertaba hace unos días de que algunos bancos están contabilizando beneficios futuros desproporcionados porque suponen que sus clientes seguirán teniendo deudas una vez que pase el plazo de gracia inicial y pagarán por ello elevados intereses. Se calcula que en ese país el 10% del crédito al consumo se facilita a través de tarjetas.

En España los expertos consultados, lejos de hablar de una burbuja, se refieren al revolving como un negocio lucrativo con un bajo riesgo para las entidades. Para Francisco López Berrocal, director de la Cátedra Cash Management de IE, “son créditos muy asociados al consumo con un tipo de interés que tradicionalmente raya la usura”. Con la ventaja para las empresas de que se trata de préstamos “de corto plazo”, con lo que “las necesidades de dotación y provisión dentro de los balances son menores”.

Carolina de la Calzada, directora de marketing de Cofidis, explica que dentro de estas tarjetas están las vinculadas a los establecimientos comerciales para aplazar compras como las que pueden tener Mediamarkt, Ikea o Carrefour y otras las emiten los propios bancos o filiales de éstos como WiZink, del Popular.

“Detectamos cierta saturación de estos métodos de pago aplazado. El hecho es que la financiación de compras está creciendo entre un 11% y un 12%, y el de tarjetas está en un 6%. Es un producto de muy fácil disposición, muy ágil, pero el nivel de la percepción de control por parte del cliente es peor”, apunta De la Calzada. Según el último barómetro de Mastercard, el 19,5% de los titulares de tarjeta de crédito en España dice contar con una tarjeta de crédito con opción de pago aplazado. “Aunque parece que vuelve a repuntar, la contratación de estas tarjetas ha disminuido en los últimos años: en 2013 el porcentaje era del 25,8% y en 2015 eran tan sólo el 13,2%”. Lo achacan a que tanto los consumidores como las entidades buscan un mayor control del gasto y la disminución de los riesgos.

“Para mí, la mejor imagen que define a estos instrumentos de pago es la de la bola de nieve”, resume Estel Romero, abogada de Sanahuja Miranda Abogados. “La gente compra sin ser consciente de su funcionamiento real. Estas tarjetas están recomendadas en compras puntuales, pero al final se acaban utilizando en pequeñas adquisiciones por las que se pagan intereses desproporcionados”. Su bufete lleva varias reclamaciones judiciales por contratos que incumplen “infinidad de normativas”, pero cree que, debido a que se trata de pequeñas cuantías, los clientes prefieren pagar las deudas antes que iniciar un procedimiento judicial en el que nadie les garantiza que no pagarán las costas.

Alto precio

El problema, como resume Elisabet Ruiz Dotras, profesora de Estudios de Economía y Empresa de la UOC, es el de siempre: la baja cultura financiera de los españoles. De hecho, ella misma dirigió un trabajo basado en una encuesta entre estudiantes y profesores universitarios que arrojó la asombrosa conclusión de que la mitad de los consultados no distinguía entre una tarjeta de crédito y una de débito. “La sociedad no conoce el precio que está pagando con ello. Endeudarse o pedir un crédito es correcto, puede beneficiar a las empresas y a las personas, pero uno debe saber qué está pagando”.

Las facilidades iniciales del aplazamiento de una compra pueden volverse un inconveniente a la larga. “Los ciudadanos tienen un alto nivel de deuda en relación a sus ingresos. Es un problema que tiene que preocupar a los Gobiernos. Necesitamos una regulación que incremente las restricciones a la banca. La situación es tan grave y el sistema financiero es tan débil que no se quieren tomar grandes medidas”.