Descontrol en los Ayuntamientos

La cría caballar de las Fuerzas Armadas; la Fundación Francisco Javier de Villegas, que se creó para rehabilitar unas minas de mercurio en Ciudad Real, o el Consorcio Solar Decathlon, nacido para organizar una competición universitaria que tuvo lugar hace ya años, fueron algunos de los organismos públicos que el Gobierno suprimió la pasada legislatura en lo que iba a ser “la reforma más ambiciosa de la historia” para racionalizar la Administración.

La Cora, acrónimo con el que fue conocida la medida impulsada por la vicepresidenta, Soraya ­Sáenz de Santamaría, pasó sin pena ni gloria porque uno de sus objetivos fue hacer descender el número de organismos y empresas públicas, pero no su actividad global. Además, las medidas no fueron de obligado cumplimiento para las Administraciones autonómica y local, donde está el gran desarrollo de la Administración paralela.

El último informe de la Secretaría de Estado de Hacienda sobre las entidades creadas por los Ayuntamientos, correspondiente a 2016, aprecia que poco se ha avanzado. Mientras que en los organismos autónomos, consorcios y fundaciones se ha producido una reducción del 36% desde 2009, “las entidades públicas empresariales han aumentado un 10% en este periodo. En total, los 8.117 municipios de España tienen todavía 4.481 organismos, un 26% menos que los que había en 2009. El mismo documento que suscribe un descenso de la Administración paralela alerta de dos cuestiones inquietantes: hasta 643 entes “realmente no desaparecieron, sino que se modificaron”, y hay casi 1.000 sociedades que no se sabe de quién dependen. Además, cantidad no es calidad, porque algunos organismos son casi irrelevantes y otros cuentan con un enorme patrimonio. Uno de los planes del Ejecutivo central durante la legislatura pasada, por ejemplo, era eliminar la empresa que gestiona La Almoraima, una inmensa finca agrícola expropiada a José María Ruiz-Mateos en 1983 ubicada en el municipio gaditano de Castellar de la Frontera. Ocupa 14.113 hectáreas, cuajadas de acebuches y pinos, y allí sigue, gestionada por una empresa dependiente del Ministerio de Agricultura, sin que nadie, ni los famosos que mostraron interés por su adquisición —Salma Hayek y su marido, François-Henri Pinault— hayan vuelto a aparecer.

Amiguismo

Enemigo de que haya “tantísimas empresas públicas”, el profesor del IE Business School Rafael Pampillón reconoce que han ido descendiendo en número, pero alerta de que en el ámbito municipal “sigue habiendo mucho amiguismo y poco concurso a la hora de adjudicar determinados servicios públicos”. En el autonómico señala que las televisiones son parte del problema. “Otra parte está en el gasto suntuario, las plantillas sobredimensionadas, las duplicidades con el Estado central, los sueldos astronómicos de los asesores autonómicos y municipales y la creación de todo tipo de entes públicos autonómicos”.

Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, escribe en un informe fechado en 2016 que el país se encuentra en una fase de “considerable y desordenado desarrollo”, del sector público instrumental cuyas causas pueden buscarse en lo que se conoce como “huida del derecho administrativo”; la capacidad de endeudamiento “fuera de balance”; la creación de sociedades instrumentales y la creación de “holdings autonómicos similares al desaparecido INI estatal”.

Porque hecha la ley, hecha la trampa. Uno de los argumentos que motivan la creación de más y más empresas está en las propias normas. En concreto, en la regla que determina que si los ingresos de una empresa proceden en más de un 50% del mercado, su deuda no computa en el déficit.