Paraísos fiscales, islas del tesoro

Hoy, día mundial contra los paraísos fiscales, los principales partidos debatirán sobre los mismos en el Congreso. Los impuestos son un buen indicador sobre el estado de la democracia de un país: si se acepta que la calidad de la misma aumenta conforme los ciudadanos tienden a la igualdad, la presencia de un sistema tributario progresivo que limite las desigualdades de renta y de riqueza puede calificarse como un instrumento adecuado que mejora la calidad democrática y que, al mismo tiempo, es un reflejo de la misma.

¿Por qué los gobiernos han hecho tan poco contra los paraísos fiscales (a los que la OCDE define como “instrumentos de competencia fiscal perjudicial”) desde 2008, cuando las cumbres del G20 los consideraron una excrecencia del sistema, y han perdido la oportunidad de actuar cuando se temía que cualquier cosa ocurriese en la economía mundial? El economista francés Thomas Pikkety analiza que las autoridades se paralizaron en cuanto pasaron las urgencias, bajo la ilusión de que no había necesidad de actuar; sus bancos centrales habían impreso papel moneda suficiente para evitar el colapso total del sistema financiero, evitando así los errores posteriores a 1929. El resultado ha sido que se ha eludido una depresión generalizada pero, al mismo tiempo, no se hicieron las reformas reguladoras y fiscales necesarias para que la crisis no se repita. Además, hay quienes siguen defendiendo que los paraísos fiscales son una especie de mal necesario, un escape para determinadas rentas y patrimonios en el entorno de una alta tributación (en España, la presión fiscal es menor que la media europea) y con disminución de la rentabilidad de los mercados que debe mantenerse dentro de ciertos cauces para la estabilidad del sistema financiero y fiscal internacional.

Todos los datos que se conocen indican que en España se utilizan los paraísos fiscales, reduciendo los ingresos fiscales y haciendo real la competencia desleal entre las empresas que deslocalizan sus beneficios y las que no lo hacen. La inmensa mayoría de las empresas del Ibex 35 mantienen alguna filial en esos paraísos. Se violenta así el artículo 31 de la Constitución, que reconoce los principios de progresividad (garantía de que cuanto mayor sea la capacidad económica, más se tenga que contribuir) y de igualdad (a igual capacidad económica la contribución tributaria ha de ser la misma, sean, por ejemplo, rentas del trabajo o del capital): “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Los impuestos son un buen indicador sobre el estado de la democracia de un país

En la reflexión citada, Piketty comenta que la exacerbada competencia fiscal sobre la tributación de los beneficios de las grandes empresas sigue aumentando en Europa. “El Reino Unido va a reducir su tasa al 17%, algo inédito para un país importante, sin dejar de proteger las prácticas depredadoras de las Islas Vírgenes y otros paraísos fiscales bajo la corona británica. Si no se hace nada, en última instancia acabaremos todos alineándonos en el 12% de Irlanda, o posiblemente el 0%”. Y concluye que la fragmentación política de Europa y la falta de una autoridad pública fuerte en materia de impuestos pone a los ciudadanos de la zona a merced de los intereses privados.

Este es el meollo de la cuestión.