Estibadores: Así es el acuerdo entre patronal y sindicatos al que se opone el Gobierno

La reforma de la estiba sigue encallada y parece que ninguna de las partes está dispuesta a ceder lo suficiente para acabar con el conflicto. La última escena de una negociación que lleva casi tres meses con encuentros estériles fue un acuerdo entre sindicatos y patronal que podía dar vía libre al embrollo y acabar con el bloqueo parlamentario que tiene maniatado al Gobierno del PP. Pero esta alternativa se esfumó cuando Fomento aseguró en la reunión de este miércoles que la propuesta conjunta no era posible. "No se puede imponer la subrogación por ley", dijo el secretario de Estado de Transporte, Julio Gómez-Pomar.

A esto hay que añadir que la propuesta realizada por el mediador Marcos Peña este jueves, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, tampoco refleja la subrogación por ley: "La ordenación de estas medidas es propia de la negociación colectiva", dice la propuesta de mediación. El Ejecutivo acepta esta proposición, que, dice, garantizaría el 100% del empleo. Desde los sindicatos, en cambio, insisten en que ya hay un pacto con la patronal: "El acuerdo es legal y se puede hacer por ley". Estos son los principales puntos de la propuesta de empresarios y trabajadores:

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Mejora de la competitividad de los puertos

El primero de los puntos del acuerdo entre patronal y sindicatos es la mejora de la organización de los trabajadores y la productividad del sector. En este caso, los trabajadores accedieron a la petición que mantienen las empresas desde el inicio de que sean las propias compañías las que designen "al personal necesario para realizar cada una de las actividades portuarias". Además, la propuesta recoge el compromiso a negociar los acuerdos necesarios en cada puerto para cumplir los objetivos de productividad.

Rebaja salarial del 10%

Este es uno de los grandes puntos del acuerdo, que se refleja también en el capítulo de mejoras de la competitividad de los puertos. En el encuentro anterior al de este miércoles, los sindicatos llegaron a ofrecer una rebaja salarial del 5%. Sin embargo, en este pacto entre ambos colectivos se ha acordado la rebaja salarial del 10%. Eso sí, esta reducción se aplicará en los que superen en un 5% el importe de multiplicar por tres el salario mínimo interprofesional en doce mensualidades. Es decir, para los que tengan ingresos mensuales superiores a 2.122,80 euros.

Ayudas del Gobierno

El pacto entre los agentes sociales también recoge las ayudas que el Gobierno ya había ofrecido tanto en el decreto ley como en la propuesta que realizó el día previo al debate parlamentario que tumbó la reforma. Así, acordaron jubilaciones forzosas para los trabajadores que cumplan los requisitos necesarios para percibir el 100% de la pensión de la jubilación, que según fuentes sindicales no llegan al 5% del total, y bajas voluntarias en los términos propuestos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esto incluiría tanto jubilaciones voluntarias (con un importe mínimo de tres veces el salario mínimo interprofesional: 2.122,80 euros), y rescisiones de contrato que recibirían de Puertos del Estado la indemnización de los pasivos laborales. Todas estas salidas se mantendrían en el tiempo hasta "alcanzar el nivel óptimo de empleo de cada puerto". Lo que no se detalla es cuál es el número de una plantilla acorde a las necesidades del sector.

Compensación salarial de Puertos del Estado

Uno de los puntos que más indignó al Ministerio de Fomento fue la petición de que el Estado se haga cargo de la diferencia salarial entre los contratos actuales y los que haya tras la reforma. El acuerdo dice así: "Las Autoridades Portuarias o directamente desde Puertos del Estado deberán adoptar las medidas que compensen los costes laborales derivados de la subrogación del personal indicado en el apartado 3 [es el que recoge la subrogación de los trabajadores], compensando el diferencial de los costes laborales del colectivo sobre los de nueva contratación". Es decir, Puertos del Estado se tendría que hacer cargo de la diferencia entre los nuevos salarios y los salarios actuales. Algo que supondría una factura mensual elevada que no acabaría hasta que la plantilla que existe ahora (hay algo más de 6.000 estibadores) se jubile o rescindan sus contratos. Fomento cifra en 2.415 millones el coste de este punto.

Subrogación por ley

Este es el principal escollo, en principio, que impide que haya acuerdo con el Gobierno. La patronal Anesco y los sindicatos acordaron este miércoles la petición de que la garantía de empleo de los actuales trabajadores se haga mediante "una disposición normativa con rango de Ley". Una propuesta que Fomento rechazó de plano y aduce, una vez más, a la negativa de la Comisión Europea. De hecho, el Ministerio se basa en una nueva carta de la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, en la que dice que "es difícil que la subrogación por ley sea compatible con la normativa de la Unión Europea". En concreto, hace referencia a un posible conflicto con el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que se refiere a la libre circulación de personas, servicios y capitales.

Comisión de seguimiento

El último compromiso es la creación de una Comisión de seguimiento, vigilancia y control para la ejecución de todas las medidas acordadas. Un órgano que aparece en todas las propuestas y ofertas presentadas por todas las partes. Esta comisión estaría presidida por Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES) y actual mediador en el conflicto. Estaría compuesta por nueve miembros: tres de Anesco, tres de sindicatos y otros tres del Gobierno.