Cataluña quiere obtener 250 millones con nuevos impuestos a empresas

La CUP fracasó en su exigencia de subir el Impuesto de la Renta (IRPF) y los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio a las clases más altas, pero ha logrado impulsar los nuevos tributos como fórmula para redistribuir recursos.

Algunas empresas afectadas, como las que integran la patronal de bebidas refrescantes Anfabra lamentan, —además de los impuestos— el escaso margen entre la aprobación y su entrada en vigor. La Generalitat responde que las compañías han tenido tiempo suficiente para implementar la nueva norma, ya que el anteproyecto de ley es público desde noviembre y que miembros del Departamento de Economía se han reunido con los sectores afectados para explicar las medidas.

De los que siguen, dos impuestos pactados se aprobarán mediante leyes propias y no a través de la Ley de Acompañamiento.

• Impuesto sobre refrescos. Es una de las tasas más controvertidas de las planteadas por el Gobierno catalán porque los fabricantes y distribuidores la consideran discriminatoria, ya que se deja fuera otros alimentos con azúcar. El Ejecutivo argumenta que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y prevé ingresar por este concepto 41,3 millones anuales (en ejercicio completo, a partir de 2018), a razón de 0,08 euros por litro en aquellas bebidas que contengan entre cinco y ocho gramos de azúcar por 100 mililitros y de 0,12 euros en las que contengan más. A efectos prácticos, una lata de refresco (330 mililitros) se encarecerá en unos cuatro céntimos de euro. Las bebidas de marca blanca, más baratas, serán las que sufran más impacto por el tributo. La Generalitat aplica la tasa después de que el Ejecutivo de Artur Mas la aparcara hace dos años por las presiones de la industria y antes de que el Ministerio de Hacienda impulse un impuesto similar, tal y como anunció en diciembre.

• Tributo sobre nucleares. Constitucional anuló un impuesto similar a instancias de un recurso del Gobierno central que consideraba que el autonómico se solapaba con otro de ámbito estatal. Ahora, el Gobierno de Carles Puigdemont lo argumenta por motivos medioambientales y grava “las desintegraciones nucleares” que se producen en las centrales, si bien también tiene en cuenta el almacenamiento y transporte del material radiactivo. Como consecuencia, las tres nucleares presentes en territorio catalán pagarán 28 millones este año y 62,8 millones a partir de 2018.

• Grandes superficies.  A partir de este año la Generalitat modifica el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales y pasa a basarlo no en la superficie comercial, sino en el número de coches que entran y salen de sus aparcamientos. La modificación obedece al objetivo de dar un argumento medioambiental a la medida, y así escapar a una posible sanción de la Comisión Europea por el actual tributo. Cada gran superficie comercial deberá pagar 0,18 euros por cada coche que entre en sus instalaciones una vez superados los 27.000 vehículos anuales. El impacto sobre las arcas autonómicas será de unos 17,8 millones de euros.

• Bienes de lujo para particulares. Inspirado en un impuesto creado en Guipúzcoa por EH Bildu y a instancias de la CUP, Junts pel Sí se comprometió a crearlo para sacar adelante los Presupuestos. Llamado “impuesto de activos improductivos”, tendrá ley propia, cuyo articulado ya está pactado, y gravará aquellos inmuebles, embarcaciones, coches de lujo o aeronaves que estén a nombre de sociedades cuando su uso no esté vinculado a la actividad económica.

• Vehículos más contaminantes. Es la última concesión en forma de impuesto del Gobierno catalán a la CUP. No se incluye en la Ley de Acompañamiento, ya que está previsto que su articulado dependa de la futura Ley de Cambio Climático autonómico, con la previsión de que el tributo esté listo para 2018. La Generalitat prevé que el primer año paguen por este concepto los vehículos que emiten más de 160 gramos de CO2 por kilómetro, que tendrán que desembolsar a partir de 25 euros al año. Los automóviles que expulsen a la atmósfera más de 200 gramos de CO2 tendrán que abonar un mínimo de 56 euros. En los años siguientes se irán incluyendo más vehículos con emisiones más bajas. Las previsiones de recaudación alcanzan los 75 millones de euros.