El Gobierno vuelve a aplazar la aprobación del decreto de las cláusulas suelo

Economía y el PSOE buscan cerrar un acuerdo completo para no alargar y entorpecer la tramitación en el Congreso

Manifestación de apoyo a los afectados por las preferentes y las cláusulas suelo
Manifestación de apoyo a los afectados por las preferentes y las cláusulas sueloEFE

El Gobierno ha decidido aplazar una semana más el real decreto ley que articula un sistema extrajudicial para devolver el dinero cobrado indebidamente por las cláusulas suelo no transparentes. En diciembre pasado también decidió posponerlo unas semanas para buscar más consenso político con el PSOE y Ciudadanos.

El martes pasado, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció que el Consejo de Ministros aprobaría el viernes el decreto ley sobre estas cláusulas. Lo dijo con toda rotundidad, pero ahora ha cambiado la estrategia. Desde el ministerio se reconoce que se está buscando un mayor consenso, principalmente con el PSOE, aunque también atribuyen este segundo retraso a que la norma deberá ser consultada con el Banco Central Europeo (BCE) al afectar al sector financiero. No obstante, se supone que este asunto ya era conocido a principios de semana, cuando habló Guindos.

Diferentes fuentes consultadas apuntan que la razón de fondo es que se ha cambiado de estrategia y la norma se aprobará como decreto ley y no como proyecto de ley. La diferencia es que si es un decreto, entra en vigor tras su aprobación por el Consejo de Ministros; de la otra forma, debería pasar por el Congreso y admitir enmiendas de los partidos.

Consenso total con el PSOE

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En principio, Guindos negoció con el PSOE que pasara por el Parlamento, pero ahora existe consenso en que es preferible un decreto ley para que entre antes en vigor. "De lo contrario, se correría el riesgo de que los bancos no empiecen a pagar hasta que se apruebe en el Congreso y eso demoraría mucho la solución a estas cláusulas", apuntan fuentes políticas.

Sin embargo, para que el PSOE apoye el decreto ley del Gobierno exige un nivel de consenso más alto de que ahora tiene con el borrador del texto. Los socialistas buscan pulir algunos aspectos conflictivos, como el sistema de mediación entre banco y cliente para que no quede desequilibrado a favor de la entidad. Hasta el momento, los bancos han sido reacios a negociar y a entregar el dinero de las cláusulas, lo que ha provocado el enfado de los clientes, según las asociaciones de consumidores, que han optado por la vía judicial en su mayoría.

Además, nadie oculta, que modificar un aspecto de la Ley Hipotecaria es delicado y el Gobierno no quiere exponer este asunto al debate con todos los partidos y los medios de comunicación. Esta era la posición del Ministerio de Hacienda desde el principio. Entre la banca existe temor a que se puedan alterar las normas hipotecarias,"que en su mayor parte han funcionado bien", como ha admitido este jueves José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia. Este directivo ha pedido que "no se legisle contra el 98% de los clientes" que no han tenido incidencias con sus hipotecas, en referencia a que no se han visto involucrados en procesos de desahucio. No obstante, los afectados por las cláusulas suelos son más un 30% del total de los hipotecados. El Banco de España estima en algo más de 4.000 millones de euros el impacto para los bancos.

El Ejecutivo quiere evitar una avalancha de demandas en los tribunales ante los costes extras que pueden llevar tanto para los hipotecados como para las entidades. El problema es que si la propuesta del decreto ley no cuenta con el apoyo de las grandes organizaciones de consumidores, miles de clientes acudirán a los tribunales. La OCU, Facua y Denunciascolectivas.com temen que los bancos se aprovechen de la dificultad que tiene conocer la cantidad exacta que se le debe a un cliente al quitarle la cláusula, que es un cálculo complejo, para ofrecerle una cifra inferior. Precisamente, despachos de abogados han solicitado al Ministerio de Economía que facilite una calculadora online para agilizar los trámites.

Además, el PSOE quiere que exista una comisión que vele por la equidad de los acuerdos para evitar abusos bancarios y que exista alguna forma de reprender a las entidades que no ofrezcan pactos justos.

Otra condición de los socialistas es que el clientes siempre sea el que decida cómo quiere recuperar su dinero, es decir, vía rebaja de la cuota, del principal o en metálico. Los bancos están ofreciendo ahora las dos primeras, algo muy criticado por los consumidores. 

Por otro lado, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, admitía este jueves que los bancos no cuentan con medios materiales ni "gente suficiente" para tramitar la devolución de las cantidades cobradas por cláusulas suelo no transparentes en las hipotecas en tres meses.

Sobre la firma

Íñigo de Barrón

Es corresponsal financiero de EL PAÍS y lleva casi dos décadas cubriendo la evolución del sistema bancario y las crisis que lo han transformado. Es autor de El hundimiento de la banca y en su cuenta de Twitter afirma que "saber de economía hace más fuertes a los ciudadanos". Antes trabajó en Expansión, Actualidad Económica, Europa Press y Deia.

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