Anticorrupción pide cuatro años de prisión para Blesa por los sobresueldos de Caja Madrid

El horizonte penal de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, presenta un nuevo nubarrón. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para él y para el antiguo número dos de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, cuatro años de prisión por los sobresueldos e incentivos ilegales que otorgaron a los altos directivos de la caja desde el año 2008 y que ascendieron a 8,57 millones de euros. El ministerio público acusa a ambos dirigentes un delito continuado de administración desleal y reclama que, además de la pena de cárcel, reintegren a Bankia —sucesora de Caja Madrid— o al FROB la cantidad defraudada.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Conrado Sáiz acusa a Blesa y Barcoj de elevar en un 16% de media el salario fijo de los nueve miembros del Comité de Dirección cuando el incremento propuesto por la Comisión de Retribuciones para 2008 era de un 4,5% respecto al año anterior, lo que suponía una masa salarial global de 8,3 millones de euros anuales para estos directivos. La subida salarial que se fijaron los dos máximos dirigentes de la entidad en ese ejercicio, cuando la caja ya daba síntomas de las debilidades que acabaron con su disolución en BFA-Bankia en 2010, fue del 26,63%.

El sobresueldo aprobado por Blesa y Barcoj para todo el Comité se mantuvo hasta la salida de la entidad de sus miembros, en 2010, y supuso un quebranto para la caja de 2,05 millones de euros. De este incremento, además de Blesa y Barcoj, se beneficiaron los directivos siguientes: Enrique de la Torre, secretario del Consejo de Administración; Juan Astorqui, director de Comunicación; Carmen Contreras, gerente de la Obra Social; Mariano Pérez Claver, consejero ejecutivo; Matías Amat, director general de Negocios; Rafael Spottorno, director de la Fundación Caja Madrid, y Ricardo Morado Iglesias, director de Organización.

Pagas variables

Los sobresueldos abarcaron también a las retribuciones variables de los máximos ejecutivos de Caja Madrid. Esta se calculaba como un porcentaje del salario fijo —que ya había sido inflado— y por tres factores: los resultados económicos del grupo (60%), los resultados individuales o de equipo (30%) y la valoración profesional por competencia (10%).

El fiscal considera que Blesa y Barcoj asignaron "arbitrariamente" esta retribución variable ya que los altos ejecutivos "no contaban con unos objetivos concretos" ni un "grado de cumplimiento" para el cálculo. Esta decisión a dedo supuso un perjuicio económico a la caja de 1,81 millones de euros.

El tercer beneficio indebido tuvo que ver con el fondo de pensiones contratado para los miembros de la alta dirección. Entre 2007 y 2010, los ejecutivos recibieron como "gratificación extraordinaria" el dinero que excedía los límites por los que los directivos se podían desgravar el plan de pensiones. De este modo, lo que hacía la caja era soportar los costes fiscales que correspondían a los directivos. Esta maniobra le costó a la entidad un total de 1,83 millones.

La cuarta y última maniobra irregular que relata el fiscal Sáiz tiene que ver con la indemnización de 4,8 millones de euros cobrada por Enrique de la Torre tras finalizar su etapa como secretario del Consejo de Administración de Caja Madrid en 2009. Blesa y Barcoj accedieron a reconocerle indebidamente el plan de incentivos y fidelización a largo plazo y el bonus de 2010, que no le correspondían. De la Torre cobró un exceso de 2,88 millones. El fiscal pretende que los devuelva al considerarlo partícipe a título lucrativo. Es decir, que se benefició del fruto del delito cometido por sus superiores, sin saber que los fondos tenían un origen ilegal.

El caso de las retribuciones e indemnizaciones supuestamente ilegales de Caja Madrid, que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, es la última de las tres grandes causas penales surgidas de la gestión de la entidad madrileña y de su sucesora Bankia.

La más voluminosa de ellas, todavía en fase de investigación, es la que corresponde a la salida a bolsa de Bankia en julio de 2011 con los folletos de emisión con datos falseados. En ella, además de Blesa y Barcoj, se encuentra imputado, entre otros, el expresidente de Bankia Rodrigo Rato. Esta causa la instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

El mismo magistrado investigó la pieza de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, cuyo juicio encara la recta final este mes en la Audiencia Nacional. 65 consejeros y directivos de la entidad están acusados de emplear en gastos personales las tarjetas para gastos de representación que les había dado la caja. Entre 1999 y 2012, los beneficiarios de la tarjeta opaca al fisco realizaron pagos por 15,5 millones de euros, la mayoría en restaurantes, viajes y tiendas de lujo.