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El supervisor único impone multas por 1.000 millones desde su creación

La CNMC asegura que logra cobrar hasta un 80% de las sanciones pese al largo proceso judicial en el que se embarcan los expedientados

La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, el supervisor único creado por el Gobierno a finales de 2013, ha impuesto 145 multas por importe de casi 1.000 millones de euros. El regulador de los mercados admite la dificultad para cobrar las sanciones que impone porque las empresas recurren a los tribunales. No obstante, asegura que al final logra cobrar cerca del 80% de las sanciones impuestas tras la resolución de los recursos. La mayor parte de las multas se establecen por vulnerar cuestiones de competencia (40 expedientes) y por prácticas irregulares en el mercado de la energía (41).

José Mª Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
José Mª Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). EL PAÍS

Durante sus tres años de andadura la CNMC ha tenido una intensa actividad. Ha impuesto 145 multas por un importe de 966,2 millones de euros. El año más prolífico fue 2005 cuando estableció 64 sanciones por un importe de 627 millones de euros. El año pasado impuso el mismo número de sanciones pero estas fueron de menor cuantía (247 millones en total).

A pesar del gran volumen de sanciones impuestas el supervisor tiene dificultades para cobrarlas. La mayoría de empresas y carteles recurren a los tribunales los expedientes. Primero presentan recursos ante la Audiencia Nacional y posteriormente si pierden en esta instancia acuden al Tribunal Supremo. Los expedientes tardan entre siete y ocho años de media para resolverse en los tribunales. Desde el supervisor, explican que durante el tiempo en que las multas están pendientes de confirmación por ambas instancias judiciales, las empresas tienen que avalar esas cantidades y mantener los gastos que generan esas garantías. El dinero que recauda la CNMC va a parar a las arcas del Tesoro Público.

El año más prolífico para el supervisor único fue 2015 entre otras cosas porque impuso las multas más elevadas. Entre ellas destaca la que estableció en el verano de ese mismo año contra 21 fabricantes y distribuidores de coches por intercambiar información. El organismo les impuso una sanción de 171 millones de euros al considerar que las marcas de automóviles constituyeron un cartel para limitar la competencia y reducir los descuentos que ofrecían a los compradores de coches. Ha sido la mayor multa impuesta por el supervisor único hasta la fecha. Casi todas las grandes marcas de coches resultaron implicadas. Los fabricantes General Motors y Ford fueron los que recibieron la mayor sanción de más de 10 millones de euros cada una.

Multas impuestas

La investigación también salpicó a 95 concesionarios del grupo Volkswagen, Audi y Seat por pactar precios y otras condiciones comerciales en secreto entre 2006 y 2013. En este caso, la multa ascendió a 41 millones de euros.

Otra de las sanciones más sonadas se produjo en la primavera del año pasado cuando el organismo presidido por José María Marín Quemada anunció el establecimiento de una multa de 128 millones a siete empresas de pañales por inflar precios. La institución acusó a las firmas afectadas de pactar desde 1996 sobrecostes en los paquetes que financia la Seguridad Social para pacientes no hospitalizados.

Ese mismo año, Competencia sancionó con 98 millones de euros a 39 empresas y tres asociaciones del sector de gestión de residuos y saneamiento urbano como limpieza, gestión de zonas verdes y tratamiento de aguas. Tras una profunda investigación, el supervisor probó que estas empresas habían pactado precios, condiciones comerciales y habían alcanzado acuerdos de no agresión entre 2000 y 2013.

La actividad del organismo único de supervisión ha sido muy intensa durante este periodo en el que ha impuesto 27 sanciones por constitución de cartel. Es decir, cuando varias empresas acuerdan la fijación de precios u otras condiciones comerciales para repartirse el mercado.

Principales multas por año

Multa a directivos

Entre las novedades que el organismo puso en marcha el año pasado destaca la apertura de expedientes sancionadores a directivos de empresas responsables de crear carteles con multas. La institución ha fijado tres multas que afectan a los directivos de las empresas implicadas. Además, de expedientar a los ejecutivos del citado cartel de pañales, también sancionó a los directivos de Prosegur y Loomis por repartirse el marcado de transporte de fondos. También castigó a otros nueve directivos de empresas que contrataban con Adif por repartirse adjudicaciones.

La CNMC, asimismo, ha establecido 40 sanciones que afectan al sector de la energía. Entre estas destaca la que impuso en 2014 a Nuclenor, la firma que gestiona la Central Nuclear de Santa María de Garona, por el cierre sin autorización de la central.

Además, durante los últimos tres años, el organismo ha acordado 16 sanciones a empresas del sector de las telecomunicaciones. La mayor parte de ellas a operadoras telefónicas por uso inadecuado de la numeración o por dificultar la portabilidad.

La CNMC ha estado especialmente vigilante con el sector audiovisual al que ha impuesto 31 sanciones, 17 de las cuales han recaído sobre Mediaset por vulnerar la Ley de Comunicación Audiovisual o incumplir la legislación en materia de contenidos publicitarios.

Unión y segregación del organismo

En octubre de 2013, el Gobierno del PP agrupó en un solo organismo a los reguladores de los mercados liberalizados de la energía, las telecomunicaciones, el servicio postal, la regulación ferroviaría, al supervisor de la competencia y al consejo de medios audiovisuales. El Ejecutivo del PP adoptó la decisión de crear la Comisión Nacional de los Mercados (CNMC) y la Competencia frente al criterio de Bruselas, que dudaba de la independencia del nuevo organismo.

Tres años después el Ejecutivo del PP ha acordado con Ciudadanos segregar el organismo que preside José María Marín Quemada en dos instituciones: una dirigida a supervisar la competencia y otra a regular los mercados.

Las tensiones internas entre consejeros de la institución y la contundencia con la que la institución ha actuado contra los operadores económicos, entre otros motivos, han provocado que ahora se estudie su división en dos órganos.