Las empresas se rebelan contra los nuevos impuestos del Gobierno
Piden reunirse con la CNMV y el Instituto de Contabilidad para aclarar aspectos que consideran que pueden afectar al beneficio o a los dividendos
Los nuevos impuestos a las empresas que ha aprobado el Gobierno han encendido las luces de alarma en el sector, que ha pedido reunirse con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) para aclarar su aplicación. José Luis Feito, presidente del Instituto de estudios Económicos (IEE) e ideólogo de la patronal CEOE, cree que “estas medidas frenarán la economía, que crecerá el 2,3% en 2017 en lugar del 2,5%. Y se crearán 92.000 empleos menos”. Los nuevos impuestos “provocan inseguridad jurídica y pérdida de competitividad”, afirma el Círculo de Empresarios. El Ejecutivo lo niega y afirma que serán neutrales.
El Gobierno se ha visto obligado a presentar un plan creíble de reducción del déficit ante Bruselas, después de los continuos incumplimientos de los años anteriores. Para afrontar el ajuste, Rajoy preparó medidas fiscales, ya aprobadas en el Congreso, con las que ingresará hasta 7.500 millones más. De este montante, 4.655 millones llegarán por cambios tributarios en la modificación del impuesto de sociedades. La medida llega solo un año después de hacer una reforma fiscal que rebajó el tipo del impuesto de sociedades del 28% al 25% para que las empresas tuvieran más margen para crear empleo. Y después de comprometerse a bajar más los impuestos en la pasada campaña electoral.
Las organizaciones empresariales creen que la aplicación de estas medidas supone un cambio drástico en el cierre contable y fiscal de las empresas, “con carácter retroactivo”, señala Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo. Diferentes empresarios y expertos consultados consideran que algunos aspectos fiscales y contables de la reforma son discutibles por lo que han pedido aclaraciones ante la CNMV y el ICAC. Las grandes auditoras quieren unificar criterios que impidan problemas en el cierre de este ejercicio.
Sobre las medidas, Vega de Seoane apunta que reducirá el efectivo en las empresas, “y no hay que olvidar que muchas sociedades mueren por falta de efectivo. Ahora se deberá devolver un dinero con el que no contaban las empresas… El Gobierno conseguirá su objetivo de déficit, pero la medida le saldrá cara en confianza y en pérdida de competitividad”. Y concluye: “Creo que Cristóbal Montoro es un buen ministro de Hacienda, pero está demasiado enfocado en la recaudación”.
Menos deducciones y cambios repentinos
Las nuevas normas fiscales impedirán que este año las empresas se puedan compensar las pérdidas de años anteriores con hasta el 60% de la base imponible. A partir de ahora sólo será el 25% de la base para los que facturen más de 60 millones y el 50% para las que están entre 20 y 60 millones.
Además, para las multinacionales se ha fijado un límite del 50% de la cuota íntegra del impuesto para la aplicación de deducciones por doble imposición. Las medidas también incluyen algunos cambios contables, que pueden tener efectos relevantes en las empresas.
Por otro lado, Hacienda exigirá que las sociedades que en el pasado se hubieran deducido el deterioro de participaciones en otras entidades tributen en los próximos cinco años, al margen de que se haya generado o no un beneficio o haya existido un incremento de los fondos propios. De esta manera, se está obligando a revertir el deterioro, aunque no exista una mejora económica real de la empresa. Hacienda prevé recaudar 2.000 millones con esta medida.
En esta línea, otros empresarios consideran que estas medidas contraerán las inversiones en bienes de equipo, la generación de empleo y podrían limitar el reparto de dividendos. Todas las empresas están afectadas, según estas fuentes, aunque en diferente medida. Las que generan más efectivo y tienen elevados resultados, sortearán mejor las medidas mientras que las que se llevan la peor parte son los grandes grupos con presencia internacional, sobre todo si han tenido pérdidas en ejercicios pasados y contaban con estas deducciones.
El IEE explica que existe una subida real de impuestos “aunque no se vean afectados los tipos nominales, (el porcentaje de retención en sí), ya que se establecen nuevos límites a la deducibilidad en las bases imponibles y se regula el límite a la compensación de bases imponibles negativas para aquellos negocios con una facturación superior a 20 millones”.
Ante esta situación, la CEOE no ha ahorrado críticas al PP: “Lo que hace el Gobierno es la alternativa fácil de elevar impuestos, en vez de reducir el gasto no productivo de la Administración; es una política cortoplacista y de escaso recorrido. Esto permitiría reducir el déficit sin tener efectos negativos sobre el crecimiento de las empresas y el aumento del empleo”.
Además, la patronal cree que el anuncio de nuevas normas fiscales y contables de aplicación inmediata en la última parte del año, “afectan, en muchos casos, a decisiones de inversión tomadas hace meses y hacen imposible cualquier tipo de previsión de los costes fiscales de las empresas o la valoración de inversiones a realizar. Esta inseguridad, unida a la alta presión fiscal, crea en nuestro país un entorno desfavorable a la inversión tanto nacional como extranjera que se pone más de relieve frente a los anuncios, en otros países, de una reducción de la fiscalidad empresarial. Estamos muy preocupados por el nuevo paquete de medidas fiscales tomadas por el Gobierno. Creemos que provocan desconfianza e inseguridad jurídica porque son retroactivas. La falta de confianza de los inversores es un asunto clave para el crecimiento económico".
"Tienen efecto neutral"
Cristóbal Montoro, que contó con el apoyo del PP y el PSOE, frente a la abstención de Ciudadanos y el PNV, así como el voto en contra del Podemos, defendió que el alza del impuesto sobre sociedades es la forma “más neutral” para elevar los ingresos.
Montoro afirmó que son “medidas necesarias” para poder cumplir el objetivo de déficit del 3,1% comprometido con Bruselas para el año que viene, que supone recortar unos 14.000 millones, y se hace de la “mejor forma” y con “gran esfuerzo” para “consolidar” la recuperación económica y la creación del empleo.
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