210 mujeres atrapadas en el despido interminable

La especulación financiera e inmobiliaria se ha tragado el empleo, los salarios y la indemnización por despido de Nieves, Esther y Manuela. Ellas y otras 207 extrabajadoras del Grupo de Empresas Álvarez (GEA), una gran empresa gallega de cerámica que quebró en 2001, vendieron los terrenos de las fábricas para poder cobrar el dinero que se les debía pero, pasados 15 años, aún no lo han conseguido. Las afectadas reclaman al comprador de la finca, el magnate Luis Fernández Somoza, uno de los 50 españoles más ricos, casi 2,5 millones de euros, unos 70.000 euros cada una, la compensación por un “traumático” conflicto laboral que se ha vuelto interminable.

Estas tres mujeres de Pontevedra y sus 1.060 compañeras de GEA perdieron su puesto de trabajo en 2001 porque las arcas de la histórica empresa de porcelana a la que servían desde niñas se quedaron vacías tras el paso de varios tiburones financieros. Lo único que quedó en la compañía fueron dos espléndidas parcelas en las parroquias de Cabral y Coruxo, en Vigo, que, con la burbuja inmobiliaria inflándose sin descanso, llevaron al millar de despedidos a confiar en cobrar de ahí sus salarios e indemnizaciones.

El suelo, un total 170.000 metros cuadrados, fue repartido en tres partes e Inversiones Subel, la empresa de Fernández Somoza, se quedó con una. El contrato que firmó el sindicato CIG en representación de un grupo de 210 trabajadoras establecía que la inversora pagaría primero 650.000 euros por el valor de ese terreno como solar industrial y después, cuando fuera recalificado a residencial, abonaría 2,3 millones más. Este segundo pago es el que nunca llegó, pese a que la recalificación se hizo realidad con el plan urbanístico aprobado en Vigo en 2008.

El dinero de Nieves, Esther y Manuela está atrapado en una tupida maraña inmobiliaria y judicial. Tras aprobarse el plan urbanístico que supuestamente culminaba el contrato firmado con las extrabajadoras de GEA, Inversiones Subel emprendió un pleito con el Ayuntamiento de Vigo porque le disgustó el porcentaje de viviendas sociales que el documento le obligaba a levantar. Los tribunales fallaron a favor de la corporación local cinco años después, en 2014, momento que aprovecharon las operarias despedidas para reclamar sus salarios e indemnizaciones ante la justicia. Para complicarlo todo un poco más, el plan de ordenación urbana vigués ha sido recientemente anulado por el Tribunal Supremo.

Los fondos de las trabajadoras de GEA se han atascado además en un aparente absurdo legal. Una sentencia de un juzgado de A Coruña dio en 2015 la razón a Inversiones Subel y consideró que Somoza había pagado todo lo pactado porque depositó en el juzgado esos 2,3 millones que faltan cuando firmó el contrato en 2002. Sin embargo, las trabajadoras muestran a este periódico un certificado judicial en el que consta que la empresa retiró ese dinero solo seis meses después. Con ese papel las afectadas presentaron el pasado 14 de noviembre una nueva demanda judicial para que Inversiones Subel consigne los fondos desaparecidos.

“El señor Somoza nos dijo en una reunión hace tres años que teníamos razón pero que iba a dejar pasar el tiempo… Hemos ido varias veces a la sede de la empresa en A Coruña pero ahora ya ni siquiera nos recibe y la policía nos echa de allí”. Esther García Lorenzo, que en 2001 se quedó en la calle con 44 años y tres hijos y que ahora sobrevive con una ayuda de 426 euros, reclama 47.000 euros al expresidente de la empresa de transportes Azkar, dueño de una fortuna estimada en unos 700 millones. Cuenta que en aquel encuentro de hace tres años, el propietario de Inversiones Subel les dijo que “no les podía pagar” y les invitó a firmar un papel en el que zanjaba la deuda pagándoles “menos de la mitad de lo pactado”. “Mira hasta dónde llega la ignorancia de gente como yo que ese día hasta me dio pena”, añade Esther con amargura. Inversiones Subel ha declinado dar su versión a este periódico.

GEA llegó a ser el primer grupo cerámico de España, con más de 5.000 empleados, cinco fábricas, 30 puntos de venta y unas vajillas de fina porcelana que le daban empaque a restaurantes de lujo, hogares adinerados y aparadores de mansiones aristocráticas. “¡Qué alegría era aquella fábrica llena de crías de 14 años!”, suspira Nieves Pérez sobre sus inicios. Cuando llegó el hundimiento, las operarias fabricaban las tazas “con los ojos cerrados, pero nada más”. “Entramos con 14 años y fuimos a la escuela lo justo. A la mayoría les fue imposible encontrar otro trabajo después”, apunta Manuela Novoa.

La agonía de GEA fue larga. En manos del INI desde principios de los ochenta, el Gobierno de Felipe González inyectó 75 millones de euros en la histórica empresa para rescatarla, despidió a dos tercios de la plantilla y se la vendió luego por 600.000 euros a la sociedad valenciana Estudesa. Las operarias pasaron meses sin cobrar, se quedaron sin pagas extra e intentaron defender sus empleos con marchas y acampadas en Santiago, Vigo y Madrid. “Lo pasamos muy mal pero no nos hicieron ni caso”, recuerda Esther, que llegaba con moratones a casa por las cargas policiales. “Es una tristeza llevar esta historia a la espalda, pero solo pedimos lo que es nuestro. Pienso seguir yendo a Inversiones Subel hasta que no pueda más”.