El PP desbloquea la investigación del fiasco de las cajas gallegas tres años después
El partido de Feijóo reabre las pesquisas sobre responsabilidades políticas pero veta que se indague en la venta de NCG a Banesco
![Sonia Vizoso](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fc07e3d08-8e8a-499e-824e-e62eba2e6ba1.png?auth=d33bb39b63dbf55bb406e9a53fe3fbce1ad155887b48038f8916443ea7670de6&width=100&height=100&smart=true)
![Feijóo celebra la fusión de las cajas con sus gestores.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/KGIJ6Z7NQHLHFAKGJTWEZDMAVI.jpg?auth=2d6d8c96330f9bee0f97cdb2afda809bfd3527c2778c6c7c03c670c22bb3da76&width=414)
41 meses después de celebrarse las comparecencias, con la entidad ya privatizada y sus gestores condenados por apropiación indebida, la comisión de investigación del Parlamento gallego sobre la desaparición de Caixa Galicia y Caixanova resurgirá de sus cenizas para "intentar" redactar unas “conclusiones razonables” sobre el mayor fiasco financiero de la historia de Galicia. El PP ha confesado durante el pleno de este martes que paralizó intencionadamente las pesquisas en el verano de 2013 y durante más de tres años, con elecciones autonómicas de por medio, y ha alegado que lo hizo para favorecer la recapitalización y venta de Novagalicia Banco (NCG), la entidad nacionalizada que nació de la fracasada fusión de las dos cajas.
Los populares de Alberto Núñez Feijóo han permitido con su mayoría absoluta que se retomen ahora aquellos trabajos sobre el negro periodo entre 2005 y 2009, pero han vetado que las indagaciones se actualicen y amplíen a la venta de la entidad a Banesco a finales de 2013, la operación de la que surgió Abanca. El banco de Juan Carlos Escotet se hizo en una subasta con la entidad que controla la mayor parte del ahorro de los gallegos por 1.003 millones de euros, una cantidad que recuperó con creces con los 1.157 millones de beneficios que obtuvo en 2014, su primer año de gestión.
Ha sido el portavoz del PP, Pedro Puy, quien ha asumido las culpas por la paralización de la investigación parlamentaria sobre la fusión de las cajas que pilotó la Xunta. “Soy yo el responsable”, ha proclamado uno de los diputados de mayor confianza de Feijóo sobre “la decisión de enfriar el debate” de aquella intensa comisión en la que comparecieron decenas de personas, entre ellas los máximos dirigentes de las difuntas Caixa Galicia y Caixanova, José Luis Méndez y Julio Fernández Gayoso, este último condenado a dos años de cárcel por las prejubilaciones millonarias que cobraron los directivos de la caja fusionada. Puy ha esgrimido que su intención era “no interferir” en la recapitalización de la entidad y favorecer que Abanca comenzase a funcionar “sin ruido”.
El viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, se ha declarado en estado de “shock” ante la confesión del PP. “Esta es la continuación de la historia de una macroestafa”, ha resumido el diputado nacionalista, quien ha recordado los documentos que la Xunta ocultó a aquella comisión, los 8.550 millones de euros de dinero público que “se perderán” tras la privatización de NCG Banco por parte del Frob y la “descapitalización y negocio rápido” que están haciendo los dueños de Abanca con la venta de activos como la empresa de telecomunicaciones R.
El socialista Abel Losada ha denunciado la "utilización espuria de las instituciones por parte del PP” y ha incidido en que la oposición comenzó en 2010 a reclamar la apertura de la comisión de investigación sobre las cajas, una demanda que los populares tardaron dos años en aceptar. Para Ana Pontón (BNG) el PP “ha hecho perder de manera deliberada un tiempo precioso para conocer la verdad" sobre la ruina de la principal entidad financiera de la comunidad.
Tras el parón de tres años, las pesquisas sobre las responsabilidades políticas de la funesta gestión de las cajas no serán siquiera actualizadas. PSOE y BNG han presentado una propuesta parlamentaria para que la resucitada comisión investigue también la “venta ruinosa” de NCG. Los populares han frenado, sin embargo, esta solicitud, apoyada por toda la oposición, un veto que la líder del Bloque ha atribuido a que Feijóo no tiene “la conciencia tranquila”. Las pesquisas de los diputados, finalmente, deberán ceñirse, una década después, a lo ocurrido entre 2005 y 2009.
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