¿Es seguro el dinero electrónico?
Una protección al consumidor eficaz es imprescindible para alcanzar una inclusión financiera sostenible
En 2014 sólo el 54% de los adultos en economías en desarrollo tenía una cuenta bancaria, según datos del Banco Mundial. Y este porcentaje es aún menor en algunas regiones, llegando al 14% en Oriente Próximo. Dada la importancia del acceso a servicios financieros para el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza, la inclusión financiera se ha convertido en una prioridad para muchos Gobiernos. En el entorno de transformación digital que atraviesa la industria, servicios financieros digitales como el dinero electrónico se presentan como una palanca de cambio.
El dinero electrónico es un instrumento financiero que permite al usuario realizar pagos y transferencias con el móvil u otro dispositivo electrónico. El cliente acude a un establecimiento del emisor de dinero electrónico, al que entrega una cantidad de dinero físico. Este se convierte en una cantidad equivalente de dinero virtual almacenado en el dispositivo electrónico, pudiendo convertirse de nuevo en dinero físico a solicitud del cliente. El dinero electrónico permite a la población no bancarizada realizar transacciones de manera fácil y conveniente, pero también conlleva riesgos para los usuarios. Varios países han implementado medidas para mitigar el riesgo de que el cliente pierda su dinero si el emisor quiebra (riesgo de insolvencia) o de que no pueda reconvertir el dinero virtual en físico a demanda (riesgo de liquidez).
Para mitigar el riesgo de liquidez se impone a los emisores de dinero electrónico la obligación de mantener un importe equivalente al 100% de los fondos en inversiones seguras y líquidas. Esto generalmente implica que, en el caso de instituciones no bancarias, el emisor de dinero electrónico deposita la suma de los fondos de sus clientes en uno o más bancos. Sin embargo, esta medida puede no ser suficiente para garantizar la integridad de los fondos si quiebra el emisor de dinero electrónico. Para hacer frente a esta posibilidad, los reguladores han adoptado diferentes mecanismos para aislar los fondos de los clientes de los activos del emisor.
Pero la quiebra del emisor no es el único riesgo al que se enfrentan los clientes de dinero electrónico. Una vez que el emisor deposita los fondos en una cuenta bancaria, entra en juego el riesgo de insolvencia del banco. La protección frente a esta eventualidad dependerá de los requerimientos de capital impuestos sobre el emisor y del número de bancos entre los que se repartan los fondos, dado que en general las cuentas de dinero electrónico no están cubiertas por el sistema de garantía de depósitos. Aunque de momento la efectividad de estas medidas no se ha comprobado lo suficiente en la práctica como para poder identificar la solución óptima, es evidente que una protección al consumidor eficaz es imprescindible para alcanzar una inclusión financiera sostenible.
Lucía Pacheco es analista de BBVA Research.
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