Los expertos piden que Navarra y País Vasco aporten más a la hacienda común

Un grupo de expertos en financiación autonómica pide que se acabe con las excepciones y complicaciones que existen en el reparto de dinero entre comunidades y que producen muchas desigualdades entre regiones. Y una de esas excepciones son las comunidades forales de País Vasco y Navarra, que deberían aportar algo más a la hacienda común. Eso sí, también reclaman que el nuevo reparto se haga de una forma gradual para no producir enfados. "Los tratamientos forales pueden respetarse siempre que se hagan bien los números del cupo y se aplique el principio de gradualidad", ha afirmado el director de Fedea, Ángel de la Fuente.  

El think tank Fedea y la Fundación Olof Palme han reunido un conjunto de economistas y políticos por toda España para deliberar sobre uno de los asuntos más peliagudos de esta legislatura: la postergada reforma de la financiación autonómica. Y fruto de esas reuniones han consensuado unos principios para elaborarla que llevarán al Congreso. El primero de todos: que el nuevo sistema sea sencillo y transparente, de forma que lo pueda entender cualquier ciudadano.

Y el segundo más importante consiste en que haya unos criterios más igualitarios de reparto. El sistema de financiación funciona como un fondo en el que las comunidades ricas ponen más de lo que reciben y las pobres dan menos de lo que ingresan. Sin embargo, luego se corrige con muchos factores, en ocasiones introducidos por consideraciones políticas, que oscurecen y alteran los resultados hasta el punto de acabar con una distribución bastante desigual. De modo que los expertos abogan porque se haga un reparto más igualitario. Lo ideal sería que fuese exactamente igual por habitante considerando algunos factores que encarecen la prestación de servicios como el envejecimiento, la presencia de niños o la dispersión de la población. Sin embargo, la igualación total se estima difícil de conseguir. Así que al menos se pide que ninguna comunidad aportadora neta quede por debajo del puesto en el que estaba antes del reparto de fondos. Es lo que se llama el principio de ordinalidad.

Como explica Anna Balletbò, presidenta de la Fundación Olof Palme, "al aplicar la ordinalidad se comprimiría el reparto y todos quedarían más igualados, pero no se cambiaría el orden". Es decir, se establece un tope a la solidaridad; se consigue que la diferencia entre la comunidad que más recibe y la que menos sea pequeña; se hace una concesión a las peticiones catalanas y se incluye una idea que introdujo el PSOE en la declaración de Granada. "Hemos intentado articular un sistema en el que se encuentren cómodos todos, incluida Cataluña”, ha comentado Balletbó.  

Las propuestas también incluyen otro factor que contentaría las habituales quejas catalanas: tener en cuenta los precios que hay en cada región a la hora de calcular el coste de prestar los servicios. Eso favorecería a autonomías como Cataluña o Madrid, donde los precios son más elevados.

Los expertos defienden además que se refuerce la responsabilidad fiscal y que las comunidades ganen, por lo tanto, una mayor autonomía para disponer de sus ingresos siempre que se les exija un mayor control del gasto. "Si una comunidad quiere más recursos, que asuma el coste de pedírselo a los ciudadanos con más impuestos", ha declarado De la Fuente.