Dimite en bloque el equipo directivo del primer banco portugués

El presidente ejecutivo de la Caixa Geral de Depósitos (CGD), el primer banco de Portugal, dimitió en la noche del domingo, apenas tres meses después de su nombramiento. António Domingues se negó a que su declaración de bienes fuera divulgada, tal como había negociado con el Gobierno como condición para su contratación. No obstante, una ley aprobada el jueves, que unió al centro derecha con la extrema izquierda, obligaba a su divulgación. Domingues no ha aceptado la falta de compromiso del Gobienro y dimitió.

Domingues pasará a la historia como el presidente de CGD más breve. Duraron más las negociaciones para su fichaje que su mandato. Juró el cargo el último día de agosto y ayer dimitió. En este tiempo todo ha sido una retahíla de polémicas, desde la cuantía de su sueldo, a la negociación en Bruselas del plan de recapitalización de la Caixa cuando Domingues aún era directivo de BPI.

Caixa Geral de Depósitos es el primer banco del país, con una cuota de mercado del 23%, y además 100% público. Sus reiteradas pérdidas económicas han obligado a continuas inyecciones de capital público, la penúltima en 2013 y la última, ahora, con más de 5.000 millones de euros.

A diferencia de los anteriores gestores del banco público, supeditados al poder político, el Gobierno socialista fue a buscar a un profesional de la banca privada para dirigir CGD. En marzo se ofreció el cargo a Domingues, vicepresidente del BPI, aspirante a dirigirlo hasta que la entrada de CaixaBank le dejó sin esperanzas, y que además estaba a punto de cumplir los 60 años, con lo cual podría cobrar su plan de jubilación.

Domingues aceptó el cargo después de que el Gobierno aceptara sus tres condiciones: la primera que el banco era público, pero que su sueldo no. Fin al tope salarial de los empleados públicos; para ello, el Gobierno socialista acabó con esa norma y Domingues pasó a ganar 423.000 euros brutos, el doble que el anterior presidente, y un 50% más en pluses, una remuneración similar a la que recibía en BPI. Además, comenzaba a cobrar su pensión mensual de BPI.

La segunda condición era que el plan de recapitalización pública de CGD no fuera considerado ayuda del Estado, lo que obligaba a la supervisión continua de Bruselas. El mismo Domingues, aún estando en BPI, se encargó de negociar el plan de recapitalización de CGD. Esta dualidad de funciones, mantenida en secreto por el Gobierno, saltó a la luz pública esta misma semana, lo que amplió las críticas de los propios socios del Gobierno, el PC y el Bloco, hacia el Ejecutivo.

Su nombramiento generó polémica desde el primer día, al doblar el sueldo de su antecesor

Y su tercera condición era la no divulgación de su declaración de bienes. Esta condición es la que ha creado una polémica durante meses, con intervención del Tribunal Constitucional y del presidente del país, y la que, finalmente, le ha llevado a Domingues a dimitir.

Derrota del partido socialista

PCE y Bloco criticaron la subida del sueldo de Domingues y todo su equipo, pero no se votó en el Parlamento; la segunda brecha fue con la dualidad de funciones de Domingues, pero ya con la tercera, los puentes entre Bloco y Gobierno se rompieron. El jueves el Bloco de Esquerda se alineó con PSD y CDS para aprobar en el Parlamento una ley que exigía explícitamente la divulgación de los bienes de los empleados públicos.

El primer ministro promete un sustituto para esta misma semana

El partido socialista fue derrotado pese a contar con el apoyo del PC, que consideraba que esa obligatoriedad ya existía por ley. Hasta ahora, los empleados públicos depositan en el Tribunal Constitucional las declaraciones patrimoniales y, a petición del Parlamento, se divulgan. Domingues y su equipo no tenían inconveniente en entregar sus declaraciones, pero con la garantía de mantenerlas en secreto hasta el final de su mandato. La nueva ley -que Domingues consideró que se hacía exclusivamente contra él- precipitó su decisión.

En estos meses de polémica, Domingues fue constatando que el Gobierno le dejaba solo ante su suerte. El ministerio de Finanzas negaba cualquier compromiso y el primer ministro, António Costa, le echaba a los leones: "Todos tienen que cumplir la ley", afirmó hace unos días. Y además, aclaró: "La principal tarea de la Administración de CGD (negociar con Bruselas la recapitalización del banco), ya está hecha". Efectivamente, un logro personal de Domingues cuando aún era directivo de BPI.

En la mañana del lunes, el primer ministro lamentó la salida de Domingues: “El Gobierno lamenta esta decisión pero en democracia tenemos que respetar la ley aprobada por la Asamblea de la República, incluso cuando no estamos de acuerdo con ella".

Domingues se siente traicionado por Costa y su ministro de Finanzas, Mário Centeno, y el equipo que él llevó a CGD, también. Entre ellos, hay tres consejeros no ejecutivos extranjeros, el alemán Herbert Walter, el angoleño Emidio Pinheiro, expresidente del Banco de Fomento de Angola, y el español Ángel Corcóstegui, quien se jubiló en el Banco de Santander con una pensión de 110 millones de euros y que tiene la residencia en Portugal para beneficiarse de un régimen fiscal más generoso con los extranjeros. Serían estos tres consejeros no ejecutivos los más opuestos a dar su declaración de bienes al Tribunal Constitucional.

En la mañana del lunes, seis de los diez directivos que llevó Domingues al CGD también comunicaron su dimisión a la CMVM, entre ellos Corcóstegui, y los otros cuatro se lo están pensando.

Domingues seguirá en el cargo hasta diciembre, según ha comunicado el ministerio de Finanzas. Entre sus posibles sustitutos se barajan el presidente de la CMVM, Carlos Tavares, que espera su relevo desde hace seis meses, y el ministro de Salud del anterior Gobierno de centroderecha, Paulo Macedo. Esta misma semana se conocerá el relevo de Domingues como presidente ejecutivo de CGD.

Para que la situación de CGD fuera aún más rocambolesca, en la tarde del lunes, el Tribunal Constitucional ha confirmado la entrada de las declaraciones patrimoniales de Domingues y varios consejeros de su equipo, con el fin de refutar la idea transmitida por su valedor, el Gobierno, de que no quería cumplir la ley. Al final, la renuncia de Domingues es un desencuentro entre las promesas que le hicieron el primer ministro y el titular de Finanzas y el compromiso recibido una vez que asumió el cargo hace menos de tres meses.