Empleo asumirá los 1.900 millones que cuestan las reducciones de cuotas
La ministra de Empleo anuncia en la Comisión del Pacto de Toledo que el Estado compensará las reducciones de cotización a la Seguridad Social
Los responsables del Ministerio de Empleo repiten con obstinación que con 20 millones de afiliados se resuelve buena parte del problema de financiación de la Seguridad Social. La titular del departamento, Fátima Báñez, ha insistido en ello ante la comisión del Pacto de Toledo. Pero en el mismo discurso proclamó, de forma genérica, que el Ejecutivo está dispuesto a que los Presupuestos aumenten los recursos para pensiones: haciéndose cargo del coste de las tarifas planas de cotización (1.900 millones), asumiendo prestaciones como las de orfandad y viudedad y estimulando que los autónomos coticen más. Esto supone admitir de forma implícita que solo con empleo no se resuelve el problema del gasto creciente de la Seguridad Social.
En los años anteriores, las estrecheces presupuestarias y las políticas de austeridad daban poco margen al Gobierno para financiar las ayudas al empleo indefinido y a los autónomos con las tradicionales —ejecutivos de todos los colores lo han hecho— y poco eficaces —demostrado reiteradamente por economistas— bonificaciones. Así que optó por la reducción directa de cotizaciones a través de las llamadas tarifas planas. A la postre, estas medidas iban contra el Fondo de Reserva porque la Seguridad Social no ingresaba todo lo que teóricamente tocaba por cotizaciones y eso lo asumía la hucha de las pensiones.
Durante los últimos años, estas medidas han sido muy criticadas por sindicatos y oposición. Y la ministra Báñez, en la comparecencia que inauguraba oficialmente los trabajos del Pacto de Toledo para una nueva reforma de pensiones, a pesar del rifirrafe parlamentario, se acercó a ellos al anunciar que su departamento está dispuesto a “transformar las reducciones de cotización en bonificaciones”. Esto, con los datos de 2015, supone que se haría cargo de 1.922 millones.
Pero este dinero no bastaría para cerrar el déficit de la Seguridad Social, que en 2016 puede llegar a 18.000 millones. Para taponarlo, Báñez enunció de forma superficial otras propuestas. Una es “avanzar en la separación de fuentes de financiación”, lo que se traduce, aclaró después, en que los Presupuestos asuman las pensiones de viudedad y orfandad. Solo asumir las primeras plenamente supondría que los Presupuestos cargaran con 14.500 millones que ahora se pagan con cotizaciones.
Un sistema “garantizado”
La tercera propuesta busca estimular que los autónomos coticen más de lo que lo hacen ahora. Aunque su propuesta es que esto sea “voluntario”.
Hasta aquí las propuestas. Báñez dedicó la mayor parte de su intervención a señalar que “el problema principal que atraviesa nuestro modelo de pensiones está derivado de la pérdida de 3,5 millones de empleos”, a defender su gestión y a tranquilizar a la ciudadanía ante la fuerte bajada de recursos del Fondo de Reserva. “La garantía del sistema es el Estado”, quiso zanjar.
Precisamente por la reducción constante del dinero del Fondo de Reserva, Báñez escuchó críticas de la portavoz del PSOE, Mercè Perea, quien le achacó un uso “irresponsable” del mismo. La socialista también reprochó a la ministra que busque ahora el consenso por necesidad y estar “en modo elecciones en mayo”. El adjetivo “irresponsable” también fue usado por la portavoz del grupo Unidos Podemos-En Comú, Aina Vidal, que reclamó actuar de forma urgente sobre los ingresos. En este punto, Carles Campuzano, del Partido Demócrata Catalán, antigua Convergència, se mostró dispuesto a hablar de ingresos, pero no a que eso suponga la creación de un nuevo impuesto, lo que Báñez vino a descartar en los pasillos del Congreso.
El objetivo compartido por todos los grupos en el Pacto de Toledo es que haya rápido unas primeras recomendaciones —marzo o abril— que ataquen el problema de la financiación del sistema en 2017. Y, más adelante, un informe más completo con propuestas para el conjunto de la reforma.
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