La financiación de la viudedad irrumpe en la reforma de la Seguridad Social

El Pacto de Toledo se viste de largo. La comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el día 22, ante esta comisión parlamentaria en la que se debaten las reformas de pensiones supondrá el comienzo de un debate, que todos los grupos prevén frenético, para asegurar la financiación de una Seguridad Social que va camino de encadenar seis años en números rojos. Uno de los principales puntos del debate se prevé que sean las pensiones de viudedad y orfandad y si hay que pagarlas con presupuestos generales del estado o de cotizaciones. La idea la lanzó CC OO en 2013. Y el Gobierno, con los mismos responsables en esta nueva legislatura, recogió el guante en los últimos presupuestos.

En España hay 2,3 millones de pensiones de viudedad, que en un 92% reciben mujeres. Son bajas, la pensión media no llega a los 640 euros mensuales, y el 35% ya precisan de un complemento (los llamados “a mínimos”) porque lo cotizado no da para una paga mínima.

Pagar íntegramente de los presupuestos los casi 21.000 millones de viudedad (el Estado ya asume 6.500 millones de ellos por los complementos a mínimos), cerraría gran parte del agujero del instituto previsor, que este año rondará los 18.000 millones. A los parlamentarios de la antigua Convergència y al PNV les suena bien, aunque en el último caso matizan que eso no tendría que implicar un impuesto específico nuevo. Aina Vidal, portavoz en la comisión del grupo Unidos Podemos - En Comú Podem,  se muestra abierta a la propuesta “si se mantiene la financiación y no hay recorte”.

A Ciudadanos, en cambio, no les gusta como suena esta propuesta. Para el partido naranja, "no cambia mucho el problema abordar esto con impuestos". Tampoco muestra comprensión Mari Carmen Barrera, de UGT. La responsable de políticas sociales del sindicato lo rechaza. No entiende “la resistencia a financiar [todas] las pensiones contributivas con impuestos, como pasa en Europa”, una de las medidas que propone su sindicato. En una postura similar está el PSOE. En ambos casos late el temor de que si estas pensiones no se financian con cotizaciones –algo que probablemente se dilataría durante años-, dejen de ser contributivas, pasen a ser meramente asistenciales y eso conlleve recortes. Estos últimos pasos también lo rechazaba hace días un destacado miembro del Ministerio de Empleo.

Felipe Serrano, de la Universidad de País Vasco, es uno de los expertos en pensiones más firmemente partidarios de la medida. “Habría que dotarlas de una aportación finalista”, señala, lo que añadiría recursos a la Seguridad Social. Sí que advierte de que esta medida, que no cree que tenga que conllevar recortes, acabaría por convertir las prestaciones de viudedad en asistenciales. “El cambio no es tan inocuo”, se suma Sergi Jiménez, de la Universidad Pompeu Fabra, “si lo haces pasa a tener un criterio más asistencial”.

Daniel Hernández, director de la revista Economía española y protección social, discrepa de que un cambio en la fuente de financiación implique cambio de naturaleza. “[Eso] no significa que las pensiones tengan que tener el mismo diseño que en la actualidad”, continúa.

Y es que en paralelo a ese debate, enmarcado en los apuros financieros de la Seguridad Social, corre otro: ¿tendrán sentido en el futuro las pensiones de viudedad como están configuradas hoy? La ley de Seguridad Social actual nació en 1963, cuando la tasa de actividad femenina se situaba en el 20%. El objetivo era, como explica la profesora de la UNED, Elisa Chuliá, en un artículo en Política Exterior, “proteger, mediante modestas rentas vitalicias, a mujeres que mayoritariamente habían dedicado su vida al cuidado del hogar y de los hijos, y que sufrían un quebranto económico irreparable cuando fallecían sus maridos”.

Hoy la tasa de actividad femenina es del 53,6% y del 80% o más entre los 25 y los 50 años. Esto lleva a Chuliá a plantear el debate de si hay que cambiar en el futuro la configuración actual, a grandes rasgos similar a la de 1963, “sin que eso deba entenderse como una invitación a recortar gasto social o en viudedad”.

Bajando a lo concreto, Serrano, siempre con largos periodos transitorios de implantación, señala algunos puntos que pueden considerarse como que el derecho de percepción esté sujeto a no alcanzar un nivel mínimo de renta o que haya un límite mínimo de edad (en Europa es algo común y en España existió hasta 1972 el límite mínimo de los 45 años, excepto si había hijos). También habla de limitar la compatibilidad entre pensión y trabajo, algo que rechaza Jiménez.

Carlos Bravo, de CC OO, rechaza que sea el momento de abrir este debate. Defiende que un cambio de financiación solo supone eso. Nada más. “No cambia la naturaleza jurídica”. Y niega que mezclar la discusión. “Ahora se traba de equilibrar financieramente el sistema, el otro se dará en el futuro”, zanja. En este punto sí que coincide con Barrera, de UGT, que “admitiría abrir el debate en el futuro”, pero no de la mano de un cambio de naturaleza que “llevaría a una devaluación”.

Por su parte, Carles Campuzano, del ahora llamado Partido Demócrata Catalán, tampoco cierra la puerta a una redefinición futura de estas prestaciones, pero recuerda que hay que partir de las recomendaciones que el Pacto de Toledo hizo en su edición anterior en las que se apuntaba a la “suficiencia económica para las mujeres mayores que viven solas”.