El expresidente del Constitucional, Rodríguez-Piñero, en la comisión que analiza los fallos sobre temporales

El Gobierno ha decidido darle un perfil muy alto a la comisión que ha creado junto con los agentes sociales para estudiar cómo adaptar a la norma española los fallos de la justicia europea sobre los contratos temporales. Lo ha hecho nombrando como uno de los seis expertos que la integrarán a Miguel Rodríguez-Piñero, expresidente del Tribunal Constitucional (1992-1995), miembro del Consejo de Estado y catedrático de Derecho del Trabajo.

El otro integrante de la comisión nombrado por el Gobierno es Alfredo Montoya Melgar, también catedrático de Derecho Laboral y profesor en la Universidad de Murcia. Montoya Melgar será además el coordinador del grupo, según un comunicado del Ministerio de Empleo.

En total, la comisión cuenta con seis miembros. Los dos propuestos por los sindicatos son Joaquín Pérez Rey, designado por CC OO y profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, y José María Miranda Boto, por UGT y con la misma categoría en la Universidad de Santiago de Compostela. Las patronales CEOE y Cepyme, por su parte, han optado mandar a sus negociadores habituales: Jordi García Viña, su director de relaciones laborales, que además es catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Barcelona, y Teresa Díaz de Terán, su homóloga en la organización de las pymes.

La creación de la comisión se acordó en la reunión que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, mantuvo el pasado 17 de octubre con los líderes de UGT, Pepe Álvarez, CC OO, Ignacio Fernández Toxo, CEOE, Juan Rosell, y Cepyme, Antonio Garamendi. Su constitución llega con retraso, porque su dictamen tenía que estar listo un mes después de la comisión. No obstante, en este tiempo se ha celebrado la investidura y nombramiento del nuevo Gobierno.

La presencia de Rodríguez-Piñero es un signo de la importancia que el Gobierno da al problema que se le abrió en septiembre cuando el Tribunal de Justicia Europea falló en tres sentencias al mismo tiempo denunciando el abuso de la Admnistración en la contratación temporal y señalando el derecho de temporales e interinos a percibir la misma indemnización que los indefinidos al finalizar el contrato. Tiene un gran prestigio académico y desarrolló casi toda su carrera como profesor en Sevilla, donde creo una escuela de derecho laboral por la que han pasado otros catedráticos en la materia como Jesús Cruz Villalón, Federico Durán, Salvador del Rey o Fernando Moreno. También fue profesor del expresidente del Gobierno, Felipe González, y de los exministros de Trabajo y expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

A priori, la comisión no parece tener un trabajo sencillo. De las tres sentencias europeas que atacan la regulación y los abusos de la temporalidad en España, una de ellas, la que hace referencia al derecho de una trabajadora interina del Ministerio de Defensa a percibir indemnización al acabar su contrato y en su razonamiento viene a concluir que temporales y fijos tienen derecho a indemnizaciones iguales al finalizar la relación laboral (20 días por año trabajado), es compleja y polémica. Apoyándose en ella, los sindicatos ya han anunciado campañas para que los trabajadores temporales despedidos reclamen ante los tribunales las indemnizaciones correspondientes.

Y las sentencias ya han ido llegando. Primero fue la sentencia del Tribunal Superior de Madrid sobre una trabajadora interina del Minsiterio de Defensa, el caso que provocó el fallo europeo. Después han llegado otras dos sentencias del Tribunal Superior del País Vasco, una sobre un empleado del sector público y otro en el privado. También están comenzando a darse sentencias en los juzgados de primera instancia, ya ha habido dos en Asturias, una en Oviedo y otra en Aviles. En todos los casos, la decisión de los jueces está siendo equiparar al alza la indemnización de los trabajadores temporales que perdieron su empleo con la de los indefinidos. Es decir, fallar que la compensación debe ser la equivalente a 20 días por año trabajado.