Así se vende el tabaco de contrabando

Parecía un bazar más de la localidad gaditana de Puerto Real, uno de esos establecimientos en el que lo mismo hacen fotocopias que venden un refresco. Sin embargo, la Guardia Civil sabía que algo se escondía tras esa aparente normalidad. Hasta tres visitas les costó confirmar su sospecha. Lo que parecía un simple espejo, embutido en la pared del cuarto de baño, era la puerta a un zulo pertrechado con centenares de cajetillas de tabaco ilegal. La elaborada artimaña está lejos de ser una excepción para la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Falsas bombonas de butano, congeladores o dobles fondos de mostradores son algunas de las molestias que se toman en los establecimientos que participan de la red de contrabando ilegal de tabaco. Son el último eslabón de un fraude que, anualmente, le cuesta al Estado unos 900 millones de euros anuales, según cálculos de la tabacalera Altadis.

Ya en los años 90, la Agencia Tributaria, alertada por su inusitada y frenética actividad ilegal, puso el ojo en un vecino de Jerez. Era el mayor infractor por contrabando de España. Hoy, sus hijos continúan el negocio familiar y nutren un mercado que la Administración, las fuerzas de seguridad y las tabaqueras se empeñan en desbaratar cada año. Un reciente estudio, realizado por la Fundación Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Loyola Andalucía, apuntaba que la presión policial (además de la caída del consumo) ha hecho que la venta de cajetillas ilegales descienda un 2,4%, hasta situarse en el 8,2% del total de cigarrillos vendidos en España.

La bajada contrasta con el constante ascenso de la actividad registrada en los puntos de venta de tabaco de contrabando. En 2014, fueron 773 los establecimientos clausurados por las autoridades. Ya en 2015 la cifra de comercios cerrados subió a los 1.073. Tan solo de enero a mayo de este año ya se han cerrado 660 comercios. En esa cifra, como explica el delegado ejecutivo de la Agencia Tributaria en Andalucía, Jorge Ramírez, se incluyen solo los cierres ejecutados, no los que aún están en trámite. Todo parece indicar que 2016 acabará con un nuevo aumento, aunque Ramírez prefiere “no aventurarse”. Sí se muestra claro en una tendencia: Andalucía siempre lidera los números del contrabando de tabaco. De los 660 establecimientos cerrados este año, 459 están en la región, el 69% del total. En buena medida, se debe a que 53,8% del tabaco ilegal que entra en España lo hace por Gibraltar, según un informe de la consultora Ipsos para Altadis. “Es como una diana con Gibraltar en el centro y, a partir de ahí, se van trazando círculos concéntricos de acción”, explica el delegado ejecutivo.

Andalucía a la cabeza

Eso explica que Andalucía también lidere el número de denuncias anónimas de establecimientos que venden ilegalmente tabaco que Altadis recibe en su web y en su aplicación móvil. De enero a septiembre, del total de las 946 registradas en España, 682 están localizadas en la región. Aunque el foco se suele fijar en las grandes incautaciones, Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, tiene clara la necesidad de estas acciones contra estos minoristas: “Hay que intentar atajar el contrabando en todos los eslabones”.

En la Patrulla Fiscal y de Fronteras de El Puerto de Santa María (que engloba además Puerto Real y Rota) conocen bien el perfil del que vende tabaco ilegal. “Principalmente son bazares y tiendas de alimentación, seguidos de bares o incluso coches”, explica el cabo primero Manuel Ruiz. Al otro lado del mostrador encuentran “hombres y mujeres de 40 a 55 años” que incluso figuran en situación de desempleo, “aunque eso no significa que no tengan poder adquisitivo”. Muchos son viejos conocidos reincidentes que acumulan varias infracciones administrativas. Adquieren tabaco ilegal, falsificado (procedentes de Gibraltar o de los puertos de Algeciras y Cádiz) o de picadura, a una red que, en buena parte, ellos mismos desconocen. “Las mercancías pasan por hasta cinco intermediarios, el que consigue tener menos, consigue más ganancias”, reconoce Ruiz.

Porque en los minoristas, igual que en los contrabandistas, también existen niveles. Uno de los más ‘profesionalizados’ protagonizó una operación, en diciembre de 2015, en un denominado piso estanco que se ubicaba a escasos 300 metros de la Cuartel de la Guardia Civil de El Puerto. Tras un seguimiento de días, los agentes descubrieron que el bajo en el que vivía era solo una tapadera para vender tabaco ilegal, en una cadencia de un cliente cada tres minutos. Al ser un domicilio, los agentes no podían realizar la misma inspección fiscal que en un establecimiento. La investigación previa hizo posible que el juez proporcionara un mandamiento judicial para entrar en la vivienda y desmantelar el punto de venta, algo poco frecuente. Aunque este tipo de puntos de venta son habituales, desde la Guardia Civil de Cádiz explican que, según les consta, era la segunda vez que se autorizaba una orden así en España. La primera, fue también en la provincia, en San Fernando.

Infracción o delito

Tras el registro en la vivienda, el vendedor ilegal de El Puerto se enfrentó solo a una infracción administrativa, ya que se le incautó una cantidad de tabaco valorada en menos de 15.000 euros. Tras la Ley Orgánica 6/2011 se aumentó de 6.000 a 15.000 euros el límite a partir del cual la conducta pasaba a considerarse delito de contrabando. Eso hace que la mayor parte de los vendedores se enfrenten a infracciones administrativas con multas que ahora son mayores y van desde los 1.000 a los 15.000 euros. A eso se suma el cierre de los establecimientos por periodos que van de los cuatro días a los 12 meses.

“En la práctica, la gente suele llevar la cantidad justa para que sea una infracción”, explica Rocío Ingelmo. Sin embargo, la directiva de Altadis cree que el cambio de la ley fue positiva ya que “las actuaciones administrativas son más ágiles”. Ramírez añade que la nueva ley, “no resta penalidad”. Eso se debe a que muchos de los que contrabandean con tabaco suelen cometer otros delitos asociados, como el de organización criminal, contra la salud pública o contra la propiedad industrial.

Frente a ello, los clientes de estos minoristas suelen responder con una permisividad que también se intenta desmontar. “Es complejo hacerte entender cuando te quejas de algo que ahorra dinero al consumidor. Sin embargo, detrás de estas organizaciones hay verdaderas mafias”, denuncia Ingelmo. Organizaciones criminales que engrasan un engranaje en el que el vendedor es la última pieza que hace posible uno de los fraudes más antiguos de España.