El juez suspende la liquidación de las dos autopistas radiales quebradas en Madrid

El Ministerio de Fomento ha ganado tiempo. El juez que decide sobre las radiales 3 y 5 de Madrid y la circunvalación de Alicante ha suspendido la liquidación de las empresas concesionarias de estas autopistas, estimando parcialmente la solicitud del Gobierno que pedía una prórroga de nueve meses. El auto emitido este viernes remite a "un momento procesal" posterior la liquidación, sin más concreción.

Las radiales 3 y 5 de Madrid no amanecerán cerradas el sábado. La amenaza pendía sobre ellas desde que en mayo el Juzgado de lo Mercantil número seis de Madrid emitó un auto en que se abría la fase de liquidación, fijaba un plazo hasta las 00.00 del 1 de octubre y llegado este momento ordenaba “el cese total de la actividad empresarial de la concursada [Accesos de Madrid, concesionaria de la R-3 y la R-5]”. Pero finalmente, el juez ha aceptado parte  la propuesta del Ministerio de Fomento.

Los autos de mayo, que han quedado este viernes sin efecto, cerraban el concurso de acreedores de Accesos de Madrid y Ciralsa (la sociedad que explota la autopista que circunvala Alicante) que se abrió en octubre de 2012. La decisión del juez de abrir la liquidación de ambas sociedades iba acompañada del rechazo del convenio que propuso Fomento para cerrar el proceso concursal. Pero esta decisión está recurrida ante la Audiencia Provincial y, por tanto, la liquidación no será firme hasta que llegue ese fallo.

En los últimos días, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, había mostrado la confianza en que el juez aceptaría su última oferta: “El Ministerio está trasladando a la Administración concursal que para hacer un traspaso ordenado (contratos y servicios) se requiere un plazo y por eso hemos solicitado un aplazamiento de nueve meses, hasta junio. Y hemos encontrado receptividad”.

Desde otras partes implicadas en el proceso, la sensación era la misma. Entre los accionistas de Accesos de Madrid, empresa titular de la R3 y la R5, participada por Abertis (35%), Sacyr (25%), Bankia y ACS (20%, cada uno), se confiaba en que el juez acabado del 30 de septiembre no iba a permitir el cierre de la infraestructura que había previsto en mayo.

También los trabajadores esperaban esta decisión. Luis García de la Fuente, de CC OO, explica que ellos se han reunido en dos ocasiones desde mayo con el juez y que este les había dicho que sin un compromiso claro de Fomento de hacerse con la gestión de la empresa llegado el día D las autopistas se cerraban. La última oferta del Gobierno estaba en línea con la demanda del juez, por tanto, García explicaba hace unos días: “Intuyo que va a dar un aplazamiento”.

De haberse llegado a la liquidación, habría sido el punto final de un gran fracaso que comenzó en los Gobierno de José María Aznar, siendo ministros de Fomento Rafael Arias Salgado y Francisco Álvarez Cascos. Al fiasco contribuyó que fueran unas autopistas de pago para acceder a la capital que corren paralelas a autovías en buen estado gratuitas, unas previsiones de tráfico futuro exageradas y unas expropiaciones que finalmente resultaron mucho más caras de lo previsto. Ahora todas estas infraestructuras están en concurso de acreedores y ya una de ellas ha sido liquidada. La AP36, Ocaña-La Roda, aunque esta liquidación todavía no ha sido efectiva.

El nudo gordiano se centra en la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, conocida en la jerga del sector por sus iniciales RPA. Esto es la compensación que el Gobierno, es decir, los contribuyentes, pagan a las concesionarias al pasar a hacerse cargo de la infraestructura.