El fiscal defiende la validez como prueba de los extractos de las tarjetas ‘black’

Luzón rebatió la teoría de que los delitos de apropiación indebida que se dirimen en este juicio han prescrito penalmente y rechazó la idea de que Bankia, su matriz BFA y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no estén legitimados para ejercer la acusación particular, como pretenden los procesados. También dejó en el aire una reflexión a caballo entre lo político y lo judicial: “Todos los españoles hemos pagado el rescate de Bankia, no sé si tenemos vela en este entierro [en referencia a la intervención del lunes del abogado de Estanislao Rodríguez-Ponga], pero sí ha sido un funeral para todos los españoles", sostuvo.

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En la jornada del lunes, los letrados de la defensa se repartieron el trabajo en la fase de cuestiones previas. Unos se centraron en echar tierra sobre la fiabilidad de los extractos de las tarjetas para gastos de representación a las que sus clientes supuestamente cargaron 12,03 millones de euros en gastos personales entre 2003 y 2012. Otro grupo se dedicó a plantear que la causa penal caducó a los cinco años y un tercer equipo trató de convencer al tribunal presidido por Ángela Murillo de que Bankia, BFA –sucesoras de Caja Madrid- y el FROB, que puso 22.000 millones de euros para el rescate de la entidad- no son perjudicados por aquella actuación y, por lo tanto, no pueden acusar.

Este martes, en el búnker de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), llegó el turno de contestar del fiscal Luzón. El representante del ministerio público alabó la “habilidad argumentativa” de los letrados, pero les advirtió de salida: “"Han intentado sacar agua de las rocas, pero la poca agua que ha salido no es potable".

En primer lugar, el fiscal defendió la “indudable relevancia” de los correos electrónicos aportados por Bankia en los que se revela cómo directivos y consejeros pedían, a través del número dos de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, que se aumentara su límite para los gastos de Navidad y verano. Y negó que Bankia hubiera vulnerado su derecho a la intimidad al incluirlos como prueba: "Esas comunicaciones no tienen carácter íntimo, hacen un uso correcto en la medida en que son temas laborales, profesionales y retributivos. Otra cosa es que los correos tengan cierta carga incriminatoria cuando hablan de tarjetas black", afirmó.

Luzón recordó cómo fue Bankia la que realizó una primera investigación sobre los gastos de las tarjetas black antes de comunicárselo, en septiembre de 2104 al FROB, que puso el caso en manos de la Fiscalía. Y subrayó que el ministerio público está legalmente “habilitado” para “solicitar información bancaria e incluso tributaria en la investigación de delitos”. "Ni ha habido exceso en el plazo ni ha habido exceso en la petición y la incorporación de las hojas Excel a la causa ha sido perfectamente legal", zanjó el fiscal, ante las protestas de los abogados.

Sobre la fiabilidad de los extractos Luzón fue tajante. Rechazó que haya habido manipulación o invención, como sostienen algunos abogados: "La Sección Tercera de la Audiencia Nacional, en la fase de instrucción ya dijo que es una afirmación gratuita y huérfana de todo elemento probatorio (...) Los cargos se generan automáticamente de forma telemática sin intervención humana y sin necesidad de firma", recordó el fiscal.

"La inmensidad de las pérdidas de Bankia"

Respecto a la supuesta falta de legitimación de Bankia y el FROB para ejercer la acusación al tener la condición de perjudicados, el fiscal también fue combativo. "Es cierto que Bankia no es sucesora universal de Caja Madrid y que Bankia y el FROB no existían" cuando se hicieron los gastos con las black, admitió. "Pero sí tienen legitimación para acusar, una cosa no quita la otra", señaló. "Caja Madrid no se transformó en Bankia, efectivamente, pero una cosa es que conserve su personalidad jurídica y otra que sea la que haya sufrido el perjuicio, salvo que entendamos que 12 millones de euros no es nada en la inmensidad de las pérdidas de Bankia. ¿En el balance de la compañía no tienen ninguna trascendencia los gastos de la caja?", se preguntó. "¿Y si hubieran sido 1.200 millones?".

Tras el fiscal, el abogado de Bankia, Joaquín Burkhalter, argumentó que la entidad se esforzó en proteger los datos personales de los acusados. "Bankia ha sido en todo momento especialmente cauteloso, preocupado en preservar el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales, se ha ajustado a la legalidad formal y material”. El letrado de la entidad se mostró “seguro” de que durante la vista oral “se probará de manera suficiente” que los extractos de las tarjetas son “auténticos”.

Tras finalizar el trámite de cuestiones previas, el juicio se reanudará el viernes a las 11 con el interrogatorio de los acusados. El primero en declarar será el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, para quien el fiscal pide seis años de cárcel, y al que seguirá su sucesor en la entidad, Rodrigo Rato, que se enfrenta a una petición de cuatro años y medio por apropiación indebida.