El turismo también colapsa los grifos

El Ayuntamiento de El Port de la Selva (Girona) se vio obligado el pasado viernes a prohibir el uso del agua para todo lo que no sea estrictamente doméstico. Esta localidad de 1.000 habitantes, que multiplica por diez su población durante el verano, vio cómo la escasez de lluvias y la presión de la población estival provocaba que el nivel de sal de su acuífero se duplicara. Por ello, de forma excepcional prohibió emplear agua para riegos agrícolas o de jardines; limpiar calles, espacios públicos, terrazas, fachadas, vehículos, embarcaciones o llenar piscinas.

El del municipio gerundense no es un caso aislado. Estellencs es uno de los pueblos más pequeños de Mallorca y sirve de puerta para la Sierra de Tramontana. En invierno tiene 250 vecinos, una cifra que casi se triplica en la temporada estival debido a la oferta de casas rurales. Los visitantes dejan riqueza, pero también generan tensiones. La pequeña carretera que cruza el municipio se colapsa por los 4.000 coches que la transitan cada día. El abastecimiento de agua se somete a un estrés tal que ha obligado al Ayuntamiento a apelar al civismo y a la regulación para garantizar el suministro. El último decreto, de julio pasado, prohíbe llenar las piscinas. “Sin la ayuda ciudadana no llegaríamos”, confiesa su alcalde, Tolo Jover (PP), que agradece que se recoja el agua fría con un cubo mientras se espera a que salga la caliente o que se comprueben los grifos. En Baleares este año ha llovido un 20% menos de lo habitual.

Los municipios baleares de Estellencs y Valldemosa han prohibido llenar las piscinas

Valldemosa siguió el camino de su localidad vecina y también prohibió el riego de jardines y el llenado de piscinas. El pueblo tiene 2.000 habitantes y el Ayuntamiento calcula que este año la población en las islas se disparará en 1,5 millones de visitantes, un 17% más que el año pasado. “Sólo un 5% pernocta, pero nos vimos obligados a instalar baños portátiles sin agua para ahorrar”, explica Jaume Salvà, el concejal de turismo. Estas poblaciones ejemplifican un grave problema que afecta especialmente la costa mediterránea española, sus archipiélagos y a la Andalucía interior. De acuerdo con las estadísticas del World Resources Institute, España es el país europeo con mayor estrés hídrico, un concepto que define a la alta demanda de agua frente a la poca capacidad de satisfacerla. En la clasificación mundial ocupa el puesto 12, por debajo de los países árabes, Israel o algunas islas del Caribe.

“El turismo bate récords año tras año y es el responsable de 10,9% del PIB, el 43% en Baleares. Pero a la vez añade más presión al suministro y al tratamiento de aguas. Somos el segundo destino turístico de Europa y el 70% de los visitantes se concentran precisamente en esas áreas con escasez manifiesta de agua y con riesgo de sequía”, explica Gonzalo Delacámara, coordinador del grupo de Economía del Agua del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA). Otro factor que influye en la tensión es la gran estacionalidad: el 38% de las visitas se concentra en el periodo estival, lo que dificulta la planificación.

Varios estudios señalan que los turistas tienen necesidades diferentes a las de los residentes y consumen hasta cuatro veces más agua. De ahí que otra de las medidas del municipio de Estellencs haya sido establecer unos límites: 350 litros al día por vivienda y 120 litros por plaza turística. Adicionalmente, explica el economista de IMDEA, la costa mediterránea acumula el 63% de la vivienda nueva a la venta que ha sido heredada de los años de burbuja inmobiliaria. Son 518.000 pisos que en algún momento empezarán a demandar el suministro.

Los investigadores calculan que un turista gasta hasta cuatro veces más agua que un residente

El 70% del agua de España se dedica al riego. El Gobierno balear, por ejemplo, tiene a pleno funcionamiento las tres plantas desaladoras de la isla. “De los acuíferos de la Tramontana no podemos sacar más y la Agencia Estatal de Meteorología prevé un otoño seco. Ya que tenemos las desaladoras, las ponemos en marcha y espero que podamos ser previsores para mantener las reservas para el invierno”, explica el consejero de Medio Ambiente de Baleares, Vicenç Vidal, de la coalición ecosoberanista MÉS.

“Somos el quinto país con más capacidad de desalación, pero las instalaciones solo operan al 18% de su capacidad. Paradójicamente las hemos creado para protegernos, pero seguimos sin mecanismos para utilizarlas bien. No pueden quedarse ociosas”, critica Delacámara, que también trabaja como consultor internacional en economía de los recursos naturales para el sistema de la ONU. Por un lado, considera que faltan políticas públicas y un diseño de incentivos que las hagan competitivas. “Un metro cúbico de agua de desaladora cuesta un euro, un agricultor la saca del acuífero ilegalmente por 30 céntimos”, afirma el economista. El planeamiento no se ha hecho de una manera modular, pensando en las variaciones de población, sino con arreglo a un nivel constante.

Falta de fondos

Para garantizar la seguridad hídrica se necesita dinero y España se encuentra en una situación difícil para conseguirlo. A las investigaciones sobre el destino de los fondos de las desaladoras que realiza la UE se suma la reducción de las partidas de cohesión. “Subir la ecotasa está sobre la mesa. Consideramos que una parte importante de su recaudación puede ir a estructuras hidráulicas”, dice el vicepresidente balear, Biel Barceló (MÉS). “Nos hemos planteado parar el aumento de las plazas turísticas, pero hay que ser realistas, es muy complicado”, confiesa el también consejero de turismo.