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Bruselas retrasa un año el ajuste de España

Juncker se decanta por imponer una multa a España el miércoles, pero la decisión final la tomarán el miércoles los 28 comisarios entre tres opciones

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el pasado fin de semana

Ajuste duro, pero un año más tarde de lo previsto. Y multa, salvo improbable sorpresa final. La Comisión Europa tiene ya muy perfilada la propuesta que llegará este miércoles al colegio de comisarios, el órgano que reúne a los 28 miembros de la Comisión Europea. Bruselas dará dos años adicionales a España para rebajar el déficit al 3% del PIB, y un año extra a Portugal. Y el equipo del presidente Jean-Claude Juncker se decanta finalmente por una multa mínima, pero no nula, aunque ese debate no está aún definitivamente cerrado: los 28 comisarios decidirán el miércoles entre tres opciones. España presionará durante las próximas horas e insiste en que Alemania, Francia e Italia están contra la sanción.

España y Portugal estrenarán así las controvertidas multas por los incumplimientos del déficit, en medio de un debate sobre las reglas fiscales que va mucho más allá de las sanciones y que enfrenta a los países acreedores --Alemania, Holanda, Austria y Finlandia, entre otros--, partidarios de hacer cumplir las reglas, con los deudores, encabezados por Francia e Italia, que quieren evitar a toda costa las multas para no sentar un peligroso precedente. Una sanción sería una humillación política, según admiten las fuentes consultadas. Pero más allá de la multa, la clave para la política económica española de los próximos dos años y medio --esto es: la clave para el próximo inquilino de La Moncloa-- es la nueva senda fiscal pactada con Bruselas. Tanto la sanción como esa senda se discutieron ayer en la capital europea, en una reunión entre los jefes de gabinete de los comisarios. La senda fiscal, a falta de los objetivos nominales definitivos, está vista para sentencia: dos años adicionales. Con la multa puede haber aún alguna sorpresa de última hora, pero las fuentes consultadas apuntan que gana cada vez más peso la posibilidad de imponer una sanción mínima, pero no nula.

Estas son las claves que aparecen en un borrador de la propuesta que se debatirá mañana.

AJUSTE FISCAL. Bruselas da por perdido 2016. Obligada a decidir la nueva senda fiscal española sin Gobierno en Madrid, la Comisión Europea no pedirá a España más ajustes este año: asume que una vez se forme Gobierno apenas quedará tiempo para aprobar recortes, por lo que el grueso del ajuste quedará para 2017 y 2018. Será un tijeretazo seco, duro, una auténtica prueba de fuego para el próximo Gobierno: 10.000 millones de recortes estructurales en dos años, tal y como adelantó este periódico, aunque un año más tarde de lo inicialmente previsto a la vista de que la inestabilidad política no termina de despejarse. La Comisión quiere un ajuste estructural del 0,5% del PIB el año próximo, y un 0,5% adicional en 2018. Con medidas permanentes, desvinculadas del ciclo expansivo actual de la economía. Tras una rebaja fiscal electoralista de unos 7.000 millones en 2015, el Gobierno en funciones del PP ha propuesto elevar los pagos a cuenta del impuesto de Sociedades para adelantar ingresos por valor de 6.000 millones de euros. Las cifras que reclama Bruselas exigirían otras subidas de impuestos o un recorte del gasto público.

"La Comisión hace suyo el análisis de la AiREF para este año [un déficit del 4,7% del PIB si no se aprueban nuevas medidas, según la autoridad fiscal independiente], pero quiere un presupuesto creíble para 2017. Probablemente, en año y medio bastaría para reducir el déficit al 3% del PIB, pero la decisión está tomada y serán dos años extra", según fuentes comunitarias. El ministro español Luis de Guindos negoció esos dos años con el comisario Pierre Moscovici en los aledaños de la última cumbre del G-20, en China. Curiosamente, Guindos siempre fue partidario de un solo año. "Si España necesita finalmente dos años es que ha sido un auténtico desastre", decían fuentes del Gobierno la pasada primavera, a la vista de que el crecimiento iba mejor de lo previsto. Los objetivos nominales están pendientes de los cambios de última hora que introduzcan Pierre Moscovici y el vicepresidente Valdis Dombrovskis. Pero estarán en torno al 3,5% del PIB el año próximo y por debajo del 2,5% del PIB en 2018.

HABRÁ PROPUESTA DE MULTA. "Cada vez estoy más convencido de que la sanción será cero", decía Guindos en junio. "El sentido común dice que no va a haber multa a España", repetía este fin de semana en China. El ministro yerra, al menos de momento: tras un largo debate que dura ya meses, Bruselas planea proponer una sanción, aunque los ministros de Finanzas europeos podrían revocar esa decisión (con una mayoría cualificada inversa que no es fácil de obtener, salvo que Alemania se una a Francia e Italia en contra de la multa, tal y como defiende Guindos, y arrastre a otros países duros).

La Comisión Europea discutió ayer entre tres opciones posibles (y mañana habrá sobre la mesa una cuarta posibilidad). Una: multa del 0,2% del PIB, 2.200 millones. Quedó descartada. Dos: cancelar la sanción: esa posibilidad, la preferida por Moscovici, quedó también prácticamente fuera de la mesa, salvo que los últimos esfuerzos de España y Portugal den frutos en las próximas horas, algo que las fuentes consultadas consideran improbable. Y tres: Dombrovskis propuso ayer una multa del 0,1% del PIB, unos 1.100 millones. También esa posibilidad se descartó en el debate entre los jefes de gabinete de los comisarios. La Comisión quiere una cifra inferior. Dombrovskis tiene el encargo de presentar una nueva propuesta mañana miércoles, de entre el 0,01% y el 0,05% del PIB; entre 100 y 500 millones de euros. Las expectativas más realistas, según las fuentes consultadas, prevén una sanción de entre el 0,01% y el 0,02% del PIB: entre 100 y 200 millones de euros. Juncker está a favor de una multa testimonial (o "benevolente", según fuentes diplomáticas), pero su equipo excluye la posibilidad de cancelar el procedimiento.

FONDOS EUROPEOS. La Comisión ha decidido posponer la decisión sobre los fondos estructurales hasta después de un debate con el Parlamento Europeo que no llegará hasta finales de verano. La idea es congelar entre 1.100 y 1.300 millones. Pero si España y Portugal presentan un presupuesto creíble para 2017 esa medida no tendría ningún efecto.

PORTUGAL. Tanto en el caso portugués como en el español quedó claro ayer que Bruselas aplaude los esfuerzos realizados durante los últimos años, pero sigue adelante con el procedimiento. "España ha hecho más reformas estructurales, pero Portugal está más cerca de los objetivos fiscales", según las fuentes consultadas. En la Comisión preocupa la posibilidad de que el Ejecutivo portugués siga revirtiendo algunas reformas. Bruselas da un año adicional a Portugal para cumplir con el 3% del déficit: espera que el agujero fiscal del país vecino esté en torno al 2,5% del PIB a finales de este año. En cuanto a las multas, también irán de la mano de las españolas. Ayer Bruselas descartó la cancelación y la sanción máxima del 0,2% del PIB, y tumbó también la propuesta de Dombrovskis del 0,1% del PIB (equivalente a 180 millones de euros en el caso portugués). El vicepresidente propondrá una sanción de entre el 0,01% y el 0,05% del PIB, probablemente en la franja baja de esa horquilla, al igual que en el caso español.

VIGILANCIA REFORZADA. El procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea deja la política fiscal de ambos países bajo tutela de la UE. Bruselas pretende que Lisboa apruebe medidas en la segunda mitad del año. En el caso de Madrid, la clave serán las cuentas públicas el año próximo, y para ello cuenta con que el Gobierno aprobará unos presupuestos creíbles --esto es, austeros-- para 2017. Deberá presentarlos antes del 15 de octubre para su examen previo en Bruselas. Y deberá incluir "medidas efectivas". De lo contrario, España se enfrentaría a multas aún mayores, de hasta el 0,5% del PIB: 5.500 millones.

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