Déficit y doble verdad

Después de cinco años de recesión, aplicar un nuevo ajuste de 10.000 millones de euros en las finanzas públicas españolas en un plazo de dos ejercicios fiscales —en el mejor de los casos— supondría un golpe fatal para la sanidad pública, para el sistema educativo, para la financiación autonómica, para las infraestructuras nacionales y para la red de protección social. El Gobierno que salga de la investidura, con la amenaza pendiente de una sanción a España por incumplimiento del déficit, tiene que ser consciente de que la sociedad no puede resistir —sin pagar un alto precio en cohesión política y social o en expectativas de crecimiento— otro ajuste en sus cuentas públicas.

La economía necesita más de dos años de plazo para cumplir con el compromiso de déficit. No es difícil llegar a esta conclusión si se tiene en cuenta que el plan de estabilidad financiera ha tirado dos años por el sumidero. El ejercicio 2015 se desperdició porque el Gobierno se lo tomó como año electoral, recogió los beneficios políticos (magros) de una rebaja de impuestos contraria a toda racionalidad económica y relajó todos los controles de gasto.

Fue el año de la doble verdad: mientras en Bruselas se defendía de boquilla un ajuste riguroso, a los votantes se les informaba de que existía margen para bajar los impuestos sin poner en peligro los compromisos europeos.

El ejercicio presupuestario actual está perdido porque la falta de un Gobierno, derivada de la incapacidad política para aprobar una investidura, impide que se tomen las medidas proporcionales de ajuste y que exista un interlocutor capaz de negociar un nuevo plan de estabilidad en Bruselas. Pero el problema no es solo el de una investidura demorada; hay que contar además con que el Gobierno en funciones sigue instalado en una doble verdad que resta credibilidad a sus promesas de ajuste.

El ministro de Economía ha acudido a Bruselas ofreciendo un mal parche para cerrar el déficit: que las empresas adelanten a cuenta el impuesto sobre sociedades; pero esa decisión no aumenta la capacidad recaudatoria del Estado ni explica qué pasará cuando el dinero adelantado hoy deje de recaudarse mañana. Mientras Bruselas reclama medidas drásticas para reducir el déficit estructural —en torno al 3% del PIB—, el Gobierno responde que “el crecimiento contribuirá a reducir el déficit”; algo que es incorrecto, porque el aumento del PIB reducirá el déficit cíclico, pero no el estructural.

Si se toma con la seriedad debida, la negociación de un nuevo Plan de Estabilidad Económica con Bruselas está fuera del alcance de un ministro de Economía en funciones. Exige un Gobierno plenamente constituido, una negociación de largo alcance y una agenda que incluya, como parte del plan, la aplicación de inversiones públicas compensatorias de los daños causados por la austeridad sin contrapartidas. Más que ajustes en seco, España, como la Europa de la segunda velocidad (por ejemplo, Portugal o Grecia), está pidiendo a gritos un plan Juncker de última generación, financiado por el BCE o el BEI a través bonos y deuda.