El Supremo duda de que las nuevas tasas eléctricas sean constitucionales

El Tribunal Supremo tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 y creaba una serie de impuestos a la generación de electricidad. El alto tribunal ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad contra 12 artículos de la ley y pone en duda que la norma tuviera una finalidad “medioambiental”. Los magistrados creen que las empresas eléctricas que recurrieron la ley “pudieran tener razón” cuando denunciaron que el verdadero objetivo de la norma era paliar el déficit tarifario.

El Supremo duda sobre la constitucionalidad de tres de los impuestos regulados en la ley: el que grava el valor de la producción de energía eléctrica y los dos sobre la producción y el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos. La Sala de lo Contencioso Administrativo, en tres autos distintos, advierte de que estos impuestos podrían estar gravando el mismo hecho imponible ya gravado por otros impuestos, por lo que creen que el Tribunal Constitucional debe resolver si vulneran el artículo 31.1 de la Constitución, que señala: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Este artículo señala la necesidad de sostener los gastos públicos mediante tributos basados "en los principios de igualdad y progresividad" que, en ningún caso, "tendrá alcance confiscatorio".

El Supremo ha tomado esta decisión en respuesta a los recursos de la patronal UNESA (Asociación Española de Industria Eléctrica) y de las compañías Iberdrola y Endesa.