Los jueces y el euro

El Tribunal Constitucional alemán puso fin ayer a una larga y costosa disputa que ha tenido en vilo durante varios años al BCE, a los mercados financieros y a la zona euro. El Tribunal alemán ha resuelto de una vez por todas las dudas de legalidad que albergaba sobre el programa OMT (Outright Monetary Transactions) del BCE, una medida clave que, en opinión prácticamente unánime, permitió estabilizar los mercados y frenar los ataques que sufrieron los Estados más vulnerables de la zona euro durante el verano de 2012. Cuando Mario Draghi, en un conocido discurso, alertó de que haría todo lo posible (“whatever it takes”) para salvar la moneda común, se estaba refiriendo al programa OMT.

El programa OMT nunca se ha aplicado. Es un programa que entrará en vigor el día que un Estado de la eurozona necesite la asistencia del Eurosistema mediante una compra masiva de deuda pública en el mercado secundario. Visto así, ha sido la medida más barata y efectiva en la historia de la política monetaria.

Sin embargo, algo tan necesario y cuidadosamente diseñado como el programa OMT ha terminado enfangado en un proceso judicial largo y quizás innecesario. Un grupo de ciudadanos alemanes recurrió ante el Tribunal Constitucional alemán, al considerar que el programa OMT ponía en riesgo la solvencia del Sistema Europeo de Bancos Centrales. En caso de que fuera necesario recapitalizar el BCE, los recurrentes alegaban que serían los contribuyentes quienes terminarían pagando esa factura. Para sorpresa de muchos, al Tribunal Constitucional alemán le sedujo el argumento y, en un gesto inédito en sus más de sesenta años de historia, planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que trasladó sus dudas sobre la legalidad del programa OMT.

En enero de 2015 el Abogado General del Tribunal de Justicia, Pedro Cruz Villalón, avaló la legalidad del programa OMT. En junio del mismo año el Tribunal de Justicia llegó a la misma conclusión. Y ahora, un año después, el Tribunal Constitucional alemán coincide con el tribunal europeo y considera que el programa OMT no plantea problemas de legalidad, siempre y cuando cumpla unas condiciones que ya había exigido el tribunal europeo y que el propio BCE había prometido cumplir. Estas condiciones no comprometen el funcionamiento del programa, ni tampoco del programa PSPP (Public Sector Purchase Program) aprobado en enero de 2015 y puesto en práctica pocas semanas después.

Al final de este largo camino, y a la vista de este resultado, uno puede preguntarse para qué ha servido esta batalla judicial y, especialmente, qué coste ha tenido. El programa OMT, así como otros programas del BCE adoptados con posterioridad, han salido reforzados, pero la incertidumbre creada por un tribunal los ha privado de una buena parte de su eficacia. Todo ello demuestra que la judicialización de la política monetaria y la fe incondicional en las bondades de la justicia constitucional pueden acabar siendo, cuando se manejan sin perspectiva, tan letales como el mal que pretenden combatir.

Daniel Sarmiento es profesor de Derecho de la UE en la Universidad Complutense y antiguo letrado del Tribunal de Justicia de la UE