El caso Afinsa, visto para sentencia diez años después de la intervención

El caso Afinsa, la estafa piramidal basada en la compraventa de sellos que atrapó a más de 190.000 ahorradores, ha quedado visto para sentencia tras celebrarse este miércoles en la Audiencia Nacional la última comparecencia de los principales acusados. Diez años después de que fuera intervenida la sociedad, los afectados siguen reclamando los 1.928 millones de euros que perdieron. Hay 14 directivos de la compañía acusados de la estafa, para los que la Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre 2 y 19 años de cárcel.

Precisamente, el presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano, aprovechó la última jornada del juicio oral para declararse "muy orgulloso de haber pertenecido a un equipo de personas honestas que han atendido los compromisos de la clientela". Cano, para quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel por estafa y otros delitos societarios, ha asegurado que su intención nunca fue la de engañar a nadie porque "en el espíritu de Afinsa sólo estaba innovar", y ha lamentado haber sido ya “juzgado y estigmatizado” por la opinión pública, sin concederle "la oportunidad de contrastar los argumentos".

La estafa de Afinsa deja 190.022 clientes titulares de 269.570 contratos filatélicos en vigor. La Fiscalía pide que se les indemnice con 2.574 millones de euros, pero será muy difícil que recuperen su dinero por la insolvencia de los directivos acusados y la falta de bienes procedentes de la liquidación.

Por el momento, los afectados por Afinsa solo han recuperado el 10% de lo invertido proveniente de la liquidez que tenían las empresas intervenidas y de la devolución del impuesto de sociedades que ha hecho la Agencia Tributaria, según la Federación de Clientes, creada por aquellos afectados que consideraban que las asociaciones de consumidores no les representaban y no los defendían adecuadamente.

La Fiscalía acusa a 14 directivos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. En concreto, para Juan Antonio Cano Cuevas, presidente del Consejo de Administración de Afinsa pide 19 años de prisión; Albertino de Figueiredo, fundador de Afinsa, 15 años; para Carlos de Figueiredo Escribá, consejero de la sociedad e hijo del fundador, 16 años; Vicente Martín Peña, consejero y director general de inversiones del grupo, 15 años; y para los consejeros Emilio Ballester y Joaquín José Abajo, 15 y 13 años, respectivamente. Asimismo, les condena a indemnizar a los 190.022 clientes titulares de los 269.570 contratos filatélicos en vigor con 2.574 millones de euros.

Mientras, señalan como cómplices de estafa a Francisco Guijarro, para el que piden ocho años también por blanqueo y fraude a la Hacienda Pública; a Gregory Manning, que se enfrentará a cinco años de prisión; Esteban Pérez y Ramón de Egurbide, a cuatro, y Ramón Soler, a tres. Por último, reclaman dos años y medio para Juan y Jordi Domingo por un delito contra la Hacienda Pública, y dos para Francisco Blázquez por falseamiento de cuentas anuales.

Engaño recurrente

El engaño a los clientes consistía en la comercialización de unos sellos sin el valor que Afinsa les atribuía, en ocasiones sin valor alguno, en revalorizaciones inexistentes y en la ocultación del estado de insolvencia de la compañía, que arrojó un creciente patrimonio neto negativo, que alcanzó, a 9 de mayo de 2006, fecha de la intervención judicial, 1.928,6 millones de euros.

Según la acusación, Afinsa Bienes Tangibles desarrolló, al menos desde 1998 y hasta el 9 de mayo de 2006, un negocio de captación de ahorro masivo, llevado a cabo en multitud de locales en numerosas poblaciones españolas, mediante la formalización de unos contratos tipo de inversión en sellos que ofrecían el atractivo de unas rentabilidades superiores a los productos de inversión comercializados por las entidades financieras, basadas en una revalorización de la filatelia.

La apariencia empresarial era de una actividad lícita de contrato de compra de sellos por el particular, depósito de los mismos a cargo de la vendedora ­Afinsa y mandato de venta o compromiso de recompra por la misma, que se configuraba como una opción para el comprador. “Sin embargo, ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos, ni se revalorizaban en la medida que se retribuía al ahorrador, con lo que la única viabilidad del negocio, tal y como se diseñó, consistía en reproducir ad infinitum esa misma práctica defraudatoria con nuevos clientes, cuyas aportaciones pudieran ser utilizadas para pagar las desinversiones y rentabilidades de los anteriores, a quienes se les hacía creer que las cantidades que se les abonaban procedían de la revalorización de los sellos. A su vez, este mecanismo de financiación generaba nuevos compromisos económicos y crecientes gastos de la sociedad”, indica el escrito.

Ese proceder determinó que Afinsa se encontrara en la fecha de la intervención judicial -y mucho antes- en una situación de absoluta insolvencia perfectamente conocida por los responsables de la compañía, “que ocultaron mediante una falsa contabilidad para mantener la continuidad de la empresa y, con ella, su fraudulento negocio”.