El Supremo avala un nuevo ‘tasazo’ a las compañías de telefonía móvil

El Tribunal Supremo ha abierto una peligrosa vía para las cuentas de las compañías de telefonía móvil a las que les pueden gravar con nuevas tasas municipales. Una sentencia del 20 de mayo pasado da la razón al Ayuntamiento de Madrid en el cobro de una tasa a los operadores por la utilización del dominio público que hacen las compañías por sus infraestructuras de telefonía fija que usan para dar su servicio de móvil. El Consistorio les reclama 11 millones anuales.

Los operadores recurrieron esta Tasa de Utilización Privativa o Aprovechamientos Especiales del Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública, cuyo pago había quedado suspendido. Pero el Supremo, ha declarado conforme a derecho el artículo 5 de la ordenanza fiscal que regula este tributo y ordena el pago de esta cantidad que corresponde a los ejercicios de 2013, 2014 y 2015, a razón de 11 millones anuales, según informó el Consistorio que dirige Manuela Carmena.

Esta sentencia abre la puerta a otros ayuntamientos para que comiencen a girar una tasa similar. Las entidades locales ya habían intentado cobrar a las operadoras de telefonía móvil una tasa del 1,5% de sus ingresos por las 60.000 antenas que tienen colocadas en azoteas y otras áreas urbanas, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó esa tasa en 2012. En este caso, se trata de una nueva figura impositiva que grava la red fija que necesita tender la operadora para prestar su servicio de móvil.

El Supremo revoca de esta forma una sentencia anterior, de 7 de octubre de 2014, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que avalaba el recurso de las compañías. Las operadoras de telefonía móvil han señalado que estudiarán la sentencia antes de adoptar una postura en firme.

Según el Ayuntamiento de Madrid, los tres años de impago de la tasa arrojan una deuda de 33,7 millones de euros a los que hay que sumar los intereses de demora. A partir de este año, el Consistorio madrileño empezará a recaudar dicha tasa a los operadores.

La resolución del Alto Tribunal pone fin a casi una década de litigio sobre el método de cuantificación de los aprovechamientos que permiten la prestación de los servicios móviles, según el Ayuntamiento.