La mina de Aguablanca, en el aire

"No al cierre de la mina de Aguablanca”. Este es el mensaje de la pancarta que, desde hace días, cuelga de los balcones del Ayuntamiento de Monesterio (Badajoz). El mismo que, a pocos metros, se lee en la fachada del edificio de la Mancomunidad de Tentudía. Una de sus salas se ha convertido en el fuerte de los casi 400 mineros de este yacimiento de níquel y cobre. Los trabajadores llevan casi tres semanas encerrados después de que la empresa que explota la mina desde hace más de una década, Río Narcea, anunciase el cese de la actividad y un expediente de regulación de empleo (ERE) para sus 163 empleados directos.

Tras finalizar en 2015 la explotación a cielo abierto, la filial de la canadiense Lundin Mining pretendía alargar hasta 2019 su actividad en la comarca trabajando el subsuelo. Ubicada en el municipio pacense pero pegada a la frontera andaluza, la mina cuenta con unas reservas de 3,4 millones de toneladas. Tras acordar en septiembre con los trabajadores un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta conseguir el permiso del Ministerio de Medio Ambiente para retomar la actividad, la empresa anunció en febrero el cierre de la mina ya que la “continuada” caída del precio de los metales hacía “inviable” el proyecto de extracción en galería. “No entendemos como en septiembre decían que era rentable y ahora no, en este tiempo no ha bajado tanto el níquel. Es evidente que tienen otros intereses”, aseguró este lunes la presidenta andaluza, Susana Díaz, tras visitar con su homólogo extremeño, Guillermo Fernández Vara, a los mineros. De septiembre a marzo, el precio del níquel ha pasado de casi nueve euros por kilo a 8,24 euros.

Río Narcea mantiene que la iniciativa, con una inversión de 221 millones de euros, generaría pérdidas por 106 millones debido a esta bajada en las tarifas y a la calidad del metal. La compañía apunta que cuando realizó el estudio de viabilidad, en 2013, el níquel estaba a 8,4 dólares por libra (16,07 euros por kilogramo). “Una gran parte de esa inversión ya está hecha: sistemas de desagüe, maquinaria, mejoras en electrificación, canalizaciones... Es más, hay 200.000 toneladas ya voladas solo para cargar en el camión, llevar a la planta de tratamiento y venderlas”, asegura el presidente del comité de empresa, Eloy Sánchez, quien señala que en las cuentas de 2014, las últimas auditadas, la empresa logró 18 millones de beneficios. “Y en 2015, pese al ERTE, también se ha cerrado en verde”, apunta.

Negociaciones en marcha

La visita de los dos presidentes autonómicos a los mineros en Monesterio ha coincidido con la primera reunión entre los empresarios canadienses con el Ministerio de Industria y los Gobiernos regionales. La empresa ha accedido, a propuesta de las tres Administraciones, a estudiar la posibilidad de alargar el ERTE hasta julio a la espera de que otra compañía quiera ponerse al frente de Aguablanca.

“Ha sido un simple rayito de esperanza. La empresa se mantiene inamovible en su decisión de abandonar la mina. Y en 48 horas, nos dirá si acepta alargar los tiempos”, asegura el consejero de Economía de Extremadura, José Luis Navarro, quien ha rebatido con otro informe las razones de la empresa para marcharse. “Si tenemos en cuenta que se puede obtener más metal y que los precios pueden rondar de media como en 2014 o en 2015, el proyecto tendría unos beneficios de entre 20 y 56 millones”, expuso. Por el momento, según Navarro, no hay “un interés serio” por el recinto de ninguna empresa. “Seguimos trabajando”, apunta.

Según los sindicatos, el 60% de los trabajadores de la mina es de El Real de la Jara (Sevilla), Cala y Santa Olalla del Cala (Huelva). “El cierre supone un palo tremendo para una comarca que vive de la minería”, asegura el alcalde de Monesterio, Antonio Garrote. “Para la zona supone un impacto de unos 50 millones de euros. Solo en nóminas, son 17 millones”, defiende el secretario general de la Federación de Industria de UGT Extremadura, Leocadio Núñez. “No queremos hablar de despidos, queremos seguir trabajando”, mantiene el representante de los trabajadores.