Los ‘ocho de Airbus’ se sientan en el banquillo arropados por sindicatos y políticos

El juicio a los ocho de Airbus, como se conoce a los sindicalistas de la empresa fabricante de aviones para los que la fiscalía pide ocho años y tres meses por unos disturbios en la huelga general de 2010, ha comenzado este martes en Getafe. Los acusados han llegado a los juzgados arropados por los secretarios generales de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, y por varios líderes de los partidos de izquierda: por Podemos, ha estado el propio secretario general, Pablo Iglesias, y varios diputados; por el PSOE, el secretario de Organización, César Luena, y la responsable de Empleo, Luz Rodríguez, y por Izquierda Unida, el coordinador general, Cayo Lara.

El 9 de febrero estaba marcado en rojo en el calendario de UGT y de CC OO, dentro de la campaña Huelga No Es Delito. Según los cálculos de las centrales, en los juzgados de toda España se acumulan causas administrativas y penales contra 300 sindicalistas y esta causa, la de los ocho de Airbus, es la más conocida. Por eso y para pedir la derogación del artículo 315.3 del código penal que impone penas de tres años de cárcel para quienes "coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”, antes del inicio del juicio, a primera hora de la mañana, han convocado una manifestación desde la fábrica de Airbus hasta la sede de los juzgados a la que han acudido cientos de personas.

No ha sido la única manifestación que han convocado las centrales en apoyo de los ocho acusados. Hubo también manifestaciones varios puntos de España (Sevilla, Bilbao,

Ya dentro, el juicio comenzó con el interrogatorio a los ocho acusados (José Alcázar, presidente del comité intercentro de Airbus en toda España cuando ocurrieron los hechos y ahora jubilado, Tomás García, Enrique Gil, Rodolfo Malo, Jerónimo Martín, Raúl Fernández, Edgar Martín y Armando Barco). El primero en responder a las preguntas de la fiscal y los abogados de la defensa fue Alcázar, que también había ejercido de portavoz de los ocho antes de comenzar la vista.

Tanto Alcázar como el resto de acusados negaron los hechos que les atribuye el fiscal en su escrito de acusación: actuar "de común acuerdo" para intentar evitar que los trabajadores que ese 29 de septiembre de 2010 querían trabajar accedieran a la fábrica recurriendo a insultos, empujones, escupitajos, tirar petardos debajo de los coches y la agresión a un ingeniero. Estos hechos fueron negados por los ocho acusados. Lo que sí admitieron fue su participación a primerísima hora de la mañana del día de la huelga en el "piquete informativo" compuesto por entre 500 o 600 personas en el acceso sur a las instalaciones de Airbus en Getafe. 

Lo que tampoco negó ninguno fue el distubio que provocó la intervención policial. En torno a las siete y media de la mañana del día de la huelga general en el acceso sur a las instalaciones de Airbus se produjo un tumulto en el que la policía cargó contra los manifestantes y que concluyo con "varios disparos al aire", según el escrito del fiscal. Una de las principales críticas que realiza la defensa a este escrito es que en ningún momento detalla en qué hechos concretos participa cada acusado, sino que realiza una acusación genérica que posteriormente atribuye a ocho sindicalistas que coincide con miembros del comité de empresa y huelguistas que fueron atendidos en el botiquín de la empresa tras los disturbios.