OHL México atribuye a “insidias y rumores” el escándalo de las escuchas

OHL México ha comenzado el año con un detallado alegato exculpatorio en el caso de las escuchas, vídeos y filtraciones que afectan a la filial de la constructora española desde mediados del año pasado. Hasta seis causas –penales y civiles– tiene abiertas OHL contra Tecnología Aplicada Infraiber, la empresa con la que mantiene una enmarañada disputa tras la cancelación de un millonario convenio para medir y cobrar los peajes en dos carreteras del Estado de México.

Acompañado por un abogado y un contable, Sergio Hidalgo, director general OHL México, achacó este lunes en una rueda de prensa a “rumores e insidias” el caso abierto por su antiguo socio y que se ha cobrado al secretario de Comunicaciones del Estado de México, al directivo Pablo Wallentin –un asesor del presidente de OHL México– y ha detonado la apertura de varios expedientes sancionadores por parte del regulador bursátil mexicano por supuestas irregularidades contables.

El escándalo estalló el pasado mayo, cuando empezaron a difundirse escuchas por una fuente anónima a través de Youtube, que revelan el supuesto trato de favor de altos cargos del Estado de México a la constructora y su apoyo ante las autoridades judiciales para evitar que otra empresa mida el tráfico de una de sus mayores autopistas.

Ambas compañías están enzarzadas en una serie de juicios con el gobierno del Estado de México de por medio

El nudo de la trama es un contrato por el cual Infraiber iba a ser el encargado de medir el tráfico desde 2013 en el Circuito Exterior Mexiquense, una de las principales carreteras operada por OHL en el Estado de México. Tras un aumento en las tarifas previstas para realizar el servicio, el Gobierno estatal decidió cancelar el convenio con Infraiber y otorgar también este servicio a Concesionaria Mexiquense, la filial de la contructora, que además de construirla, operará la carretera hasta el 2050.

Desde la rescisión del contrato, OHL ha denunciado una campaña de difamación y chantaje. “A principios de 2015, Infraiber nos pidió verbalmente que intervinieramos con las autoridades mexiquenses para que ordenaran reinstalar el servicio de medición en la autopista, con la advertencia de que si no lo hacíamos, ellos presionarían”, señaló Hidalgo.

Ambas compañías están enzarzadas en una serie de juicios con el gobierno estatal de por medio. A la vez, la filial de la constructora española ha presentado seis denuncias. Una penal por extorsión, otra civil por daño moral y otras cuatro por la intervención y difusión de comunicaciones telefónicas. Tras los primeros vídeos, que OHL considera según sus propios peritajes que pese a tratarse de las voces originales son piezas alteradas para modificar el sentido de las conversaciones, los títulos bursátiles de la empresa cayeron cerca del 40%, una merma que la compañía ha ido recuperando durante estos meses.

Infraiber ha acusado a OHL de mentir a sus inversores y de manipular sus finanzas al inflar artificialmente los costes de la obra. La respuesta de OHL es que las conclusiones de las auditorías señalan que estos movimientos fueron aprobados debidamente por las autoridades y que su política contable cumple con los estándares internacionales.

En este clima de fuego cruzado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) abrió en octubre varios procedimientos contra la compañía y algunos de sus directivos por posibles irregularidades y por no informar debidamente de los detalles contables sobre el aumento de tarifas y las modificaciones de los títulos de concesión del Viaducto Elevado Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, las dos carreteras afectadas por el escándalo. El director general de la compañía insistió durante la rueda de prensa en que “los criterios contables son correctos y ajustados a derecho”.

Desde el inicio de la contienda, el portavoz más visible de Infraiber ha sido el abogado Paulo Diez, quien fue detenido el pasado ocho septiembre por agentes de la PGR y llevado a declarar como testigo. En la detención, los policías ministeriales encontraron un arma de fuego en el coche. El abogado negó que fuera suya y dijo que había sido colocada allí por los policías. Estuvo detenido durante 48 horas y fue liberado tras pagar una fianza de 64.000 pesos (3.800 dólares). La defensa de Díaz alegó numerosas irregularidades durante la detención. Apenas un mes después, 10 de los policías que participaron en el arresto extrajudicial fueron acusados por la Fiscalía mexicana (PGR) de haber colocado un arma en el coche del abogado al momento de su arresto.