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EDITORIAL

Doble incertidumbre

Los condicionantes políticos no propician el clima necesario para la inversión

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abandona el Congreso el pasado lunes.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abandona el Congreso el pasado lunes. EL PAÍS

Antes de que se conociera el resultado de las pasadas elecciones generales, la economía española abordaba el año próximo rodeada de los factores de incertidumbre no poco relevantes que pesan sobre la economía global. La intensa desaceleración de algunas economías emergentes, la asimilación del impacto del cambio de orientación de la política monetaria estadunidense y el tibio crecimiento de la eurozona, constituyen limitaciones a los planes de crecimiento de las empresas españolas. A esos factores se añaden ahora dos específicamente nacionales y de naturaleza estrictamente política -la trayectoria del proceso abierto en Cataluña y la capacidad de gobernación en el conjunto de España- que también pueden condicionar el comportamiento de las variables económicas y financieras.

El mantenimiento a lo largo de 2016 de la inercia mantenida por la expansión de nuestra economía en este año no estaba garantizada. De hecho, la totalidad de agencias multilaterales y analistas privados anticipaban una ligera desaceleración de su ritmo de crecimiento. Las razones no eran otras que la menor intensidad de los propulsores externos —caída de precios de los hidrocarburos, política monetaria expansiva del BCE y la consecuente depreciación del tipo de cambio del euro— que han contribuido a esa tasa de crecimiento superior al 3% con que finalizará este año. La moderación de los salarios es el otro factor que ha posibilitado el comportamiento favorable de las ventas empresariales, en especial de las exportaciones. Su continuidad tampoco está garantizada, a pesar del elevado desempleo que seguirá diferenciando a nuestra economía.

Disponer de un crecimiento económico sostenido aun cuando sea inferior al de este año requiere la adopción de decisiones que, además de restaurar las dotaciones de capital —tecnológico y humano, fundamentalmente— dañadas durante la crisis, faciliten la transición a una economía más homologable a las avanzadas de nuestro entorno, más competitiva, en definitiva. Para ello, no menos necesario es afianzar la viabilidad del sistema público de pensiones y la calidad de las instituciones. Conseguirlo no es ahora más fácil que antes de las recientes elecciones parlamentarias.

Los condicionantes políticos hoy existentes, la dificultad para una gobernación estable, no propician el clima necesario que las decisiones de inversión privada, española y extranjera, requieren. Un gobierno de amplio respaldo no solo es necesario para gestionar la complicada situación abierta en Cataluña. Lo es también para negociar con la Comisión Europea una revisión de los objetivos de déficit público que serán difíciles de alcanzar al término de este ejercicio y, desde luego, del próximo. Esa capacidad de interlocución es también precisa para acelerar la concreción del plan de inversiones previsto en el Plan Juncker, necesario para que la eurozona recupere un ritmo de crecimiento económico aceptable y la generación de ganancias de productividad en los términos que se preveían hace un año.

Evitar la erosión de esa otra forma de capital que es la confianza también requiere la rápida reducción de los factores de incertidumbre sobrevenidos tras las elecciones del domingo pasado.

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