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Los inversores minoritarios se arman contra Abengoa

La banca se muestra proclive a un acuerdo para asegurar la viabilidad del grupo

Se dinamizan las acciones judiciales en Abengoa. Mientras unos inversores minoritarios han presentado en la Audiencia Nacional una querella por un presunto delito de falseamiento contra la firma, el consejo de administración y su auditora (Deloitte), varios centenares se han agrupado en la asociación Aemec para preparar una demanda por daños y perjuicios contra todo el consejo. Al tiempo, la banca se muestra dispuesta a asegurar la viabilidad del grupo.

Ingenieros industriales y de telecomunicaciones, funcionarios, un revisor de Renfe jubilado, un ama de casa, una arquitecta, un pequeño empresario de la construcción, autónomos..., todos ellos inversores con paquetes de acciones de distinta consideración de Abengoa, se presentaron ayer en la sede de Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresa Cotizadas (Aemec) para preparar la artillería que Javier Cremades, secretario general de la organización, recopila para demandar a Abengoa en los juzgados de Madrid.

La demanda, no obstante, declinará si en el periodo en que se prepara la banca acreedora y la empresa llegan a un acuerdo para la reestructuración de la deuda. Una cuestión que ayer todavía se estaba valorando. La banca pide más detalles de la deuda, ante la posibilidad de que sea mayor de lo reflejado. Al tiempo, se han mostrado con ánimo de alcanzar un acuerdo para asegurar la viabilidad futura del grupo. En todo caso, la banca que ya cuenta con un steering committee (comité ejecutivo) para negociar, baraja todas las posibilidades (desde el concurso y liquidación total o parcial a la reestructuración, venta y recapita-lización), e incluso combinar alguna de ellas, como ocurrió en Pescanova, en la que los acreedores colocaron al gestor.

Según Cremades, que cuantificó los accionistas minoritarios de Abengoa en unos 50.000, la demanda se basa en el artículo 124 de la Ley del Mercado de Valores que establece que, de acuerdo “con las condiciones que se determinen reglamentariamente, el emisor y sus administradores serán responsables de todos los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a los titulares de los valores como consecuencia de que la información no proporcione una imagen fiel del emisor”.

El abogado indicó que la demanda será similar a la class action presentada en Nueva York en agosto por haber suministrado una información que no correspondía con su situación real, lo que produjo una caída de la acción de 12 a 7 dólares. En ese sentido, Aemec está en conexión con los despachos que presentaron estas demandas y con International Financial Litigation Network y la World Federation of Invertors (WFI) para actuar de forma coordinada en distintos países.

Cremades no descarta adherirse a las acciones penales seguidas ante la Audiencia Nacional, como la querella presentada ayer en la Audiencia Nacional por el despacho Yvancos Abogados en nombre de accionistas y bonistas contra los consejeros de la entidad sevillana y su auditora (Deloitte) por un presunto delito de falseamiento de documentos y de información económico-financiera.

Asimismo, Cremades subrayó que también debería existir responsabilidad de los auditores y de la CNMV.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que los acreedores públicos de Abengoa (ICO, Cofides y Cesce) tienen instrucciones de analizar si las “poco presentables” indemnizaciones de algunos directivos repercuten en el interés general. Felipe Benjumea recibió 11,5 millones tras dejar la presidencia en la que estuvo 25 años, mientras Manuel Sánchez Ortega se llevó 4,5 millones por su paso como consejero delegado durante tres años. Tanto Benjumea como Sánchez Ortega percibieron un sueldo anual de 4,5 millones en los últimos cuatro años.