El caso ‘OHL México’ aumenta con la detención de policías por abusos

Diez de los policías que participaron en el arresto extrajudicial del abogado Paulo Diez Gargari, representante legal de Infraiber —una de las compañías que mantiene un conflicto contra OHL en México— han sido acusados por la Fiscalía mexicana (PGR) de haber colocado un arma en el coche del litigante al momento de su arresto, el pasado 7 de septiembre.

La familia del abogado denunció desde el primer momento que Diez había recibido amenazas después de haber acusado a OHL México de haber recibido "condiciones extremadamente beneficiosas" por el concurso que ganó para construir el Circuito Mexiquense en el Estado de México —el que más aporta PIB al país y la tierra natal del presidente Enrique Peña Nieto— millonarios contratos con condiciones extraordinariamente beneficiosas para la compañía española.

La detención de Diez violó los protocolos regulares que establece la ley en México: sus familiares no tuvieron contacto con él hasta cinco horas después, los policías condujeron la operación sin orden judicial de por medio y la siembra del arma solo sirvió para alargar un proceso que al final resultó inexistente.

Un vídeo proporcionado por los defensores de Díez muestra a los agentes colocando un arma en el coche del abogado, misma que fue utilizada después para alargar su detención ilegal.

El Circuito Mexiquense, una de las millonarias obras públicas ejecutadas por OHL, ha tenido un sobrecoste de cuatro veces por encima de lo previsto

Una vez que el abogado fue conducido a dos distintos edificios de la Fiscalía mexicana (sin orden judicial y sin explicación de por qué había sido detenido), se le informó que se le citaba como “testigo” por una investigación por las escuchas que revelaron el escándalo de OHL. Las grabaciones muestran un supuesto intercambio de favores entre los directivos de la empresa y representantes del Gobierno del Estado de México.

La trama, de demostrarse ante un juez, supondría, según los cálculos de Infraiber, un desvío de al menos 29.000 millones de pesos (unos 1.700 millones de dólares) pagados por los contribuyentes del Estado de México, uno de las nueve entidades mexicanas —de las 31 que forman México— que nunca ha gobernado otro partido que no sea el PRI, al que también pertenece el presidente Peña Nieto.

OHL ha negado que las obras que ha realizado en el Estado de México se hayan ejecutado fuera del marco de la ley. La empresa esgrime en su defensa auditorías que concluyen que las grabaciones filtradas han sido “alteradas” pero no desmienten que las negociaciones se hayan realizado. Una comisión de la Bolsa mexicana de Valores ha constatado irregularidades contables en las concesiones de la constructora española en México. OHL México ha iniciado acciones judiciales contra Infraiber por daño moral y extorsión.