El campo se abre al mercado

En el conjunto de la economía, el sector agrario español ha ido perdiendo peso hasta suponer actualmente solo un 2,5% del producto interior bruto (PIB). No obstante, según los datos manejados por Agricultura, sumando el conjunto de la actividad agroalimentaria y los efectos indirectos que genera, se podría hablar de una aportación del 9% al PIB. El Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que se ha pasado de 2,3 millones de explotaciones a menos de un millón, mientras la superficie agrícola utilizada se ha mantenido estable entre los 25 y los 26 millones de hectáreas. De acuerdo con los mismos censos, la superficie media utilizada por explotación ha tenido un crecimiento permanente pasando de 11 a más de 24 hectáreas, datos que solo reflejan una tendencia, pero que se hallan muy lejos de la realidad donde esas superficies son más elevadas.

Esta situación se repite en los datos sobre la población ligada a la actividad agraria. Según cifras del INE, la población activa habría pasado de unos 2,2 millones en 1985, algo menos del 20% del total, a 992.000 en 2015, lo que supone poco más del 4%, mientras los ocupados bajaron de dos millones a 750.000. Los perceptores de ayudas comunitarias ascienden a unas 900.000 personas, aunque extraoficialmente se baraja una cifra real de unos 350.000 agricultores y ganaderos, con un amplio número de agricultores a tiempo parcial.

Otro dato a tener en cuenta es el progresivo envejecimiento. Sobre un censo de 990.000 personas, según los datos de la Comisión, solo un 5,3% tiene menos de 35 años y el 30% supera los 64 años. Entre 2007 y 2013 solamente se incorporaron a la actividad agraria unos 10.000 jóvenes, en su casi totalidad ya pertenecientes a la explotación familiar.

La evolución del sector agrario español en las últimas tres décadas no puede entenderse sin la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986. Para bien y para mal, la Política Agrícola Común (PAC) ha marcado la filosofía de la política agraria, la evolución de cada uno de los sectores productivos, así como de la política medioambiental y del mundo rural.

Reglas de juego

Desde las posiciones más críticas, se ha dicho muchas veces que España entró de rodillas en Europa. Sin llegar esos términos, sí se puede decir que la entrada de España en el club estuvo marcada por la imposición de las reglas del juego por parte de los socios más antiguos en función de sus intereses, bien en la búsqueda de un mercado cercano para colocar sus excedentes (o del temor al potencial español en una serie de producciones donde el sector era más competitivo.

La PAC se inició en los años sesenta con el principal objetivo de incentivar las producciones comunitarias y evitar dependencias externas, basada en unos buenos precios de garantía, precios de intervención para la compra de excedentes y unos precios de entrada para proteger el mercado interno. El éxito fue tal que provocó montañas de excedentes y un periodo de vacas flacas. Cuando España entró en las Comunidades Europeas, la Comisión ya había reconocido la insostenibilidad de la situación con el llamado Libro Verde, en enero de 1985.

Europa empezó a intentar corregir los desequilibrios de la PAC en 1988 con la llamada política de estabilizadores, basada en el establecimiento de cuotas o limitaciones en la producción y penalizaciones, entre otros, en los sectores de cereales, oleaginosas, tabaco, algodón u olivar. Desde entonces, la PAC ha estado marcada por modificaciones casi permanentes que han llevado la inseguridad a las explotaciones. La primera gran reforma fue la de 1992, por la que se daba un primer paso en la liberalización de los mercados rebajando los precios de garantía, con la reducción de las medidas de intervención y de aranceles a las importaciones y estableciendo pagos directos complementarios.

Los agricultores ganan hoy, en precios constantes, menos que en 1985

En 1998, Bruselas profundizó en esta vía en una nueva reforma, la llamada Agenda 2000, rebajando más los precios y aumentando las ayudas directas y los apoyos al mundo rural para abandonos o jubilaciones anticipadas. A partir de 2003 prosiguieron las reformas en la misma dirección y las ayudas pasaron a asignarse como pago único desacoplado en la mayor parte de las producciones en función de los derechos históricos. Actualmente, la última reforma pasó esos derechos como pago básico, también desacoplado de la producción.

En conjunto, las reformas comunitarias han supuesto para el sector agrario la eliminación real de casi todos los mecanismos de regulación de los mercados por la supresión de los precios de intervención y de las políticas de compras o las restituciones a la exportación. Esta política de dejar el comportamiento de las rentas al socaire de los mercados ha sido especialmente grave para España, donde los sectores no disponen de la necesaria organización de la oferta para defender sus intereses.

Dinero europeo

Ese desmantelamiento se ha compensado con unos pagos procedentes de la PAC de unos 165.000 millones hasta 2013. De 2014 a 2020 las ayudas directas serán de 35.000 millones, otros 8.000 más para desarrollo rural y otros 3.000, oficialmente, para apoyos en los mercados. Las subvenciones han pasado a convertirse en una pieza clave para el mantenimiento de las rentas, al suponer ya en los últimos años entre el 28% y el 30% de la renta agraria. Este porcentaje es, sin embargo, engañoso, ya que, mientras unas producciones disponen de ayudas desacopladas muy elevadas, como es el caso del algodón o tabaco, otras nunca han percibido ayudas o lo han hecho de forma muy leve, como la avicultura, el porcino o la mayor parte del sector de las frutas y hortalizas. Naturalmente, algunos sectores se han beneficiado de la incorporación europea más que otros. Hay cultivos, como el algodón, los azucareros (remolacha y, sobre todo, caña de azúcar) y el tabaco —así como el ganado ovino y caprino— que han visto como las regulaciones comunitarias golpeaban de lleno su rentabilidad e incluso la mera supervivencia del negocio.

Especialmente dramático es el caso del sector de la leche de vaca, cuya relación con Bruselas siempre ha sido conflictiva, y con razón: la Comisión impuso a España una cuota de 4,5 millones de toneladas al año frente a un sector, cada vez más eficiente, que sacaba nueve millones de toneladas. El poco disimulado objetivo es que España sirviera de vertedero de los sectores lácteos, igualmente excedentarios, de los socios más antiguos. El golpe fue brutal para las pequeñas explotaciones: de 140.000 ganaderos se pasó a 17.000, y, lo que es peor, la industria de procesado (queso y lácteos) se vio ahogada por la falta de materia prima.

El número de explotaciones y de agricultores se ha reducido a la mitad en 30 años

Pilares del sector

Dos de los tres pilares tradicionales de la agricultura mediterránea, el olivo y la vid, han visto como crecía su producción en España. Las ayudas europeas han tenido el objetivo declarado de producir menos vino y menos aceite, pero de mejor calidad. La Unión Europea regó el sector vinícola con 1.700 millones de euros para reducir la superficie de cultivo, una iniciativa que tuvo éxito. Un problema que sigue existiendo en ambos sectores (especialmente en el aceite) es la debilidad de la marca española en el mercado exterior y la dependencia de las exportaciones a granel.

Un dato a tener en cuenta en la evolución del sector agrario ha sido el impulso a las políticas de regadíos con la transformación o mejora de dos millones de hectáreas hasta los actuales 3,5 millones de superficie regada, con un fuerte peso del riego por goteo. Y luego están las historias de éxito, los sectores que han ganado su posición mundial sin ayudas, como el porcino —una vez superada la lacra de la peste— la avicultura y, sobre todo, las frutas y hortalizas.

En resumen: aunque España ha mantenido e incluso aumentado sus producciones por unos mejores rendimientos y mayores costes en medios de producción, la realidad es que, el dejarlo todo al socaire de los mercados se ha traducido en una permanente caída de rentas en moneda constante para situarse hoy por debajo de la existente en 1986. Mientras, desde el punto de vista laboral, sector agrario ha experimentado en estas décadas un importante proceso de cambios y de adaptación para mantener una posición de competitividad y de eficiencia productiva.